Hacienda tiene tiempo de evitar un grave error

El proyecto de reforma tributaria que remitirá Hacienda al Congreso, la próxima semana, comprende un reordenamiento tributario que permitirá poner en blanco lo que hoy está en gris o directamente en negro. Eso es positivo y nadie cuestiona. Sin embargo, en otra de sus partes se prevé elevar el “techo” del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), lo cual es un auténtico contrasentido, pues lejos de generar mayores ingresos al fisco, como sostienen sus promotores, va a generar aún más contrabando, más desempleo y, en consecuencia, una caída en las recaudaciones. Y tan grave como lo anterior, también se convertirá en un disparador del gasto público, lo que sería fatal para el gobierno.

El proyecto contempla incrementos de tasas que van desde el 40 hasta casi el 200% para 11 productos, como tabaco, bebidas alcohólicas, gaseosas y celulares, entre otros. Dichos topes tal vez podrían establecerse en el marco de una economía en expansión o al menos estable, en cuyos casos, el debate se restringirá a precisar los montos en cada rubro, pero de ningún modo en plena desaceleración, ni de la grave crisis que golpea a la Argentina y el Brasil.

Los datos son inobjetables. El Banco Central del Paraguay (BCP) informó recientemente que redujo las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto de 4 a 3,2%, lo que en términos monetarios significa 350 millones de dólares menos. Pero sigamos.

Desde Encarnación, hasta Pedro Juan Caballero, pasando por Ciudad del Este y Salto del Guairá, la principal actividad económica (el comercio de frontera) está literalmente destrozada. El peso argentino por el suelo, a 130 y el real a 1.490, provocó una caída catastrófica de las ventas y, al mismo tiempo, el aumento sostenido del ingreso de productos de contrabando.

¿En este contexto pretenden aumentar el ISC?

Cualquiera entiende que el Estado precisa recursos para financiar sus gastos corrientes y, sobre todo, la inversión pública, pero tal como están las cosas, tocar dicho tributo hacia arriba es como pegarse un tiro al pie, al provocar el efecto contrario al que se desea.

Las industrias tabacaleras, cerveceras y de gaseosas perderían competitividad de manera automática, los productos equivalentes, de origen argentino y brasileño, ocuparían un espacio importante en nuestro mercado, sin pagar un centavo de impuestos y, al vender menos por este hecho, las empresas nacionales también tributarían menos.

En consecuencia, no habrá más recaudación, ni se desalentará el consumo de tabaco o alcohol, como sostienen los defensores de elevar estos impuestos. El Estado recibirá menos dinero de esas áreas productivas y los consumidores… cambiarán de marcas por otras más baratas.

La otra consecuencia, grave por cierto, sería de índole social. Al disminuir la producción, las empresas de los ramos afectados por una eventual suba del ISC se verán en la necesidad de reducir su plantel de personal. En esto no hay secretos.

Una consideración final. Quien haya concebido esta fórmula seguramente lo hizo en el afán de robustecer las escuálidas finanzas públicas, pero lo que realmente logrará, además de potenciar el contrabando y disminuir la recaudación, es abrir las compuertas al aumento del gasto público, que el Ejecutivo no podrá financiar después.

¿Por qué?. Porque los congresistas, que entienden poco o nada de economía, o a quienes ésta les tiene sin cuidado, simplemente aprobarán aumentos de todo tipo en el Presupuesto General de la Nación, con el argumento de que “ya dieron al Ejecutivo las herramientas para recaudar”.

Hacienda aún tiene tiempo para disipar estos peligros. Esperemos que impere la razón.

 

Venezuela: Un “empate” horroroso

Los acontecimientos que se registran en Venezuela han puesto de manifiesto que, hoy por hoy, ni la oposición tiene la fuerza necesaria para derrocar a la dictadura de Nicolás Maduro, ni ésta para aplastar la resistencia, prolongándose así la peor crisis de su historia.

La “operación libertad”, cuya “fase final” fue anunciada por Juan Guaidó el pasado martes, desde la base aérea La Carlota, debía contar con la adhesión de altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, empezando por la de Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Pero esto no ocurrió, por lo cual el enfrentamiento al régimen corrió por cuenta exclusiva de los miles de venezolanos que se volcaron a las calles ese día, y también ayer, resultando salvajemente reprimidos por la Guardia Nacional y los llamados “colectivos chavistas”, vulgares bandas paramilitares.

La existencia del plan (que no prosperó) fue develado por el propio Eliott Abrams, nombrado por el secretario de Estado Mike Pompeo como “emisario especial” para tratar los asuntos referidos a Venezuela. Este declaró a EFE, palabas más, palabras menos, que Padrino y ciertos jefes militares debían sumarse al levantamiento, pero a la hora de tener que hacerlo “cerraron sus teléfonos”.

El otro reconocimiento implícito de que el proyecto en cuestión no cuajó es el reciente llamado de Guaidó a realizar paros escalonados en la administración pública, que concentra la mayor cantidad de asalariados, en perspectiva a una huelga general. Si sonaban los “tambores de guerra”, esta opción no sería necesaria.

Y en tercer término, debemos señalar que si bien Maduro estuvo literalmente desaparecido la mayor parte de la jornada del martes, cuando lo hizo se encargó de mostrarse en compañía de los altos mandos de los organismos de seguridad, entre ellos Padrino,

La contracara de cuanto señalamos es que el régimen totalitario tampoco está en condiciones de derrotar a la oposición. No tolera que Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, haya sido proclamado “presidente encargado”. No tolera la ocupación de una base militar, aunque sea por un par de horas. No tolera que en sus narices hayan liberado a Leopoldo López de su muy custodiada prisión domiciliaria. Ni que sectores ciudadanos cada vez más amplios le desafíe en las calles, a cara descubierta y a pecho gentil. No tolera nada de eso, pero es incapaz de aplastar estas expresiones de completa “desobediencia” a su “autoridad”.

En las actuales circunstancias son varias las alternativas que se dibujan como salida a la crisis, pero las que aparecen como más “viables” son: La crisis y levantamiento de sectores claves de las fuerzas militares, como parte de un proceso de “implosión” del chavismo, por un lado, y la intervención armada de los Estados Unidos, por el otro.

La primera, que ahora fracasó, es a la que más apuesta la oposición y, en general, gran parte de la comunidad internacional, ante el hecho cierto de que fracasaron todos los intentos de diálogo y negociación con Maduro y su camarilla. La resistencia, mediante movilizaciones permanentes, ahora los paros escalonados y, en paralelo, los ofrecimientos de indultos a los jefes militares que se sumen a esta política, apuntan claramente en esa dirección, pero habrá que ver si da resultado y, sobre todo, cuándo.

La segunda configuraría el peor de los escenarios, no solo por ser violatoria de principios básicos del derecho internacional, sino por los horrorosos costos que representa para los países y sus pueblos, en todos los órdenes, como lo atestigua sobradamente la experiencia internacional.

La situación, por ahora, es de un “empate técnico”. La sociedad está dividida y ninguno de los dos bandos, enfrentados de la manera irreconciliable, puede con el otro. Y como nos dijo desde Caracas la periodista Pamela Toledo, solo el transcurrir del tiempo, que puede significar horas, días o semanas, ira develando qué rumbo toma finalmente esta desgraciada crisis que castiga impiadosamente a nuestros hermanos venezolanos.

 

Periodistas, medios y “coimas”

La presunta participación de periodistas en la “red de coimas” detectada en el Detave, que derivó en el apresamiento de su director y media docena de funcionarios de dicha repartición, es uno de los capítulos de esta trama de corrupción que corresponde analizar, despojados de toda actitud corporativa que se traduzca en la defensa a ciegas de los involucrados y sin distraer el fondo de la cuestión.

Un tema de por sí delicado, pues pone en entredicho la labor informativa, la veracidad de lo que se dice y siembra dudas sobre lo que se oculta, a lo cual el ministerio público se encargó de aportar mayor confusión con su accionar notoriamente irresponsable.

El anuncio lo hicieron los propios fiscales encargados de la investigación. “Hay periodistas involucrados en el caso”, quienes recibían pagos regulares a cambio de callar las irregularidades y exaltar el papel de la citada repartición, dijeron.

No divulgaron entonces sus identidades, alegando razones referidas al desarrollo de la investigación. Posteriormente volvieron sobre el tema, a fin de ”aclarar” que los periodistas no eran objeto de investigación y “asegurar”, sin dar ningún fundamento, que el dinero entregado a ellos no provenía de la recaudación de las “coimas”. Y después de todo esto, apenas transcurridas 24 horas, filtraron los nombres de los 6 trabajadores de la prensa al grupo Abc Color…

Nunca sabremos si recibieron sobornos o no, ni si tenían algún tipo de vínculo con la gavilla delictiva. El ministerio público, borrando con el codo lo que había escrito con la mano, decidió dar una vuelta de página y dejar que sus dichos tengan el destino de tantísimas denuncias: el olvido. En consecuencia, si los periodistas recibieron “coimas”, sus actos se mantendrán impunes, y si no lo hicieron, cargarán por siempre con el estigma de corruptos.

Lo que sí sabemos es que este asunto, de ser cierto, está lejos, lejísimos, de ser el primero y más grave en su género. El gremio de periodistas, como el de médicos, ingenieros, artistas o zapateros, está compuesto por personas de carne y hueso, algunas con más virtudes que vicios, otras a la inversa, talentosos y mediocres, solidarios y egoístas, honestos y… deshonestos.

No somos una cápsula aséptica en medio de una sociedad permeada por la corrupción. Somos parte de ella, con un agravante. Por la naturaleza del trabajo que realizamos, nos “codeamos” con el poder, en distintos niveles, para el cual repartir algunas migajas hace parte de su propia supervivencia.

Y no solo están los que aceptan migajas. También los hay quienes reciben más que eso, para frenar una investigación en desarrollo o que directamente no se publique, los que colocan a su parentela en la administración pública y los que obtienen contratos para sí, lógicamente a través de presta nombres, o para terceros, a cambio de un porcentaje del negocio.

Todo eso existe y es difícil de probar, salvo una investigación seria del ministerio público, que no tiene la menor intención de “alquilarse” un problema de este tipo, o que se indague el origen del patrimonio de unos cuantos, que ni por casualidad podrían poseer con sus ingresos lícitos.

Hasta que llegamos a la cima de la indecencia. Ahí están algunos propietarios de medios, que por años predicaron la rectitud y la trasparencia, pero solo de boca para afuera, o para poner contra la pared a sus enemigos. Son los que amasaron sus fortunas, de las que hoy disfrutan sus herederos, usando a los medios como garrotes para chantajear a los gobernantes de turno. Y lo siguen haciendo.

Hay que desnudar, pues, la hipocresía que rodea el tratamiento de esta materia. La prensa y los periodistas no somos modelos de moralidad, pero tampoco lo opuesto. Y sus componentes son como el resto de “los comunes”, a los que corresponde tratar como tales, sin ninguna excepción, de acuerdo a los mandatos de ley.

 

No es solo Benítez, ni tampoco Detave

El apresamiento del director del Detave, general Ramón Benítez, es un hecho relevante y positivo. Su pertenencia a una gavilla de delincuentes, dedicada a permitir el ingreso de productos de contrabando a cambio de “coimas”, lo justifica plenamente. Sin embargo, presentarlo como “el jefe” y dando a entender que se ha cortado la cabeza de la serpiente, carece de toda seriedad, al igual que celebrar su caída e ignorar o minimizar el grave error cometido por el gobierno a la hora de nombrarlo, a pesar de los antecedentes del militar, quien fuera destituido como comandante de la FTC por las denuncias de extorsión a estancieros.

Benítez y otros 9 funcionarios, incluyendo 2 oficiales de policía, fueron imputados por los hechos punibles de contrabando, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, pero nadie con un mínimo conocimiento de la realidad, creería por un instante la versión de que estos delitos, tan graves y extendidos en nuestro país, se limiten a dicha repartición y tengan al general retirado como único cabecilla de la organización.

Como el Detave, otras instituciones son igual de corruptas, empezando por distintas dependencias de Aduanas, pasando por Puertos, la Marina y la policía, y alcanzando a la propia fiscalía, en las que existen varios equivalentes al general retirado. Son piezas de un engranaje que funciona con total impunidad, que pueden ser cambiadas, y en efecto lo son con cierta frecuencia, sin afectar con ello sus actividades criminales.

No sabemos si su apresamiento responde a disputas internas, si “pisó algún callo” que no debía o guardó para sí lo que tenía otro destinatario, pero que el hombre tiene responsabilidades muy claras en el ilícito, no quepa la menor duda. Sin embargo, esa es apenas una de las líneas de investigación del ministerio público. La otra, de mayor envergadura, es apuntar al engranaje, al sistema que hace posible el ingreso masivo de contrabando de los más variados productos, a plena luz del día, de lunes a domingo, privándole al Estado sumas multimillonarias en concepto de impuestos.

Hasta ahora escuchamos autoalabanzas del oficialismo por el “operativo brillante”, como se denominó el caso que derivó en el apresamiento de Benítez y otros funcionarios. Pero si se limita a ellos y unos pocos más, y la causa se restringe al Detave, todo habrá sido un fraude. Uno más de los varios que ya se produjo en los últimos tiempos, bajo el ropaje de mucho marketing y mucha publicidad sobre la supuesta lucha frontal contra la corrupción, que en la administración pública avanzó muy poco o nada.

Los fiscales René Fernández y Josefina Aguemo tienen mucho trabajo por delante, al menos de ser cierto que quieren combatir esta rosca mafiosa. Ellos son los responsables, no el jefe de la Senad (Arnaldo Giuzzio) u otro organismo de seguridad, cuyas labores son las de auxiliares del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Para esto ni siquiera precisan “pescar” a funcionarios con “las manos en la masa”, como lo hicieron con el militar retirado. Basta que pasen revista al personal jerárquico de las instituciones antes mencionadas e inicien una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Que les obliguen a justificar su patrimonio y, si no lo hacen, pues que se les aplique las penas que corresponda, incluyendo la de no volver a pisar una repartición pública.

¿Lucha anticorrupción o nueva fraude a la vista? A corto plazo lo sabremos.