La denuncia fue presentada por desconocimiento de la ley al votar por la libertad de Abraham Almada, Ismael Almada Fernández y Daniel Benítez, miembros de la Coordinadora de Mineros, procesados penalmente por delitos ambientales tras ingresar a una propiedad en Paso Yobái, departamento de Guairá.

La referida denuncia se planteó hace varios días y ambas instituciones deben analizar la actuación del referido camarista para ver si ha cometido mal desempeños en sus funciones o no. En caso de que el JEM encuentre alguna irregularidad, tiene la posibilidad de iniciar el enjuiciamiento contra el magistrado Bordón y, si se tienen los votos, se puede proceder a la suspensión en sus funciones del integrante del Tribunal de Apelación.

Castillo explicó que “el magistrado Bordón obvió que la imputación se dio por un crimen ambiental que tiene una expectativa de pena de varios años de cárcel y en su voto solicitó que se revoque la resolución de primera instancia, donde se había ordenado la prisión de los procesados”, indicó el referido abogado.

Igualmente, el profesional del derecho señaló que “desconocer la ley, como lo hizo este magistrado, configura mal desempeño en sus funciones y es por ello que le denunciamos ante el JEM y la Corte”, explicó el abogado Castillo.

El Tribunal de Apelación de Villarrica ratificó la prisión preventiva de Abraham Almada, Ismael Almada Fernández y Daniel Benítez, miembros de la Coordinadora de Mineros procesados penalmente por supuestos delitos ambientales. Los mismos ingresaron a la propiedad de Jochen Langer, ubicada en Paso Yobái, y habrían cometido varios hechos punibles que motivaron la intervención del Ministerio Público. El fiscal Erico Ávalos está al frente de la presente investigación.

CONFIRMAN PRISION

El Tribunal de Apelación de Villarrica ratificó la prisión preventiva de Abraham Almada, Ismael Almada Fernández y Daniel Benítez, miembros de la Coordinadora de Mineros procesados penalmente por supuestos delitos ambientales. Los mismos ingresaron a la propiedad de Jochen Langer, ubicada en Paso Yobái, y habrían cometido varios hechos punibles que motivaron la intervención del Ministerio Público. El fiscal Erico Ávalos está al frente de la presente investigación.

La iniciativa contaba con media sanción en la Cámara Baja, pero en sesión extraordinaria de la Cámara Alta fue rechaza, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de Legislación, que sugirió el rechazo.

Tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos, para hacerla compatible con la seguridad de personas, bienes y de otros animales. Para la senadora Celeste Amarilla, se trata de una cuestión que se debe regular con instrumentos jurídicos menores y no con una Ley.

La iniciativa surgió tras los reiterados casos que involucraron a perros de la raza pitbull donde personas o animales terminaban dañados físicamente.

El tema fue suficientemente debatido, con audiencias públicas, consultas con profesionales e instituciones correspondientes.

Cabe recordar la vigencia de la ley N° 5.892/17, que modifica los artículos 10° y 38° de la Ley N° 4.840/13 - “De protección y bienestar animal”, que establece entre las funciones de la Dirección de Bienestar Animal, una reglamentación para la tenencia de animales peligrosos.

El fiscal Jorge Escobar, responsable de la investigación, formuló la imputación contra el agente del Grupo Lince porque carecía de registro de conducir al momento en que ocurrieron los hechos.

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La tragedia ocurrió el pasado 24 de abril cuando un vehículo Toyota, modelo Premio, en el que iban cinco personas para el egreso del curso Lince en el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), fue arrastrado por el raudal hasta un arroyo ubicado detrás del Club Valderrama.

Madre e hija murieron en el siniestro, y tres agentes del Grupo Lince lograron salir del vehículo, uno de ellos era quien manejaba el rodado y, según los datos, solicitó su registro un día después del accidente.

“Eso se pudo contrastar con la OPACI, que es la organización que nuclea a los organismos municipales, donde se pudo constatar la misma información, por lo tanto hemos solicitado la ampliación de la imputación. Pedimos también las medidas alternativas para este efectivo policial” explicó el fiscal a la radio 780 AM.

La carencia de licencia es un delito penal tipificado en el artículo 217, que tiene dos incisos, uno de ellos habla de la exposición al peligro en el tránsito terrestre, hecho por el que el agente Lince fue imputado.

En la causa ya está imputado el intendente de Luque, Carlos Echeverría, por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo.

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Se trata de dos grupos de jinetes uruguayos que iniciaron una travesía a caballo hasta Paraguay, recreando el mismo camino que realizó el General José Gervasio Artigas al ser aceptado su pedido de exilio por parte del Dr. Rodríguez de Francia en 1820.

El proyectista del documento fue el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), quien manifestó que los jinetes uruguayos realizaron un recorrido de 1.000 kilómetros a caballo hasta nuestra ciudad capital, Asunción.

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“30 jinetes y 42 caballos hicieron el mismo recorrido del padre de la patria uruguaya, militar, político y estadista, Gral. José Gervasio Artigas, quien lideró la guerra de la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata, considerado jefe de los orientales y protector de los pueblos libres”, expresó.

El legislador agregó que este reconocimiento lleva el nombre de “Padres de la Patria”, un premio para instituciones, organizaciones públicas o privadas cuya labor, aporte, servicios y logros redunden en beneficio del país.

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Remarcó que los jinetes son portadores de mensajes de paz, hermandad, fraternidad y solidaridad de los niños escolares del Uruguay a los niños de la Escuela Uruguaya en Asunción.