Mediante un comunicado, la empresa adjudicada por Salud Pública aseguró que el precio final de los ventiladores incluye no solo el equipo, sino también los accesorios, consumibles y otros equipos biomédicos como: circuitos de paciente, filtros antibacterianos, sensores de oxígeno y un costoso equipo complementario llamado humidificador.

Explica que estos elementos provienen de Estados Unidos, Singapur y Nueva Zelanda, y se encontraban en escasez. Durante la situación de pandemia, han experimentado la falta de disponibilidad, lo que redunda en un aumento en sus precios, debido a la variante de costos de operativa.

Conforme al descargo de la firma mencionada, el periodo de garantía solicitado es de dos años, y se incluye el 100% de cobertura de servicio técnico especializado, las 24 horas, los 7 días de la semana, durante 730 días para la manutención de los equipos en cualquier punto del país, y el reemplazo de todas las partes o repuestos en caso de fallas, además de la capacitación de los usuarios asignados por el Ministerio en todo el país.

La empresa dice además que el enfoque de la cobertura de postventa, en una situación de pandemia, influye en el precio de venta, ya que se debe invertir en indumentarias de protección personal para los recursos humanos, elementos de desinfección para el servicio técnico, móviles y todas las herramientas e instrumentos especializados.

Ante el riesgo de cumplir con la garantía en situación de desabastecimiento mundial, la firma alega que evaluó cada componente del precio ajustando lo necesario bajo su propio riesgo, con el fin de que, ante un posible desborde, esté preparada en infraestructura y capacitación para acompañar al Ministerio de Salud.

El precio final también contempla la variación del tipo de cambio ocurrida, de acuerdo con el escrito difundido por Dysa Healthcare S.A., empresa que realizó la entrega de la totalidad de los equipos el 19 de abril en el Depósito de la Dirección Biomédica, dependiente de la Dirección de Insumos Estratégico del Ministerio de Salud. Los equipos se repartieron entre el Hospital Nacional de Itagua (3); Hospital Regional de CDE (04); Hospital Regional CDE (04); Hospital Regional de Caaguazú (4); Hospital Regional de Coronel Oviedo (4); Hospital Pediátrico (02); INERAM (10). “En todos estos lugares hemos realizado la instalación, puesta en marcha y capacitación de usuarios”, aseguró la firma.

LA DENUNCIA POR LA SOBREFACTURACIÓN

Sin embargo, un grupo de nueve diputados piensa lo contrario, ya que días atrás presentó una denuncia ante el Ministerio Público por una supuesta sobrefacturación del 243% de los ventiladores pulmonares adquiridos por el Ministerio de Salud.

Los legisladores argumentaron que existieron irregularidades, basándose en el informe emitido por la Contraloría General de la República del pasado 20 de agosto. Según detallan, en el proceso de contratación se observa la celeridad del mismo, dándose en el marco de la emergencia y siendo que los oferentes tan solo tuvieron cinco horas que pueden ser consideradas hábiles para presentar las ofertas.

Los denunciantes detallaron que los insumos fueron entregados cinco días posteriores a la firma del contrato, pero que varios días después los equipos no habían sido ni instalados. Es por ese motivo que se preguntaron por qué la celeridad para concretar el contrato si luego se iba a tardar en instalar los ventiladores.

“La premura en realizar el llamado y el plazo dado para presentación de las ofertas en el marco de una contratación de más de 8 mil millones de gs., llama la atención por lo menos, y por supuesto que las dudas se acentúan cuando el contrato establece condiciones diferentes a las que mencionaba el pliego de bases y condiciones, y condiciones éstas en base a las cuales se realizó el informe de evaluación (…) Es inexplicable porque el “apuro” se da en la adjudicación”, refieren en su denuncia presentada.

También subrayaron que no se justifica la fijación del precio referencial de G. 220 millones por cada ventilador, cuando la compra fija como referencia tenía el precio unitario de G. 169 millones. El sobreprecio es del 243%.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2023, del Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre la situación de las mujeres en el país, los hogares encabezados por mujeres de 15 y más años de edad representan el 38,4%.

La tasa de ocupación de las mujeres de 15 y más años de edad es de 54,4%, es decir, unas 1.216.519 mujeres se encuentran trabajando. Los hombres, por otra parte, tienen una tasa de ocupación del 78,7%, unas 1.662.197 personas.

Las categorías ocupacionales de mayor concentración de las mujeres de 15 y más años de edad son “Trabajadoras por cuenta propia” (30,5%), “Empleada/Obrera privada” (29,1%) y “Empleada Doméstica” (16,0%).

Otros datos son: 81,1% de las mujeres ocupadas trabajan en el sector terciario: 32,8% trabaja en Comercios, Restaurantes y Hoteles; 39,2% en Servicios Comunales, Sociales y Personales y 9,1% en Otros (Electricidad, Gas y Agua; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones y Finanzas, Seguros e Inmuebles).

En tanto, 9,2% de las mujeres ocupadas trabajan en el sector secundario. Mientras que 9,7% de las mujeres ocupadas trabajan en el sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca).

El promedio de ingresos mensuales de las mujeres ocupadas de 15 y más años de edad es de alrededor de G. 2.437.000.

Los resultados de la EPHC no incluyen los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas. En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.

La Dra. Noelia Obelar, neuróloga de Clínicas, explicó el impacto de los accidentes de tránsito en la salud neurológica de los pacientes, con alto riesgo de desarrollar epilepsia secundaria. Si bien el Hospital de Clínicas no es el centro de referencia en el momento agudo del trauma, sí desempeña un papel crucial en la evaluación y seguimiento post evento.

Señaló que es alarmantemente frecuente observar a jóvenes varones, muchas veces en estado etílico, que sufren traumatismos craneoencefálicos graves debido a accidentes de moto. Aunque algunos parecen no presentar lesiones visibles en la cabeza en el momento del incidente, la pérdida de conciencia y la posterior aparición de secuelas neurológicas son recurrentes, incluso hasta 10 años después del evento traumático.

El riesgo de desarrollar epilepsia secundaria como consecuencia del trauma sufrido, es significativo en estos casos, ya que el traumatismo craneoencefálico genera daño en el sistema nervioso central, predisponiendo a convulsiones y, en casos repetidos, incluso a la demencia. La mayoría de los pacientes requieren hospitalizaciones prolongadas en la terapia intensiva, procedimientos neuro quirúrgicos y en muchos casos requieren tratamiento anti convulsivante de por vida, además de que un porcentaje importante queda con secuelas graves y encamados.

La situación se agrava por la falta de acceso a la neuro habilitación, fundamental para la recuperación integral, porque no solamente la medicación ayuda sino también la fisioterapia. Comentó que aparte de que cuesta movilizar a los pacientes encamados, especialmente los provenientes del interior del país enfrentan dificultades para acceder a servicios de calidad, lo que impacta negativamente en su calidad de vida y la de sus familias, representando una carga social importante porque dejan de trabajar y se vuelven dependientes en todo sentido.

La doctora Obelar insta a la prevención como la mejor estrategia, enfatizando el uso de casco y la abstención del consumo de alcohol al conducir. Además, hace un llamado a la conciencia colectiva sobre la responsabilidad en la vía pública, recordando que un descuido al volante puede tener consecuencias devastadoras no solo para el individuo afectado, sino también para su entorno familiar y social.

Un peligroso criminal, de nacionalidad brasileña, que atacó con arma de fuego a un grupo de estudiantes brasileños en la vereda de un inquilinato en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este fue detenido por agentes de la comisaría 4°. De su poder incautado el arma, luego se comprobó que poseía cinco órdenes de captura y frondosos antecedentes en su país.

Se trata de Guilherme Henrique Nepomuceno de 34 años, quien primero dijo llamarse Bernardo Cabral Pires (32). Sin embargo, tras las averiguaciones se comprobó que proporcionó datos falsos, además que poseía cinco órdenes de captura en su país, todas por homicidio, tráfico de drogas, robo agravado y posesión ilegal de arma de fuego.

De acuerdo a la denuncia, el detenido mantuvo un altercado hace un mes aproximadamente en una discoteca con Eduardo Rangel Santos de Lima, de 24 años, domiciliado cerca de una universidad privada del barrio Pablo Rojas.

El domingo pasado, el sindicado atropelló a la víctima con un arma de fuego en la vereda donde reside, apuntó directamente al joven con el arma, otras personas lograron apaciguarlo y no efectuó disparos.

Finalmente, tras su detención fue puesto a cargo de la fiscal Olga Melgarejo, quien dispuso su remisión a la Dirección de Policía del Alto Paraná