Varios de los denunciantes aseguran que la fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez protege a los denunciados, y es la única manera en que comprenden el por qué los fiscales asignados a estos casos, en algunos casos con excesivo retraso, luego de varios meses de investigación aún no son capaces de informar sobre algún avance de las pesquisas.

En junio del 2018 senador Fernando Lugo fue denunciado por usurpación de funciones públicas, los denunciantes son los diputados electos y proclamados Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, este último actual titular de la Entidad Binacional Yacyretá.

Lugo asumió todas las funciones y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), decidiendo a título personal quiénes formarían parte del cuerpo colegiado. El sacerdote convocó a jurar como senadores al abdista Rodolfo Friedmann y a Mirta Gusinky, en vez de los senadores electos y proclamados, Horacio Cartes Jara y Nicanor Duarte Frutos. Así, Lugo asumió para sí las funciones que la Constitución Nacional le reserva exclusivamente al TSJE.

Seis meses después de la denuncia penal contra Fernando Lugo, los fiscales Sonia Mora y Rodrigo Estigarribia aún no presentan imputación contra el legislador. Los abogados de Horacio Cartes en cuatro ocasiones urgieron para que se impute al congresista Fernando Lugo por usurpación de las funciones públicas, al no dejar jurar al expresidente y senador electo Horacio Cartes, pero no obtuvieron respuesta desde la fiscalía.

En octubre de este año una denuncia periodística descubrió que el abdista Rodolfo Friedmann y sus partners realizaron un verdadero “carnaval” con los recursos de públicos, cuando gestionaban la gobernación de Guairá. Sin embargo, de las pruebas expuestas el Ministerio Público ignoró las mismas, hasta que un centenar de ciudadanos optó por denunciar al ex gobernador y su equipo, actualmente acomodado en el indert y otras entidades públicas.

Tres meses después de la denuncia ante el Ministerio Público, recién la fiscal Liliana Alcaraz asumió el caso, por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y apropiación, presentada a principios de noviembre por varios ciudadanos autoconvocados del Departamento de Guairá.

En otro caso. En septiembre del presente año, el concejal de Ybycuí Esequiel Cáceres López acusó ante el Ministerio Público al presidente de la Cámara de Diputados, el abdista, Miguel Cuevas y a su esposa Nancy de Jesús Florentín de Cuevas, por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito durante su gestión como intendente de Sapucái y cuando fue gobernador de Paraguarí.

La cónyuge de Miguel Cuevas fue acusada por el cobro indebido de honorarios como docente en la escuela básica 151 Inglaterra en Sapucái, la denuncia asegura que era “planillera” en la mencionada institución.

En octubre de este año La fiscala anticorrupción Josefina Aghemo se constituyó en la sede de la Gobernación de Paraguarí, mientras que la fiscala Yolanda Portillo lo hizo en la Escuela Básica 151 Inglaterra, en la localidad de Sapucái. Luego pidieron informes a 20 instituciones del Estado, que aún no son entregados, ni exigidos.

Cuatro meses después de la denuncia contra el clan Cuevas la ciudadanía no tiene ninguna información sobre el desarrollo de la investigación, es decir la causa está congelada por las fiscales a cargo del caso.

Luis Villamayor, asesor jurídico de la Asociación de Operadores de Petropar, a finales del mes pasado anunció que solicitarán al Congreso Nacional el trámite de un juicio político en contra de la Fiscal General del Estado Sandra Quiñónez por -supuestamente- encubrir a Patricia Samudio, titular de Petropar. Y es que desde el mes de octubre que denunciaron ante el Ministerio Público a Samudio nunca prosperó la investigación por tráfico de influencias, transferencia irregular de fondos públicos a bancos privados, enriquecimiento ilícito, revelación de secretos de servicio, entre otros.

Luego de 60 días de haberse formulado la denuncia contra Patricia Samudio y tras reiteradas denuncias de los medios de comunicación por la lenta gestión, el Ministerio Público designó al agente fiscal Clara Ruiz Díaz, como la encargada de la pesquisa.

Los citados casos dejan un sabor a dilación y complicidad por la lentísima gestión de los agentes fiscales, a favor de referentes del abdismo. La ciudadanía exige del Ministerio Público la agilidad necesaria para conocer el manejo que los acusados hicieron con los recursos públicos, así como con la violación a la Constitución y otras leyes. La fiscalía debe ponerse en el 2019 los pantalones largos para estar a la altura de los requerimientos ciudadanos.

Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.

El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.

Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.

Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.

Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.

La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.

En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.

Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.

No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.

Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.

No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.

Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.

Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.

El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.

¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.

Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.

Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.

La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.