SMO: comunicación de Gobierno es un “cero a la izquierda”

Antes de que Mario Abdo Benítez asuma el Gobierno todo hacia pensar que se preparaba para tener un control pleno de comunicación de la comunicación. En esta temática la expectativa también se desinfló, los errores comunicacionales del régimen son frecuentes y afectan no solo a su gestión sino también a la gente, el último gazapo fue la sicosis desatada entre los jóvenes por la pésima comunicación del Gobierno sobre el Servicio Militar Obligatorio (SMO).

Ni los medios de comunicación “aliados” del gobierno pudieron salvar a Abdo Benítez del “sarambi” creado por la carente y posterior pésima comunicación gubernamental en el tema del SMO. Solo después que miles jóvenes abarrotaron las instalaciones de la Defensoría en todo el país, para declararse objetores de conciencia -a puertas de que culmine el año- y corearan en las calles “Marito sinvergüenza”, el ministro de Defensa, Gral. Ej. (SR) Bernardino Soto Estigarribia, se vio obligado aclarar en rueda de prensa.

La sicosis generada por la mala comunicación gubernamental por el SMO, no es el único error comunicacional del Gobierno de Abdo Benítez, estos son reiterados y contundentes, aunque montó un super ministerio de comunicación, que está liderado por un ex gerente del Grupo Vierci, que durante más de 20 años dirigió el negocio de la comunicación social en el país.

Al parecer la prioridad de las cabezas del Ministerio de Información, Tecnología y Comunicación (Mitic), se centra en el pleno control sobre la publicidad estatal, decidir sobre las licitaciones o renovación de licencias para radio y televisión; y manejar millones de dólares de los fondos universales del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

El parecer los costosos asesores externos del Gobierno son los que ponen pecho a las crisis comunicacionales que el Gobierno enfrentó en estos primeros meses gestión, los resultados no son precisamente los más auspiciosos, a la luz de los hechos. En tanto el super Mitic actúa como un “cero a la izquierda”.

 

Fiscalía cierra el año “congelando” casos clave

A días que concluya el 2018, el Ministerio Público mantiene “congeladas” investigaciones clave sobre usurpación de funciones públicas y mal manejo del dinero público. Los investigados tienen relación con el Gobierno o fueron funcionales al mismo, las denuncias penales “cajoneados” son en contra: de Fernando Lugo, por la elección a dedo de Roberto Friedmann para el senado; del presidente de Diputados Miguel Cuevas y su esposa por lesión de confianza; de Roberto Friedmann, por enriquecimiento ilícito realizada por un centenar de ciudadanos; y de la presentada contra Patricia Samudio, titular de Petropar por irregularidades en la gestión del ente.

Varios de los denunciantes aseguran que la fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez protege a los denunciados, y es la única manera en que comprenden el por qué los fiscales asignados a estos casos, en algunos casos con excesivo retraso, luego de varios meses de investigación aún no son capaces de informar sobre algún avance de las pesquisas.

En junio del 2018 senador Fernando Lugo fue denunciado por usurpación de funciones públicas, los denunciantes son los diputados electos y proclamados Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, este último actual titular de la Entidad Binacional Yacyretá.

Lugo asumió todas las funciones y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), decidiendo a título personal quiénes formarían parte del cuerpo colegiado. El sacerdote convocó a jurar como senadores al abdista Rodolfo Friedmann y a Mirta Gusinky, en vez de los senadores electos y proclamados, Horacio Cartes Jara y Nicanor Duarte Frutos. Así, Lugo asumió para sí las funciones que la Constitución Nacional le reserva exclusivamente al TSJE.

Seis meses después de la denuncia penal contra Fernando Lugo, los fiscales Sonia Mora y Rodrigo Estigarribia aún no presentan imputación contra el legislador. Los abogados de Horacio Cartes en cuatro ocasiones urgieron para que se impute al congresista Fernando Lugo por usurpación de las funciones públicas, al no dejar jurar al expresidente y senador electo Horacio Cartes, pero no obtuvieron respuesta desde la fiscalía.

En octubre de este año una denuncia periodística descubrió que el abdista Rodolfo Friedmann y sus partners realizaron un verdadero “carnaval” con los recursos de públicos, cuando gestionaban la gobernación de Guairá. Sin embargo, de las pruebas expuestas el Ministerio Público ignoró las mismas, hasta que un centenar de ciudadanos optó por denunciar al ex gobernador y su equipo, actualmente acomodado en el indert y otras entidades públicas.

Tres meses después de la denuncia ante el Ministerio Público, recién la fiscal Liliana Alcaraz asumió el caso, por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y apropiación, presentada a principios de noviembre por varios ciudadanos autoconvocados del Departamento de Guairá.

En otro caso. En septiembre del presente año, el concejal de Ybycuí Esequiel Cáceres López acusó ante el Ministerio Público al presidente de la Cámara de Diputados, el abdista, Miguel Cuevas y a su esposa Nancy de Jesús Florentín de Cuevas, por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito durante su gestión como intendente de Sapucái y cuando fue gobernador de Paraguarí.

La cónyuge de Miguel Cuevas fue acusada por el cobro indebido de honorarios como docente en la escuela básica 151 Inglaterra en Sapucái, la denuncia asegura que era “planillera” en la mencionada institución.

En octubre de este año La fiscala anticorrupción Josefina Aghemo se constituyó en la sede de la Gobernación de Paraguarí, mientras que la fiscala Yolanda Portillo lo hizo en la Escuela Básica 151 Inglaterra, en la localidad de Sapucái. Luego pidieron informes a 20 instituciones del Estado, que aún no son entregados, ni exigidos.

Cuatro meses después de la denuncia contra el clan Cuevas la ciudadanía no tiene ninguna información sobre el desarrollo de la investigación, es decir la causa está congelada por las fiscales a cargo del caso.

Luis Villamayor, asesor jurídico de la Asociación de Operadores de Petropar, a finales del mes pasado anunció que solicitarán al Congreso Nacional el trámite de un juicio político en contra de la Fiscal General del Estado Sandra Quiñónez por -supuestamente- encubrir a Patricia Samudio, titular de Petropar. Y es que desde el mes de octubre que denunciaron ante el Ministerio Público a Samudio nunca prosperó la investigación por tráfico de influencias, transferencia irregular de fondos públicos a bancos privados, enriquecimiento ilícito, revelación de secretos de servicio, entre otros.

Luego de 60 días de haberse formulado la denuncia contra Patricia Samudio y tras reiteradas denuncias de los medios de comunicación por la lenta gestión, el Ministerio Público designó al agente fiscal Clara Ruiz Díaz, como la encargada de la pesquisa.

Los citados casos dejan un sabor a dilación y complicidad por la lentísima gestión de los agentes fiscales, a favor de referentes del abdismo. La ciudadanía exige del Ministerio Público la agilidad necesaria para conocer el manejo que los acusados hicieron con los recursos públicos, así como con la violación a la Constitución y otras leyes. La fiscalía debe ponerse en el 2019 los pantalones largos para estar a la altura de los requerimientos ciudadanos.

 

Por más amor, paz y esperanza

Estamos en una de las épocas del año con el más profundo significado. Es el tiempo cuando nos recordamos lo que en verdad somos como personas, revivimos los valores humanos que durante el año mantenemos más o menos en el olvido, resurge la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza, valores muy propios de la Navidad. Estas fiestas se celebran en todo el mundo, aunque con costumbres y rituales diferentes, pero a estas diversas maneras de conmemorar la fecha nos une la celebración del nacimiento de Jesús, el hijo de Dios.

Sin embargo, en los últimos tiempos, las fiestas navideñas tomaron un significado más comercial y menos espiritual. Sin bien son encuentros familiares, se enfatiza en la cena, las bebidas, los regalos, la ropa. Olvidamos el verdadero significado de las celebraciones de la natividad, si bien es el momento de estrecharnos como familia, sobre todo es el tiempo de aproximarnos a la espiritualidad

El verdadero significado de la Navidad es el amor. Para los cristianos -con quienes se inicia la tradicional celebración en el año 350, definida por el papa Julio- es la historia de Dios, quien hecho hombre en la humanidad de Jesucristo descendió a la tierra para expiar, con su propia vida, todos nuestros pecados. Esta es la demostración más grande del amor que Dios nos tiene, entregar a su propio hijo como ofrenda para recibir el perdón de Dios.

En Paraguay la esperanza sobra, por eso desde cada uno de nuestros lugares cumplamos un acto diario de amor por nuestros semejantes. Trabajemos desde todos los sectores por un desarrollo que dignifique a los habitantes del país; que la paz retorne a todos nuestros hogares y con que la unión nos podamos fortalecer como Nación; que nuestras manos siempre estén extendidas para ayudarnos a caminar juntos.

Entonces, que esta Navidad sea el comienzo de una nueva y maravillosa etapa en nuestras vidas, que sea el inicio de un nuevo rumbo para el país. Que los valores de esta época venzan al odio, a la revancha, a la embriaguez que produce el poder y que, por el contrario, la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza, se conviertan en sentimientos y valores que nos acompañen todos los días del año.

 

Frenan circo de la CBI

La justicia se puso de pantalones largos. El juez Alcides Corbeta resolvió que es facultad de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del caso Messer convocar al expresidente Horacio Cartes y no del juzgado, por lo que no puede obligarlo a asistir al Congreso. El magistrado no se prestó al show mediático, por el contrario, le marcó los límites a esta comisión que evidentemente está desnaturalizada en su actuar y plantea cosas más propias de un show mediático antes que de una comisión de investigación.

EL juez Corbeta en su resolución explica que la CBI debe evaluar si la comparecencia por escrito del senador electo y proclamado Horacio Cartes, en vez de presencial, se da con justa causa. Recordemos que la semana pasada el ex presidente de la República manifestó públicamente su disposición a responder por escrito todas las preguntas que la CIB desee formularle.

La decisión de Horacio Cartes de cooperar con la investigación para declarar por escrito, bajo fe de juramento, con todas las consecuencias en caso de apartarse de ello, se dio en el marco del uso de su facultad que como senador electo y proclamado le faculta la Constitución Nacional y las leyes, especialmente el Código Civil.

El juez Corbeta acaba de marcar los límites de actuación a la CIB, dentro de la constitución y las leyes. La resolución del magistrado no se prestó a un mamotreto, que es parte del show mediático montado en el Congreso Nacional por parte de algunos miembros de la CBI, con el apoyo de medios de comunicación “amigos”.

A esta altura para todos esta claro que existe un desborde en la CIB, fruto de la informalidad con que se manejan algunos de sus miembros, a todos queda claro que esta comisión no está queriendo buscar la verdad, llegar al fondo de un hecho que podría ser punible. Lo notorio en esta comisión es el intento de persecución política a Horacio Cartes.

La justicia tiró por tierra el disfraz jurídico de la CBI, el afán inquisitorio de este colegiado chocó contra el frontón de la justicia. Es motivo de celebración que aún existen jueces valientes, que sin temor a los títulos catástrofe de “medios amigos” o a la presión política se apegan a derecho y actúan en consecuencia.