La senaduría vitalicia es un título honorífico
Está más que agotado el debate acerca de la senaduría vitalicia. Al punto que la única institución que tiene la atribución de interpretar los alcances de los artículos constitucionales como es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya la hizo, se siguen tejiendo especulaciones al respecto, con el único propósito de cercenar derechos a ciudadanos que están plenamente habilitados.
Las campañas mediáticas insistentes acerca de impedir el juramento a la senaduría activa de expresidentes obedecen solo a caprichos, odios, pases de factura de quienes ven rentable el negocio de la manipulación de la información, sin importarles las consecuencias. Alientan el desacato de las disposiciones judiciales y la rebelión ciudadana sin el mayor rigor del sustento legal. Ese supuesto apego a la norma constitucional que promueven se desvanece cuando honorables juristas desarrollan sus interpretaciones sobre el punto, pero insisten con una tremenda terquedad desafiando al sentido común.
La exposición del exministro de la Corte Suprema de Justicia, José Altamirano sobre la senaduría vitalicia (art.189 CN) merece este espacio para resaltarlo. Según Altamirano la Senaduría Vitalicia (SV) es una investidura (art.14 Disp. Finales y Transitorias CN.). “Investir”, en castellano, significa conferir a alguien una dignidad o un cargo. La SV no es un cargo porque no tiene funciones, deberes y atribuciones; la presencia del investido de la SV no cuenta para establecer quórum; no tiene voto en el seno del Senado; no tiene despacho, no posee fueros y no tiene remuneración presupuestaria. Es una dignidad, es un título honorífico.
Explica, el exministro de la Corte, que en este tópico, aunque nadie quiere aún hablar, el aspecto central gira en torno a si la SV otorga o no “fueros” al titular. “Yo sostengo que no otorga, pues ningún privilegio excepcional puede presumirse o creerse que si por analogía”, señala.
También indica que quienes lleguen a cumplir las exigencias establecidas en el art.189 de la CN, obviamente y sin discusión posible, pasan a ser senadores vitalicios. “Claro que serán y llegarán a ser senadores vitalicios. Sí, serán, y son. Reitero, serán y son SV. Y qué?. El caso es que el tema de discusión no está en este punto”, afirma.
Altamirano sostiene que el punto medular está en establecer, en determinar si esta investidura restringe, limita, anula o genera alguna inhabilidad o alguna incompatibilidad con alguno de los derechos políticos de que son titulares (arts.117/120 CN.) los ciudadanos afectados, especialmente con el derecho del sufragio, en sus dos fases de ser electores y de ser elegibles.
Según el jurista, la Constitución Nacional, cuando ordena una restricción, cuando dispone una limitación lo declara expresamente como lo hace al establecer la no reelección (art.229 C.), las incompatibilidades puntuales y las inhabilidades específicas.
De ahí que mientras el derecho del sufragio del que somos titulares legítimos todos los ciudadanos, no aparezca expresamente limitado, restringido o anulado estará vigente; y por tanto deviene exigible su resguardo.
El hecho de la investidura de la SV no tiene la virtualidad de inhabilitar, impedir o limitar ningún derecho, ninguna garantía constitucional; y especialmente el derecho del sufragio del ciudadano titular. “Si los señores constituyentes opinaron, entendieron o creyeron que con esta figura alcanzaban este propósito y cortaban definitivamente la carrera política de quienes accedían a la primera magistratura, quedaron en la intención ( “voluntas in mente retenta voluntas no est”); y menos mal porque hubiese constituido una afrenta a un presupuesto fundamental de la democracia; si por el contrario la establecieron como una investidura honorífica, como definitivamente es, debieron asignarle funciones básicas, fueros y una asignación presupuestaria”, explica.
Agrega que hoy, tal como está diseñada la investidura de la SV en nuestra CN, ella no impide, ella no cercena, ella no inhabilita a ningún ciudadano paraguayo el legítimo derecho de poder resultar “elegible” para funciones públicas.
“En la casuística local y actual, el caso ya quedó dirimido y resuelto, en la misma línea precedentemente expresada, por las autoridades pertinentes: el Superior Tribunal de Justicia Electoral (STJE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ); por lo que el caso está cerrado y solo resta acatar sus disposiciones”, puntualiza.
Y finalmente, sostiene que los hechos y los actos políticos de todo y cualquier ciudadano, más de los que invisten representación, precisan de soportes racionales, legales y éticos para hacerlos aparecer ante la sociedad como correctos y normales. “Esta necesidad, sin embargo, no nos autoriza a acomodar, a ajustar o a adecuar éstos a aquéllos, al punto de desnaturalizar a ambos, sin asunción de responsabilidad”, concluye.
Si con esta clara y contundente lectura del alcance del artículo constitucional en cuestión no queda claro, es simplemente un problema de falta de sentido común, quizás, el menos común de los sentidos para algunos.
¿Qué clase de médicos estamos lanzando al mercado?
El reciente escandaloso caso que involucra a la Universidad María Serrana, donde un grupo de estudiantes logró culminar sus carreras de Medicina de manera meteórica mediante certificados truchos, nos hace cuestionar el nivel de enseñanza de los futuros profesionales de un ámbito sumamente sensible como lo es la salud.
Una noticia que no pasa desapercibida en estos días es la clausura de las dos carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) haya constatado irregularidades en la expedición de títulos. Esta situación se dio luego de pillarse que unos 11 alumnos de esa casa de estudios supuestamente falsificaron sus certificados de estudios para recibirse más rápido.
El proceso de intervención comenzó en junio de 2021 a partir de comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre presuntas irregularidades en la emisión de títulos. Durante la intervención, el ente rector descubrió casos de estudiantes que habían falsificado firmas de certificados de estudios para poder recibirse de médicos y así recibir sus respectivos títulos universitarios. En este caso, acudían hasta la Universidad María Serrana con los certificados de estudios donde figuraba que habían seguido parte de la carrera en otro lugar, a fin de convalidar las materias, entonces se libraban de cursarlas en la institución.
Esto sin dudas ocasionará necesariamente a futuro una baja calidad a la hora de brindar atención a los pacientes. Es sumamente peligroso que estudiantes universitarios de la carrera de Medicina estén burlando los delineamientos de enseñanza con el simple fin de recibirse más rápido y es el doble de perjudicial que las instituciones educativas se presten, ya sea por falta de mecanismos de control o por complicidad, a este tipo de artimañas.
Todos somos conscientes del actual pésimo sistema sanitario paraguayo, con precarias infraestructuras, escaso plantel y con la falta de insumos y medicamentos. Si a todo lo anterior le sumamos malos profesionales, nos estamos yendo a pique.
Es urgente una depuración de las carreras de Medicina, las cuales abundan a tutiplén y escapan del control de los organismos correspondientes. Es imperioso poner mano dura a la cuestión para garantizar buenos profesionales de la medicina para el futuro, porque CON LA SALUD NO SE JUEGA.
Casi, casi, venden “La Patria”
No hay margen para la menor distracción. De no ser por alguien que alertó en las redes sociales lo que el Fondo Ganadero y no sabemos quiénes más estaban tramando, a las 11:00 horas de hoy, viernes, la “Estancia La Patria”, fundad por el coronel Rafael Franco a poco de finalizar la guerra del Chaco, hubiera dejado de ser de… la Patria, perdiéndose con ello todo el valor histórico y cultural que representa para el Paraguay y los paraguayos.
La información se propagó rápidamente, acompañada del aviso comercial que por ley está obligado a realizar el rematador, en este caso, Carlos Roberto Trabuco: “Superficie, 15.000 hectáreas. Sus linderos son la Estancia Toro Blanco, separada por la picada 108, del señor Tranquilo Favero y la Estancia La Patria, separada por la ruta Py09. Superficie explotada, 1.710 hectáreas. Monte, 13.290 hectáreas… en la zona existe un acuífero”, señala parte del anuncio.
En ninguna parte se señala que la propiedad es una fracción de “La Patria”; algo que la institución lo mantuvo en absoluto sigilo, muy en el “Fondo”, hasta las 22:30 horas de la víspera del remate, cuando informó que la operación quedaba “temporalmente suspendida”, al que siguió esta maña otro comunicado, aclarando que la suspensión es definitiva, “pese a la total transparencia y legalidad del proceso”, según su presidente Fredis Estigarribia Cardozo.
Una perfecta tomadura de pelo, o dos, porque nadie puede invocar transparencia cuando pretendió llevar a cabo un negocio (¿negociado?) de un bien público, en secreto, y porque si hubiera sido tan “transparente y legal” como afirma Estigarribia, no habría motivo alguno para dejarlo sin efecto.
No haremos conjeturas de lo que tenían entre manos. Los responsables del ente dicen que la enajenación de las 15.000 hectáreas fue dispuesta en el mes marzo, no nos consta, y si buscamos noticias de la época, lo único que encontraremos es que una comitiva oficial, encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez, visitó el lugar en abril para evaluar su eventual uso como albergue, de acuerdo a la versión oficial.
Probablemente escucharemos que en el “caso La Patria”, como en otros, “todo se hizo de manera legal”, que “no puede haber ilícito porque el remate no se llevó a cabo” y otras cuestiones por el estilo, pero el intento de despojarle al Estado de un patrimonio histórico existió y debe ser investigado.
No hay derecho a tener que dormir con un ojo abierto, ni estar a expensas de que alguien renuncie o “filtre” datos para recién entonces enterarnos de cuestiones que son de carácter público y de sumo interés nacional.
¡Sanos y salvos!
Vivimos días oscuros, a nadie ya le cabe la menor duda. Una epidemia que se expande sin cesar, al igual que el desempleo y la pobreza, más escándalos de corrupción no resueltos, ya eran detonantes suficientes para desencadenar una crisis aguda, a los que ahora se incorporó otro factor que nunca nos abandonó pero que se hallaba en estado latente: La violencia.
Su reaparición se dio primero en el confuso episodio que protagonizaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC) y del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú, que arrojó como saldo la muerte de dos niñas de 11 años. Y este miércoles, apenas 7 días después, se hizo nuevamente presente con el secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, y de un empleado a su cargo, Adelio Mendoza, ocurrido en la zona de Bella Vista norte (Amambay), que se le atribuye a la misma banda criminal.
Cualquier secuestro conmociona, como lo demostraron todos los casos anteriores, pero cuando se trata de una persona pública de vasta trayectoria política, como Denis, en un contexto de por sí “volátil”, como el actual, las cosas se tornan aún más complicadas y sus consecuencias difíciles de prever.
El gobierno reaccionó esta vez con más cautela, al menos hasta ahora. Su porta voz, el ministro del Interior Euclides Acevedo, anunció el “despliegue de fuerzas en la zona” con el fin de rescatar a los secuestrados. Pero algo más, también deslizó una caracterización de lo acontecido al señalar la connotación política que reviste el hecho, lo que genera mayor incertidumbre respecto al posible curso de los acontecimientos.
¿Por qué lo de la incertidumbre? Porque si bien esta se halla presente en actos similares que persiguen objetivos extorsivos, en estos casos se presume que al aceptar las demandas de los captores o acordar lo que fuere en esta materia, se pondría fin al cautiverio, pero si el móvil fuera político, como dice Euclides, el escenario que se abre es más incierto.
Siguiendo el hilo que dejó abierto el ministro, en gran medida compartido por periodistas, analistas y otros actores, las preguntas serían si la banda criminal quiere negociar algo, que desconocemos, o si es un acto de venganza, una “réplica” a lo sucedido en Yby Yaú, lo que disminuiría sensiblemente las posibilidades de que todo esto termine de manera favorable.
Nosotros, demás está decirlo, no lo sabemos y sería irresponsable avanzar en este terreno, hasta tanto surjan más informaciones al respecto, sea porque se pronuncien los secuestradores o por los datos que divulguen el Gobierno y los organismos de seguridad, que claramente fueron sorprendidos por este desgraciado acontecimiento, lo cual deberá ser motivo de análisis y necesarias rectificaciones posteriormente.
La prioridad ahora es bregar por la recuperación de Denis y Mendoza sanos y salvos. Ese es nuestro mayor deseo, por ellos, por sus seres queridos, que están pasando por una de las peores angustias que pueda sufrir cualquier ser humano, y también por el país, que de otro modo se hundiría en un remolino de disputas y confrontaciones del cual sería más difícil salir.