Fiscalía cierra el año “congelando” casos clave

A días que concluya el 2018, el Ministerio Público mantiene “congeladas” investigaciones clave sobre usurpación de funciones públicas y mal manejo del dinero público. Los investigados tienen relación con el Gobierno o fueron funcionales al mismo, las denuncias penales “cajoneados” son en contra: de Fernando Lugo, por la elección a dedo de Roberto Friedmann para el senado; del presidente de Diputados Miguel Cuevas y su esposa por lesión de confianza; de Roberto Friedmann, por enriquecimiento ilícito realizada por un centenar de ciudadanos; y de la presentada contra Patricia Samudio, titular de Petropar por irregularidades en la gestión del ente.

Varios de los denunciantes aseguran que la fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez protege a los denunciados, y es la única manera en que comprenden el por qué los fiscales asignados a estos casos, en algunos casos con excesivo retraso, luego de varios meses de investigación aún no son capaces de informar sobre algún avance de las pesquisas.

En junio del 2018 senador Fernando Lugo fue denunciado por usurpación de funciones públicas, los denunciantes son los diputados electos y proclamados Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, este último actual titular de la Entidad Binacional Yacyretá.

Lugo asumió todas las funciones y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), decidiendo a título personal quiénes formarían parte del cuerpo colegiado. El sacerdote convocó a jurar como senadores al abdista Rodolfo Friedmann y a Mirta Gusinky, en vez de los senadores electos y proclamados, Horacio Cartes Jara y Nicanor Duarte Frutos. Así, Lugo asumió para sí las funciones que la Constitución Nacional le reserva exclusivamente al TSJE.

Seis meses después de la denuncia penal contra Fernando Lugo, los fiscales Sonia Mora y Rodrigo Estigarribia aún no presentan imputación contra el legislador. Los abogados de Horacio Cartes en cuatro ocasiones urgieron para que se impute al congresista Fernando Lugo por usurpación de las funciones públicas, al no dejar jurar al expresidente y senador electo Horacio Cartes, pero no obtuvieron respuesta desde la fiscalía.

En octubre de este año una denuncia periodística descubrió que el abdista Rodolfo Friedmann y sus partners realizaron un verdadero “carnaval” con los recursos de públicos, cuando gestionaban la gobernación de Guairá. Sin embargo, de las pruebas expuestas el Ministerio Público ignoró las mismas, hasta que un centenar de ciudadanos optó por denunciar al ex gobernador y su equipo, actualmente acomodado en el indert y otras entidades públicas.

Tres meses después de la denuncia ante el Ministerio Público, recién la fiscal Liliana Alcaraz asumió el caso, por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y apropiación, presentada a principios de noviembre por varios ciudadanos autoconvocados del Departamento de Guairá.

En otro caso. En septiembre del presente año, el concejal de Ybycuí Esequiel Cáceres López acusó ante el Ministerio Público al presidente de la Cámara de Diputados, el abdista, Miguel Cuevas y a su esposa Nancy de Jesús Florentín de Cuevas, por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito durante su gestión como intendente de Sapucái y cuando fue gobernador de Paraguarí.

La cónyuge de Miguel Cuevas fue acusada por el cobro indebido de honorarios como docente en la escuela básica 151 Inglaterra en Sapucái, la denuncia asegura que era “planillera” en la mencionada institución.

En octubre de este año La fiscala anticorrupción Josefina Aghemo se constituyó en la sede de la Gobernación de Paraguarí, mientras que la fiscala Yolanda Portillo lo hizo en la Escuela Básica 151 Inglaterra, en la localidad de Sapucái. Luego pidieron informes a 20 instituciones del Estado, que aún no son entregados, ni exigidos.

Cuatro meses después de la denuncia contra el clan Cuevas la ciudadanía no tiene ninguna información sobre el desarrollo de la investigación, es decir la causa está congelada por las fiscales a cargo del caso.

Luis Villamayor, asesor jurídico de la Asociación de Operadores de Petropar, a finales del mes pasado anunció que solicitarán al Congreso Nacional el trámite de un juicio político en contra de la Fiscal General del Estado Sandra Quiñónez por -supuestamente- encubrir a Patricia Samudio, titular de Petropar. Y es que desde el mes de octubre que denunciaron ante el Ministerio Público a Samudio nunca prosperó la investigación por tráfico de influencias, transferencia irregular de fondos públicos a bancos privados, enriquecimiento ilícito, revelación de secretos de servicio, entre otros.

Luego de 60 días de haberse formulado la denuncia contra Patricia Samudio y tras reiteradas denuncias de los medios de comunicación por la lenta gestión, el Ministerio Público designó al agente fiscal Clara Ruiz Díaz, como la encargada de la pesquisa.

Los citados casos dejan un sabor a dilación y complicidad por la lentísima gestión de los agentes fiscales, a favor de referentes del abdismo. La ciudadanía exige del Ministerio Público la agilidad necesaria para conocer el manejo que los acusados hicieron con los recursos públicos, así como con la violación a la Constitución y otras leyes. La fiscalía debe ponerse en el 2019 los pantalones largos para estar a la altura de los requerimientos ciudadanos.

 

Por más amor, paz y esperanza

Estamos en una de las épocas del año con el más profundo significado. Es el tiempo cuando nos recordamos lo que en verdad somos como personas, revivimos los valores humanos que durante el año mantenemos más o menos en el olvido, resurge la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza, valores muy propios de la Navidad. Estas fiestas se celebran en todo el mundo, aunque con costumbres y rituales diferentes, pero a estas diversas maneras de conmemorar la fecha nos une la celebración del nacimiento de Jesús, el hijo de Dios.

Sin embargo, en los últimos tiempos, las fiestas navideñas tomaron un significado más comercial y menos espiritual. Sin bien son encuentros familiares, se enfatiza en la cena, las bebidas, los regalos, la ropa. Olvidamos el verdadero significado de las celebraciones de la natividad, si bien es el momento de estrecharnos como familia, sobre todo es el tiempo de aproximarnos a la espiritualidad

El verdadero significado de la Navidad es el amor. Para los cristianos -con quienes se inicia la tradicional celebración en el año 350, definida por el papa Julio- es la historia de Dios, quien hecho hombre en la humanidad de Jesucristo descendió a la tierra para expiar, con su propia vida, todos nuestros pecados. Esta es la demostración más grande del amor que Dios nos tiene, entregar a su propio hijo como ofrenda para recibir el perdón de Dios.

En Paraguay la esperanza sobra, por eso desde cada uno de nuestros lugares cumplamos un acto diario de amor por nuestros semejantes. Trabajemos desde todos los sectores por un desarrollo que dignifique a los habitantes del país; que la paz retorne a todos nuestros hogares y con que la unión nos podamos fortalecer como Nación; que nuestras manos siempre estén extendidas para ayudarnos a caminar juntos.

Entonces, que esta Navidad sea el comienzo de una nueva y maravillosa etapa en nuestras vidas, que sea el inicio de un nuevo rumbo para el país. Que los valores de esta época venzan al odio, a la revancha, a la embriaguez que produce el poder y que, por el contrario, la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza, se conviertan en sentimientos y valores que nos acompañen todos los días del año.

 

Frenan circo de la CBI

La justicia se puso de pantalones largos. El juez Alcides Corbeta resolvió que es facultad de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del caso Messer convocar al expresidente Horacio Cartes y no del juzgado, por lo que no puede obligarlo a asistir al Congreso. El magistrado no se prestó al show mediático, por el contrario, le marcó los límites a esta comisión que evidentemente está desnaturalizada en su actuar y plantea cosas más propias de un show mediático antes que de una comisión de investigación.

EL juez Corbeta en su resolución explica que la CBI debe evaluar si la comparecencia por escrito del senador electo y proclamado Horacio Cartes, en vez de presencial, se da con justa causa. Recordemos que la semana pasada el ex presidente de la República manifestó públicamente su disposición a responder por escrito todas las preguntas que la CIB desee formularle.

La decisión de Horacio Cartes de cooperar con la investigación para declarar por escrito, bajo fe de juramento, con todas las consecuencias en caso de apartarse de ello, se dio en el marco del uso de su facultad que como senador electo y proclamado le faculta la Constitución Nacional y las leyes, especialmente el Código Civil.

El juez Corbeta acaba de marcar los límites de actuación a la CIB, dentro de la constitución y las leyes. La resolución del magistrado no se prestó a un mamotreto, que es parte del show mediático montado en el Congreso Nacional por parte de algunos miembros de la CBI, con el apoyo de medios de comunicación “amigos”.

A esta altura para todos esta claro que existe un desborde en la CIB, fruto de la informalidad con que se manejan algunos de sus miembros, a todos queda claro que esta comisión no está queriendo buscar la verdad, llegar al fondo de un hecho que podría ser punible. Lo notorio en esta comisión es el intento de persecución política a Horacio Cartes.

La justicia tiró por tierra el disfraz jurídico de la CBI, el afán inquisitorio de este colegiado chocó contra el frontón de la justicia. Es motivo de celebración que aún existen jueces valientes, que sin temor a los títulos catástrofe de “medios amigos” o a la presión política se apegan a derecho y actúan en consecuencia.

 

Persecución y cortina de humo

Por qué ciertos políticos, formadores de opinión y medios de comunicación no están hablando de hechos reales como la pérdida de control del Gobierno ante el crimen organizado en el país; del silencio del Gobierno ante el reclamo que por varias semanas realizan indígenas en las cercanías del Palacio de López; de las demandas que realizan los médicos y pacientes por la falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos; de la rebaja, pero en serio, del precio del combustible ante el estrepitoso desplome del precio del petróleo; del conflicto sobre las tierras en el interior del país; entre otros hechos que son de interés de la gente. Por qué ellos hablan más de un tal Messer; de la Comisión Bicameral del Congreso; de la supuesta cancelación de la visa de Horacio Cartes para viajar a EEUU. Es que estamos ante una cortina de humo para tapar los serios errores del Gobierno y su falta de gestión, así de simple.

La inseguridad en la que vive la población volvió a ratificarse hace unas horas con el brutal ataque armado que enfrentó una familia de frontera, ubicada en el barrio Virgen del Rosario del distrito de Ypehû, Canindeyú, por parte de unas 30 personas. Los desconocidos llegaron pertrechados con armas largas y bombas, durante 30 minutos se dedicaron a volar tres viviendas, vehículos, y una estación de servicio. Así como llegaron se retiraron, sin ningún tipo de problema que ofusque su misión.

El fin de semana se fugó un líder y sicario del Primer Comando Capital (PCC) del lugar más custodiado del país, la agrupación Especializada de la Policía Nacional, horas más tarde otro soldado del PCC inició un incendio en su celda en busca de una oportunidad para fugarse, poniendo en riego cientos de presos del penal de Tacumbú.

Antes de los actos del PCC en Tacumbú y la Especializada, la joven Lidia Meza fue asesinada en una celda de la Agrupación, a manos del narcotraficante Marcelo Pinheiro, alías “Piloto”, ningún policía miró o escuchó la brutal pelea que la joven libró para intentar salvar su vida. Nunca más el Gobierno volvió hablar de las acciones para que se haga justicia en el crimen contra esta paraguaya.

Los hechos citados, en materia de seguridad ciudadana, son la muestra clara de que el Gobierno perdió el control ante el crimen organizado. No existe ninguna responsabilidad política por el hecho, los medios “amigos” solo atinan a reproducir el discurso obvio e inocuo del presidente. Ninguno cuestiona la inseguridad en que vive la gente, la cual se disparó en los últimos cuatro meses.

Hace más de un mes miembros de 10 comunidades indígenas se movilizan por las calles de la capital paraguaya pidiendo una audiencia al presidente Abdo, para exponer sus razones del por qué debe destituir a la titular del INDI, la recuperación de sus tierras ancestrales y el esclarecimiento de asesinatos a jóvenes en sus comunidades. Luego de más de 30 días de manifestaciones y privaciones sobreviviendo en las calles de Asunción el mandatario recibirá a una de esas comunidades, el resultado y cumplimiento son de pronóstico reservado. Pensar que el 15 de agosto Abdo juró que los indígenas serían una prioridad en su Gobierno.

Otro hecho es el retorno del control del cártel del combustible. A pesar que durante dos meses el precio del barril de petróleo se estabilizó alrededor de los 50 dólares, y lleva 78 días de desploma con una reducción del 40 por ciento del precio que tenía a hace dos meses atrás – 75 dólares por barril- ubicándose ahora el precio en los 46 dólares, el Gobierno solo bajó 100 guaraníes en el precio del litro del diésel tiene el menor consumo entre la población. Tras la presión de pocos medios de comunicación, ahora el Gobierno anuncia que “quizás” habría una nueva reducción en enero.

Los temas citados, entre otros de verdadero interés de la gente están invisibilizados en el análisis de ciertos formadores de opinión, periodistas, políticos y medios de comunicación. No llenan las tapas de los diarios o están en los micrófonos y pantallas de medios de comunicación “aliados”. Por el contrario, estos magnifican en las últimas tres semanas, con títulos catástrofe, lo relacionado con Darío Messer y el senador electo y proclamando Horacio Cartes, los cuales a su vez son cuestiones propias de la Bicameral del Congreso (CBI), la cual está dirigida por manifiestos enemigos del senador electo.

A la luz de los hechos, es fácil concluir que el Gobierno, a través de la CBI y el apoyo coyuntural de medios “aliados”, no solo cumplen el trabajo de inquisidores, sino que también actúan como una cortina distractora de la falta de gestión gubernamental y de los errores reiterados en los que se incurre. Claro, la gente ya no come ese vidrio.