Editorial

Terminar con la persecución contra juramento de Cartes y Duarte Frutos

El gobierno que iniciará su mandato el próximo 15 de agosto, será el quinto del siglo 21.

La crisis surgida en torno a si Horacio Cartes, actual presidente de la República tiene o no derecho a ser senador activo, debe superarse por el bien del proceso

Para que el mismo pueda asumir su banca, primero tendría que renunciar a su cargo de presidente, algo que pretendió hacer pero que el Senado frustró negándole quórum en la sesión donde el Congreso debía aceptar o rechazar su renuncia. Un mero trámite que, al no tratar su renuncia (no la acepta ni la rechaza), impide que jure como senador activo. Y la historia sigue, se tendrá que convocar otra sesión especial.

El resultado de este impedimento por razones del antagonismo político es la agudización de los enfrentamientos y no la pacificación que se requiere para arrancar una etapa generando para el futuro, amenazantes dificultades para la gobernabilidad.

Pero, ¿cuál es la verdadera razón de este desencuentro tan agudo y, al parecer, sin solución a la vista? El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han dado vía libre a la candidatura de Horacio Cartes y la del ex presidente Nicanor Duarte Frutos, y ambos resultaron electos como senadores activos en elecciones democráticas. Entonces, si ambas instituciones han autorizado y avalado la candidatura de ambos, ¿por qué es calificada como anticonstitucional por quienes se niegan a abrirles el paso para que ocupen sus respectivas bancas?, como lo harán los demás candidatos que también fueron electos de la misma manera. De hecho, se podría afirmar que tanto los senadores opuestos a que juren se ubican por encima del TSJE y de la CSJ, sin acatar sus decisiones. ¿Puede ser calificado ese gesto como rebeldía?

Habría que pensar entonces que tiene más poder en cuanto a interpretar lo constitucional y lo inconstitucional quienes están en contra del juramento de Cartes y Duarte Frutos, y no la CSJ, que tiene precisamente el deber de dictaminar en esos casos. En el Artículo 259, de los deberes y de las atribuciones [de la CSJ], en su inciso 5, expresa con toda claridad: “conocer y resolver sobre inconstitucionalidad”.

El gobierno entrante tendrá muchas otras tareas que encarar y problemas por resolver para cumplir con sus promesas y, para eso, deberá movilizar y atraer a todas las fuerzas políticas y sociales, sobre todo, debe contar con el apoyo y respaldo de todo su partido, la ANR. Es necesario que haya un diálogo abierto, con la firme decisión de llegar a acuerdos, en primer lugar entre los dos movimientos más importantes de la ANR y, en lo posible, otros partidos y movimientos políticos y fuerzas sociales.

Hay que tener grandeza e inteligencia para dejar de lado los obstáculos que se presenten. La tarea es que la Nación crezca, se desarrolle y termine de una buena vez con los males que nos aquejan, en vez de desgastarnos en luchas inútiles.

 

Editorial

Idoyaga y la cortina de humo

Si no fuera por la historia de la supuesta coima que quien la habría pagado niega sistemáticamente, el Dr. Hugo Idoyaga tendría que estar dando explicaciones a la ciudadania sobre las razones por las cuales la institución bajo su responsabilidad aflojó todos los controles para que una inmensa cantidad de carne ingresa ilegalmente al Paraguay.

Pero Idoyaga no acudió a este deber de todo funcionario de explicar a los ciudadanos porque hubo un hecho “ casual” que le ayudó no solo a zafarse de tal obligación sino a mudar la atención a otro sitio (una típica cortina de humo): la denuncia de supuesto cobro de coimas que nadie puede hasta hoy presentar un solo elemento de prueba.

Idoyaga es un hombre que conoce a fondo el funcionamiento por delante y por el revés del mundo de la ganadería y sus negocios. No era un funcionario cualquiera sino un hombre vinculado a figuras claves del negocio ganadero.

No es de extrañar que salten a oficiar de replicadores de la teoría de la coima dos componentes del gremio que estaban en cotidiano contacto con Idoyaga, los señores Trapani y Serrati. Los tres forman parte de un multimillonario esquema de privatización de la vacunación animal, el primero como fiscalizador, el segundo como Presidente y el tercero como uno de los proveedores de las vacunas, según explicó a la 970 el propio Ministro de Agricultura.

Mucho mas que rigor y seriedad, lo que aparenta ser es una rosca defendiéndo de una acusación grave a uno de sus integrantes, que es normal que sea despedido tras tan grave sucesión de hechos.

El problema del Estado Paraguay y sucesivos Gobiernos es que con frecuencia caen en la tentación de colocar a fiscalizadores de procesos o de reguladores, a personas que forman parte de roscas de confianza de intereses creados de determinados gremios. Con el tiempo se convierten en una especie de zorros cuidando gallineros.

El sector ganadero es un sector que enorgullece a la economía nacional. Sus exportaciones son claves para darle a Paraguay un status de calidad que muy pocos países poseen en el mundo entero. Cuando un Gobierno sale a dar una fuerte lección de seriedad ante una irregularidad que se esta cometiendo es porque siente el deseo de preservar el liderazgo y transmitir al mundo un mensaje sobre un país en el que no se perdonan errores a la hora de preservar la calidad de un producto.

La cortina de humo montada probablemente para evitar que Idoyaga rinda cuenta sobre sus responsabilidades huele mal.

 

Editorial

Entre el pragmatismo y la falta de racionalidad

El pragmatismo está basado en el principio de que toda concepción abstracta tiene sentido solo y en cuanto influye en la experiencia concreta. Esta doctrina presupone que toda realidad tiene un carácter práctico, y que éste se expresa del modo más eficaz en la función de la inteligencia. Son varias las situaciones que se plantean a diario en la realidad que requieren de pragmatismo para superar las dificultades; pero, sobre todo, es en la política donde constituye una herramienta indispensable a la hora de enfocarse en el logro de su fin último que es alcanzar el bien común para toda la sociedad.

Dicho esto, es interesante reflexionar sobre los últimos acontecimientos ocurridos en nuestra realidad política donde los intereses mezquinos y más que nada, la falta de racionalidad –como bien lo expresó el senador Juan Carlos Galaverna recientemente- es lo que primaron al momento de tomar las decisiones que afectan al país en la actual coyuntura.

En efecto, debemos exigir una mayor cordura de nuestra clase dirigente para que no se dejen llevar por los intereses sectarios y revanchismos políticos o personales, para restablecer la necesaria institucionalidad de nuestra república.

Para ello es fundamental ser pragmáticos y mirar lo que realmente conviene al país en este momento en el que se apresta a iniciar un nuevo periodo legislativo y bajo un nuevo gobierno. La lucha electoral ya terminó por lo que todo el esfuerzo se debe orientar y dirigir hacia el logro del primer gran objetivo que debe tener el presidente electo Mario Abdo Benítez y que es asegurar la gobernabilidad. Pero, para que esto se concrete debe tener cerca a sus aliados y qué mejor que el partido que lo llevó al poder para ello.

El tratamiento de la renuncia del presidente de la República, Horacio Cartes, debería ser el primer paso para restituir la necesaria estabilidad dentro del partido y por consecuencia, también para el país. Debemos partir de la premisa que el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política por lo que hay una responsabilidad compartida de todos los actores, a quienes exigimos claridad, madurez y sobre todo, pragmatismo en sus decisiones.

 

Editorial

Están en riesgo los liderazgos y la idoneidad

Los extremos son negativos, nos imponen pensar en blanco o en negro, cuando en la práctica las gamas cromáticas son casi infinitas y forman parte activa de la realidad. Bien puede aplicarse este axioma al debate que genera el Proyecto de Ley de Paridad Democrática que está polarizando las miradas sobre dicho proyecto legislativo. Como sociedad corremos el peligro de caer en la trampa del maniqueísmo, de pretender valorar el tema como bueno o malo sin términos medios.

No hay punto de discusión en la importancia y necesidad que tiene la sociedad paraguaya de un protagonismo paritario de las mujeres en la construcción del desarrollo nacional. Esta no debe ser solo una aspiración de las mujeres, debe ser la ambición de todos, y desde los sectores público y privado debemos trabajar para su concreción. Ahora, este legítimo argumento no puede invalidar el hecho de que los liderazgos y las aptitudes son los elementos fundamentales a la hora de mejorar Paraguay, porque la religión, el género, el sexo o la raza no garantizan el liderazgo necesario para conducir a otros a la concreción de un objetivo establecido. Definitivamente no garantizan la cualidad requerida en una persona para ejecutar un fin determinado.

El citado proyecto de Ley debe ser debatido desapasionadamente y sin hipocresías. Porque la ausencia de paridad no es un problema político, ante todo es un problema cultural, una ley no puede transformar la idiosincrasia arraigada del machismo en la sociedad paraguaya. Su aniquilación obedece a un conjunto de acciones transversales en el seno de la sociedad, en las organizaciones públicas y privadas.

El abordaje del proyecto de Ley por parte de los sectores políticos fue intenso antes que estratégico, se “electriza” el ambiente nacional para obligar a los legisladores a concebir una legislación de cumplimiento imposible, que además pone en riesgo los liderazgos y la idoneidad. Los valores de la preparación y el esfuerzo para lograr objetivos serán innecesarios, basta con esperar que se ejecute la tiranía del “cuoteo” impuesto por la Ley de Parida Democrática para ejercer un cargo u ocupar un puesto.

A estos argumentos se suman los jurídicos, el proyecto de Ley impone el 50% de participación sexualmente paritaria. Esto colapsa directamente con varios artículos de la Constitución Nacional que establecen precisamente lo contrario a lo que pretende el proyecto legislativo en discusión. Así encontramos que el artículo 47 de la Carta Magna garantiza a todos los habitantes -hombres y mujeres- de la República: la igualdad para el acceso a la justicia; la igualdad ante las leyes; la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura.

En el art. 88 de la Constitución Nacional también se establece que: “No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales”. Sin embargo, el proyecto de Ley de Paridad establece la discriminación al impedir que un 50% pueda tener la libertad de acceder a un cargo por no ser de sexo femenino.

A su vez en el art. 118 señala que: “El sufragio es derecho, deber y función pública del elector. Constituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto; en el escrutinio libre y fiscalizado y en el sistema de representación proporcional”. El proyecto de paridad elimina la libertad democrática de elegir, puesto que se le impondría una cuota de hombres y mujeres por los cuales decidir.

El análisis de la Ley de Paridad debe leudar en la sociedad, que fermente lo suficiente como para en medio del sano debate, encontrar soluciones prácticas que brinden respuestas reales a las necesidades de hombres y mujeres, que respondan al pragmatismo electoral que requieren las organizaciones políticas y de la sociedad civil. Sobre todo, que sea realmente útil a la necesidad de la función pública que requiere de personas ante todo capaces de cumplir una función encomendada con eficiencia y eficacia.