Cabe recordar que el Ministerio Público inició una investigación a raíz de un supuesto caso de sobrefacturación de agua tónica adquirida por Petropar en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo al informe de la Fiscalía, la expresidenta Patricia Samudio, con ayuda de varios funcionarios a su cargo, habría adquirido el pasado 1 de abril un lote de agua tónica por un precio 300% mayor al producto ofertado, de fabricación nacional

Samudio se presentará ante el Ministerio Público a presentar declaración indagatoria el 10 de agosto. La misma fue imputada por hecho punible de lesión de confianza.

La nueva audiencia de imposición de medidas fue fijada para el 14 de agosto a las 08:30, fijada por el juez Raúl Florentín.

Los imputados por esta causa son:

1. Delia Patricia Samudio Torra

2. Félix Marcelo Chávez

3. Roberto Luis Cabrera Narváez

4. Miguel Darío Cáceres

5. Freddy Agustin Careaga Arias.

6. Oscar Adrián Gómez Rodríguez

7. Rodolfo Benítez Sandoval

8. Eduardo Miguel Angel Sánchez López

9. Plácido Guerrero Rodríguez

10. Liz Adolfina Chamorro Ferreira

11. Victor Ramón Cabañas Fernández

12. Lorenzo David Silvero Cantero

13. Edgar Raúl Villalba

14. Nestor Humberto Cabañas Fernández

15. Yenhy Aurora Leyton Gossen

16. Rolando Maciel Martínez

17. Esteban Rodríguez

18. Ruth Emanuela Cespedes López

19. José Huberts Stevens

20. Lourdes H. Stevens

21. Walter Osmar Mendoza Giménez

22. Adams Javier Avalos

Un operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en el marco del Plan SUMAR, fue ejecutado para detener a un joven de 26 años, quien manejaba un punto de distribución de drogas, unido una serie de acontecimientos delictivos, frente a un centro educativo en el barrio María Auxiliadora.

La comitiva ingresó a la vivienda en compañía del fiscal Marco Amarilla y detuvo a Ronaldo Silva Sandoval de 26 años. Tras un registro del todo el lugar fueron confiscados 24 dosis de crack junto con porciones de cocaína y marihuana. Del lugar también colectaron un arma de fuego.

El hombre cuenta antecedentes por reducción y hurto, con prohibición de salida del país y portación de armas.

Los datos colectados apuntan al joven como responsable de venta de drogas incluso a alumnos de centros educativos. Se expone a pena carcelaria de entre 5 y 15 años.

El implicado ya fue derivado a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición del Ministerio Público.

En el transcurso de la tarde del martes se registró un voraz incendio en una vivienda ubicada en el barrio La Amistad de la ciudad de Capitán Miranda.

La propiedad pertenece a Lorena Mabel Osorio de Araujo, quien se encontraba en el lugar en compañía de su familia al momento de iniciar las llamas.

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La edificación -de unos 6x8 metros y con techo de chapa- acabó siendo reducida a cenizas a causa del siniestro, que pudo ser controlado tras la intervención de bomberos voluntarios.

Afortunadamente, Osorio y los demás miembros de su familia resultaron ilesos luego del incendio, por lo que solo se reportan daños materiales.

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Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar las causas del incidente, menciona el portal Más Encarnación.

La idea es extender réplicas de la exitosa sociedad policial-militar que logró reducir a la mínima expresión al EPP y la extinción de la ACA, así como a asestar fuertes golpes a organizaciones criminales en Canindeyú.

El plan, barajado en los Ministerios de Defensa y del Interior, contempla el establecimiento de puestos fijos de comandos, con puntos de conexiones para reacciones rápidas ante eventos que perpetran grupos de delincuentes.

El proyecto en cuestión surge a partir de la necesidad que tiene la Policía Nacional, de reforzar áreas de cobertura, ante la emergencia de pandillas bien organizadas, que cuentan con fuerte capacidad de fuego.

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Producción y tránsito de drogas, atracos a camiones de caudales, cajeros y bancos, ataques piratas en rutas, entre otros rubros delincuenciales, se han acrecentado de manera significativa desde hace unos años.

El plan de seguridad que maneja el gobierno central implica también inversión en tecnología para detección y ataques a agrupaciones ilícitas, que cada vez evidencian mayor capacidad de operaciones, utilizando herramientas de la tecnología.