Tarde o temprano, Quintana volverá a la cárcel

La liberación del diputado Ulises Quintana, procesado por el cargo de narcotráfico y un rosario de otros hechos punibles, es la crónica anunciada de un grosero atropello a la legalidad, así como de la ratificación del sistema de impunidad que beneficia sin disimulo a los “amigos” del poder político. En esencia, lo acontecido en este caso pone de manifiesto, una vez más, el carácter selectivo de nuestra justicia, utilizada como garrote contra los adversarios de los “amos y señores” del momento, y como “varita mágica” para convertir a delincuentes de su entorno en “blancas palomitas”.

Los antecedentes del caso no dejan lugar a equívocos. El 7 de setiembre fue detenido en Ciudad del Este Reinaldo “Cucho” Cabañas, sindicado como jefe de una banda de traficantes de drogas. Y se desató el escándalo.

De inmediato se supo que Quintana, principal referente del oficialismo en Alto Paraná, utilizaba una lujosa camioneta de propiedad del presunto “capo” mafioso. Después aparecieron audios (no dos, ni tres, sino seis) en los que el legislador hace “gestiones” para liberar a un secretario de “Cucho”, detenido con 190.000 dólares, que tenían por finalidad la compra de cocaína en la Capital, según la Senad. Y como remate, se sumó luego la publicación de una foto de Cabañas con el mismísimo presidente de la república, entonces candidato, en el quincho de su casa.

Existían, pues, sobradas razones para buscar cerrar el capítulo a como diera lugar. Hubo mucha presión, muchísima, a fin de liberar a Quintana. Los líderes “añetete” de la bancada de Diputados se sentaron al lado de Quintana, en la audiencia que trató y rechazó el levantamiento de su prisión preventiva. El presidente del Congreso, entonces Silvio “Beto” Ovelar, se manifestó reiteradamente a favor de su libertad. Y como si eso fuera poco, también lo hizo, a través de las redes sociales, el titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, senador Enrique Bacchetta, proclamando su inocencia.

Dichos intentos, sin embargo, fracasaron. Había que dejar pasar más tiempo, que transcurran los comicios municipales en Ciudad del Este, pero no mucho más, por el nerviosismo que evidenciaba el legislador preso, que se podía traducir en declaraciones “inconvenientes” para el gobierno. Y entonces apareció en el ruedo la jueza Narváez, de comprobada idoneidad para ejecutar una maniobra tan rastrera.

Ahora habrá que seguir con mucha atención lo que haga o deje de hacer, por ejemplo, el Jurado de Enjuiciamiento, que por mucho menos y en base a publicaciones periodísticas sin sustento, sancionó al juez Marino Méndez. Pero claro, por consideraciones políticas, en ese caso no recurrieron a la “varita”, sino al “garrote”, para castigarle por haber beneficiado con su fallo a Javier Zacarías, es decir, a un enemigo.

La misma recomendación vale para la Cámara de Diputados, que por razones infinitamente menos graves a las protagonizadas por Quintana, expulsó de su seno a José María Ibáñez, aunque los pronósticos no son nada alentadores, dado que por más de 10 meses le dieron permiso para… ¡¡estar preso!!

A decir verdad, si hay algún lugar a donde tarde o temprano debe volver el diputado Quintana, no es a la Cámara, como pretende, sino a Viñas Cué, de dónde no debió haber salido.

 

Un asalto que “no cuadra”

La noticia “explotó” a primeras horas de ayer, domingo. Un grupo de 50 maleantes (40 o 30, según algunas fuentes), se apropió de la localidad de Cruce Liberación por aproximadamente 30 minutos e hizo “volar” por los aires la pequeña sucursal del Banco Visión, de donde habría sustraído nada más que 1.000 millones de guaraníes; es decir, alrededor de 20 millones per cápita o a lo sumo 33, en la versión que habla de una cantidad menor de participantes. Y junto a este hecho, por demás sugestivo, también resalta la inacción de los organismos de seguridad, antes, durante e inmediatamente después del brutal atraco, que segó la vida de un joven.

¿50 “soldados” -o 40 o 30- para un botín tan poco apetecible? ¿Tal vez había más y no lo sabemos, dado que aún no hay información oficial al respecto? ¿O los “malandros”, a pesar del poder operativo que demostraron, disponían de una información errónea?

La verdad es que no existe ninguna proporción entre la envergadura de la acción criminal y el blanco escogido por los estrategas del golpe. Muy diferente a otros casos, como el de Prosegur de Ciudad del Este, en el 2016, o el atentado contra Jorge Rafaat, en Pedro Juan Caballero, o las disputas entre facciones mafiosas en Ypehú, más recientemente. En todos ellos hubo una correlación directa entre la fuerza empleada con el objetivo a conquistar. ¿Por qué no en este, en el cual el desequilibrio entre lo uno y lo otro, aparentemente, es por demás notoria?

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, también se refirió a este tema que a cualquier observador llama la atención, señalando que se trata de una de las cuestiones claves a dilucidar. “Resulta un contrasentido, salvo que hayan actuado en base a datos equivocados, lo cual se sabrá como resultado de las investigaciones”, resalto.

El problema que Villamayor no puede explicar es la nula respuesta de los órganos de seguridad, léase Policía Nacional, Dirección de Inteligencia, etcétera. Hasta el fracaso en la prevención puede entenderse, tomando en consideración la experiencia en el campo internacional, en donde abundan los casos en los que no pudieron abortarse desde atracos hasta atentados extremadamente graves. Pero, ¿por qué no se produjo respuesta alguna durante los 30 minutos del atraco, ni tampoco después, para evitar la fuga?

Puede ser pura negligencia, incapacidad absoluta, lo que confirmaría la tesis respecto a que la Policía Nacional es sobrepasada por los actos criminales de relevancia, o bien podría tratarse un caso más en el que, ubicados en el polo opuesto de sus funciones, los encargados de brindarnos seguridad están implicados en el ilícito.

Ambas hipótesis fueron rechazadas de plano por el ministro del Interior, aunque no sabemos por qué, sobre todo si contrastamos su postura con lo sucedido en las últimas décadas en esta materia.

En resumidas cuentas, el asalto a Visión deja aristas que generan muchas dudas, hechos que “no cuadran” y para cuyo esclarecimiento debería llevarse a cabo una investigación exhaustiva, caiga quien caiga; slogan este muy repetido pero que en los últimos tiempos se transformó en nada más que un cascarón vacío.

 

Calamitoso: Así fue el ciclo legislativo que ahora culmina

Escándalos continuos, seguidilla de destituciones de muy dudosa legalidad y “avivadas” para incrementar sueldos a funcionarios amigos, son algunas “perlas” del largo rosario de irregularidades cometidas en el ciclo legislativo que expira el próximo domingo. El peor de todos a los que pudiera compararse a lo largo de la etapa democrática, nulo en productividad y en elaboración de una agenda país, reemplazada por libretos de prensa que fueron ejecutados por una mayoría de sumisos diputados y senadores.

Paradójicamente, en el transcurso de la semana seremos testigos de “exhaustivos” análisis que harán del informe del presidente de la república al Congreso. Muchos se codearán para salir en la foto cerca de Marito, otros disputarán los micrófonos para felicitar su “extraordinaria gestión” y, desde luego, también se escucharan críticas. Pero nadie esbozará algo que se parezca a una autocrítica. Y esto es lo más grave. Se acostumbraron a tantas aberraciones, a tal punto que en el presente ya les resultan “normales”.

La realidad, sin embargo, es inocultable. Senadores inició el presente periodo con dos personas usurpando bancas que les pertenece a otros, electos por el pueblo y proclamados por las únicas autoridades facultadas para el efecto. Diputados, poco después, puso en marcha el método del “juicio express”, para despojar de su investidura a José María Ibáñez, quien se adelantó al hecho y renunció al cargo. Acto seguido, el Senado hizo lo propio con Oscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, a los que se sumaron Víctor Bogado y Dionisio Amarilla, por ahora.

Nuestra valoración de tales hechos sería positiva, si hubieran sido el resultado de procesos imparciales, serios, para combatir la corrupción, pero está sobradamente demostrado que no fue nada de eso. Solo vimos vendettas políticas, que se ejecutaron fuera de los marcos legales y en desconocimiento de lo dispuesto por miles de electores. Y como consecuencia de ello, los corruptos de todos los pelajes, así como los esquemas que implementan, gozan de muy buena salud.

Los pugilatos en el Senado fueron tan frecuentes como grotescos. Payo Cubas demostró cuán bajo había caído la institucionalidad de la república. Y si en la cámara Bajaba no pasó lo mismo, fue, tal vez, porque Kattya usa faldas en lugar de pantalones.

En fin, esta ha sido la constante, aunque a ello hay que agregar al menos otras dos cuestiones de relevancia. El aumentazo encubierto que hicieron vía Presupuesto General de la Nación, a favor de funcionarios amigos, y el ingreso masivo de nuevos empleados a la administración pública. Lo primero, felizmente desbaratado, le iba a significar al Estado paraguayo otros 20 millones de dólares, que es mucho para un país pobre como el nuestro, en tanto que para lo segundo, como muestra, vale decir que solo en Diputados se produjeron 500 nuevas incorporaciones.

Esperemos que el ciclo 2019-2020 sea radicalmente distinto y que los reacomodos políticos que se están dando en el Congreso apunten en ese sentido, porque el que ahora concluye fue desde todo punto de vista espantoso, sencillamente para el olvido.

 

Domésticas, versión “moderna” de los mensú

La Cámara de Diputados sancionó ayer la ley que establece el salario mínimo del 100% para las trabajadoras domésticas y, como si se tratara de la peor noticia económica, de inmediato ardió Troya. La tradicional “solidaridad” de muchos paraguayos se transformó en su opuesto, cediendo paso a un sinfín de advertencias sobre el colapso social que se avecina, y no son pocos los supuestos defensores de la Constitución que se sumaron a la histeria colectiva, con la insana pretensión de mantener un sistema semi esclavista, como el que sometía hace 100 años a los mensú para beneficio de las grandes compañías yerbateras y tanineras. Y encima lo hacen en tono “doctoral”, en nombre de la “racionalidad” y la “gradualidad”, que en el plano teórico evitarían presuntos males mayores, pero en la práctica significaría postergar, sine díe, derechos ultra básicos de 232.000 paraguayas, las más pobres entre los pobres.

Los cuestionamientos a la norma giran en torno a tres aspectos fundamentales: Que muchas familias no pueden pagar el mínimo, que eso supondrá el despido de numerosas trabajadoras y que su puesta en vigencia aumentará la informalidad.

En cuanto a lo primero, resulta sencillamente vergonzoso que alguien se atreva siquiera a exponerlo como argumento. Es inadmisible que para garantizar el bienestar de una familia, se justifique pisotear con vileza la dignidad de otras, y más aún que se persevere en darle rango legal a la desigualdad entre ciudadanos que tienen derecho al mínimo y otros que no, violando expresas garantías constitucionales, como las establecidas en el artículo 46, que dice: “Todo los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. NO SE ADMITEN DISCRIMIANCIONES. El Estado removerá obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”.

Más claro, imposible, salvo para políticos inescrupulosos que defendieron un salario inferior, “discriminativo”, para las empleadas del hogar (70% del mínimo), demostrando con ello su nulo apego al Estado de Derecho y su notoria insensibilidad social, como en los casos de Patria Querida y otras agrupaciones.

Dicho esto, no puede desconocerse que la vigencia efectiva de la ley, que llevará su tiempo y no pocos conflictos, implicará nuevos problemas. Personas que para ir a trabajar dejan a sus hijos con una trabajadora doméstica, de medio sueldo y una jornada de 12 horas, ya no lo podrán hacer. Eso es así. Pero la solución, repetimos, no puede ser someter a otra persona al inhumano régimen de servidumbre, heredado del feudalismo, sino estableciendo mecanismos alternativos, como guarderías públicas y en las empresas privadas con más de 50 funcionarios, como prevé la legislación laboral.

Respecto a la “ola de despidos” que se preanuncia, no existe ningún estudio serio que avale esa teoría. Lo único que se sabe es que tal cosa no ocurrió en Brasil, ni Argentina, ni en Uruguay, ni en ningún otro país, donde se decía lo mismo para tratar de abortar el justo reclamo.

Y de la mayor informalidad, solo podemos decir que es un absurdo gigantesco. En primer lugar, porque solo el 5% del sector doméstico es formal, según datos del IPS, lo que implica que ya percibe el mínimo. Y en segundo término, porque su vigencia es justamente para formalizar lo que está en negro.

Parece mentira que tengamos que hacer estas puntualizaciones, al filo de completar la segunda década del siglo XXI.

Hay que dejar de lado tanta hipocresía y desterrar, de una vez por todas, la “cultura” del mensú.