En la tarde de hoy se llevó a cabo la sesión extraordinaria en la Cámara Baja, teniendo como principal punto en el orden del día el pedido de interpelación al titular de la Administración Nacional de Electricidad.

En la ocasión, el Ing. Luis Villordo comentó que en el pasado mes de marzo se hizo la última lectura de medidores luego de haberse decretado la cuarentena total a raíz de la pandemia de COVID-19.

Posteriormente, la empresa estatal se vio forzada a hacer un cálculo estimativo del consumo de los más de un millón de usuarios que cuentan con el servicio de energía eléctrica, en atención a la coyuntura vivida.

Respecto al sistema utilizado para hacer el procesamiento de las lecturas, explicó que se trata de un sistema denominado OPEN que posee una tecnología que data de 22 años atrás, el cual también es utilizado para el proceso de facturación y la emisión de facturas.

Villordo señaló que la mitad de marzo se tuvo lecturas reales de los medidores y la otra mitad fue con lecturas estimadas, debido a que los funcionarios encargados de hacer el proceso de lectura ya no salieron a las calles.

Respecto a la exoneración de facturas, confirmó que en el primer mes se aplicó el descuento a 1.181.000 usuarios, en el segundo a 1.110.000 y en el tercero a un total de 1.255.000, según los registros de la ANDE. “Se buscó llegar a la mayor cantidad de usuarios vulnerables”, señaló.

Igualmente, mencionó que el 48,8% de las lecturas de marzo fueron en base a un estimado, mientras que en abril fue el 99,1%, esto debido a que existen alrededor de 35.000 usuarios que tienen un sistema inteligente de medición y a quienes necesariamente se les debe hacer una medición física de sus medidores.

Al tratar de explicar la cuestión de las denuncias, el titular de la ANDE manifestó que a muchos usuarios se les subestimó el consumo, teniendo un menor valor de energía, y en sus nuevas facturas se les envió la diferencia luego de que el sistema se haya encargado del proceso. “Esto entendemos que refleja una sensación de sobrefacturación”, acotó.

En otra pregunta del cuestionario, habló sobre la imposibilidad de hacer una lectura y facturación bimensual y sostuvo que eso era imposible debido a que el sistema computacional y el sistema de medición está bajo el sistema mensual, además que la propia Ley de Emergencia hablaba de una aplicación mensual de las exoneraciones.

Villordo también confirmó que el sistema OPEN utilizado por la ANDE es auditable y parametrizable, pese a tener una tecnología que data de 25 años atrás. En este caso, todo funcionario que ingresa deja su huella digital luego de hacer cualquier gestión o verificación.

Respecto a las denuncias de sobrefacturación, Villordo aseguró que las instrucciones que dio fueron las de tomar medidas adicionales, acorde al estado de pandemia. Una de las opciones fue la de incluir un apartado tanto en la web como en la app para móvil para que los usuarios hagan el reclamo por error de facturación. Así también, dispuso la suspensión de los cortes de energía por la falta de pago y la devolución de la comisión de pago realizado a través de bocas electrónicas.

El Ministerio Público, a través del fiscal anticorrupción Diego Arzamendia, peticionó que la Cámara de Apelaciones anule la decisión del tribunal.

Cabe recordar que los caseros Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, fueron condenados a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, en junio de 2021. Se confirmó que estos acusados prestaron servicios en las propiedades del exdiputado Tomás Rivas en 2017 y cobraban salarios asignados por la Cámara Baja.

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Los antecedentes del caso señalan que el tribunal presidido por la jueza Laura Ocampos e integrado por los magistrados Juan Pablo Mendoza y Fabián Weisensee fallaron a favor del político de Ybycuí teniendo en cuenta lo que establece el Artículo 25 inciso 10 del Código Procesal Penal e hizo lugar a la extinción de la acción penal.

El fiscal Arzamendia tomó intervención debido a que la defensa de Rivas recusó al fiscal original de la causa, Luis Piñanez. El Ministerio Público sostiene que los tres magistrados incurrieron en una errónea aplicación del Art. 25 inc. 10 del CPP, dado que no hubo acuerdo ni consentimiento de la Fiscalía para la reparación económica.

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Los tres magistrados unánimemente admitieron el pago de G. 121.800.000 a la Cámara de Diputados, en concepto de devolución del dinero que cobraron en forma irregular tres caseros de Rivas, quienes supuestamente trabajaban en la Cámara Baja, pero no cumplían funciones en la sede parlamentaria, sino en la casa del exlegislador.

Asimismo, el tribunal dispuso el pago de G. 47.000.000, el año pasado, por parte de Rivas, a través de la Contraloría General de la República, para la reparación de escuelas ubicadas en barrios pobres.

El fiscal de Curuguaty, Christian Roig, imputó por intento de feminicidio a un hombre luego de agredir físicamente a su pareja, asimismo, abrió una carpeta fiscal para investigar el hecho.

La Fiscalía pidió la prisión preventiva del imputado, Alejandro Ruiz Díaz Villar, de 36 años, quien ya fue aprehendido.

Los hechos se registraron el pasado 1 de mayo de 2024, en horas de la madrugada, y el Ministerio Público fue informado a través de una llamada telefónica realizada por un médico de guardia del Instituto de Previsión Social de Curuguaty, resultando víctima Delia Torres, quien llegó al centro médico con lesiones graves.

El reporte de los médicos refiere que la víctima llegó en estado inconsciente, con traumatismo de cráneo grave, fracturas a nivel de la clavícula y golpes de consideración a la altura del rostro. La mujer, debido a su estado de salud grave, tuvo que ser trasladada hasta el IPS de Asunción.

Los datos que se manejan señalan que después del hecho, al percatarse de la gravedad de la situación de la mujer, el supuesto agresor la llevó al centro médico local. Luego fue aprehendido por los agentes policiales de la comisaría 5.ª de Curuguaty, quedando a disposición del Ministerio Público.

Mónica Aquino, titular del gremio que aglutina a dicho ítem de prestaciones de ese tipo de servicios, expreso que los asociados a la nucleación, no tienen ninguna relación ni tipo de conexión alguna con explotaciones de esa naturaleza.

La dirigente sectorial remarcó que desde la agrupación, manejan proyectos para mejorar la situación de las trabajadoras del ámbito, a efecto de elevar reivindicaciones.

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En Paraguay el ejercicio de la prostitución no tiene prohibición alguna en el aspecto de la legislación. La Constitución en su artículo 86 establece el derecho a ejercer una actividad legal como medio de ingreso. Al no haber prohibición legal, se entiende que está permitido. No es ese el caso del proxenetismo, entendido esto como acción por el que una persona obliga o induce a otra a ejercer servicio sexual para fines personales del que infringe la ley.

El articulo 133 del Código Penal paraguayo establece penas a los que explotan a personas bajo la figura de proxenetismo.

El tema de aumento de casos de a trata de personas, salta ahora de vuelta al tapete tras conocerse informes provenientes de España, que señalan la residencia de miles de paraguayas en el país europeo, que se dedican a la prostitución, obligadas por bandas criminales.