• Por Óscar Lovera Vera
• Periodista

El verano incomodaba ese lunes 19 de diciembre del 2005, faltaba muy poco para la Navidad y la gente se alteraba en las calles como cada año. Sung Sim Lee Yi –una joven coreana de 35 años– ya llevaba un tiempo viviendo en el país y conocía el frenético ritmo de cada final de año.

Ella terminó sus labores del día y estaba agotada después de esa dura jornada en el Mercado 4, donde trabajaba como comerciante en el local Santo Domingo. Su reloj de pulsera marcaba las 19:50; el tiempo ideal antes de la cena para disfrutar con sus hijos. Al fin llegó, estacionó su vehículo en el 1963 de la calle Pampa Grande del barrio San Vicente.

La joven cruzó el patio de su casa, mientras pensaba en qué comer y si la niñera habría logrado que los niños se aseen y hagan la tarea. Se paró frente a la puerta y llamó a ella, nadie respondió. Volvió a golpearla esta vez con mayor fuerza y el silencio solo le devolvió preocupación. Intentó abrir bajando la manivela de la cerradura, pero estaba bajo llave. Algo ocurrió, pensó. No quiso que el temor la agobie e intentó una vez más pero no hubo caso. Ya no le queda saliva por tragar, la angustia esta vez le dejaría con la garganta seca.

Estaba tan nerviosa que el pulso acelerado la dejó sudando, una gota fría surcó su espalda cortando lo último de paciencia que le quedaba.

Sin respuesta, Sung respiró hondo, se habló a sí misma, convenciéndose que quizás la niñera y los niños hayan salido en busca de algo que necesitaban, pero otra voz en su cabeza le decía que la mujer que los cuidaba no era de salir. El pavor aumentaría para ella cuando todos los teléfonos de la casa le derivaban al contestador automático.

Algo perturbada, pensó rápido y encontró la solución en sus vecinos. Fue a pedirles que le ayuden a abrir la puerta, varios de ellos se sumaron. Entre varios hombres forzaron la puerta y lograron abrirla. Algo terrible quedaría al descubierto, el pavor trasmutó en silencio que cortó el bullicio por un instante.

MÁS TEMPRANO

Eran las 10:30 de ese 19 de diciembre. El visitante entró a la casa sin contratiempos. La niñera: Antonia Bauer, de 40 años, lo recibió y fue a la cocina, el visitante la siguió hasta ahí. Ella cocinaba el almuerzo, el hombre aprovechó su concentración para tomar un cuchillo de carnicero que estaba en un cajón de la alacena, caminó unos pasos y comenzó a atacarla con voracidad apuñalándola por la espalda. Una y otra vez enterró ese cuchillo, desgarrando el vestido de Bauer, la piel y tejidos.

Veintisiete veces la apuñaló. Para reducirla, primero la atacó clavando el cuchillo dos veces en la zona lumbar –izquierda y derecha– una de cada lado. Luego incrustó el arma nueve veces en su pecho y seis veces en el abdomen. Aún no acababa, bañado en sangre continuó asestando heridas en los brazos, en ambos, diez veces en total. Era un carnicero.

Estaría agotado, solo su respiración se oiría en ese momento. La mujer yacía en el suelo empapada en su sangre. La olla impregnaba de vapor la cocina, la silueta siniestra rompería ese humo al atravesar la puerta y dirigirse a la habitación de los niños, aún tenía asuntos pendientes.

Jae Lee Yi, de 3 años, dormía en la cama. Su rostro resplandecía al darle de pleno la luz de un lámpara de mesa. La silueta de ese visitante se asomó al cuarto, dejó por un momento el cuchillo de carnicero, quizás con él se compadeció; un poco…

El asesino con una mano tomó al niño del cuello y sujetó su rostro contra la almohada, y con la otra mano ejerció una presión brutal en la espalda del pequeño, que en ese momento se sacudía de la desesperación. Esa fuerza quebraría la espina dorsal como cristal, Jae murió asfixiado.

Faltaban dos niños: Seung y Young Lee, de 12 y 10 años. Ambos estaban en la escuela. El asesino los esperó, tomó de nuevo el cuchillo de carnicero y se sentó aguardando a sus próximas víctimas.

Eran las cuatro de la tarde, los dos hermanos llegaron del colegio. Young quiso tomar un baño. En tanto que Seung fue y se acostó a lado de su hermano pequeño –él pensó que dormía– y no se percató que estaba muerto. Young abrió la llave de la ducha, y dejó caer el agua sobre su pequeño cuerpo. La puerta estaba abierta, solo se escuchaba el agua azotar contra el suelo y luego colarse por la rendija. El asesino lo vio de espaldas, mirando a los azulejos, concentrado de seguro en alguna caricatura o vivencia de su inocencia. Con paso lento se asomó para que el niño no se percatara que estaba ahí. Con una mano sostenía la ropa interior del pequeño y con la otra su cuchillo.

Se arrojó contra él y lo amordazó con la prenda de vestir, el pequeño se sacudía de la desesperación, ahí incrustó la hoja del cuchillo en el débil y pálido pecho de Young, muy cerca de la clavícula del lado izquierdo. El asesino no se detuvo y continuó apuñalándolo tantas veces que la sangre no dejaba distinguir las perforaciones.

El niño se agitó con los brazos intentando defenderse. La afilada hoja del arma le provocó heridas profundas. La sangre bullía a borbotones y se desteñía con el agua que aún brotaba de la ducha, colándose en la ranura del desagüe.

FALTABA EL MAYOR DE LOS HERMANOS

Seung estaba acostado a lado del cadáver de su hermano pequeño, pero él seguía sin percatarse. El visitante volvió por él a la habitación. Sus pasos nuevamente denotaron sigilo hasta que se paró justo a lado de la cama; ahí descargó nuevamente su furia contra el único que hasta ese momento quedaba vivo. La piel delgada se desgarró con el primer corte, fue tan profundo lo que caló la hoja del cuchillo en la espalda –muy cerca del omóplato, entre la quinta y sexta costillas– que perforó el tórax. Nuevamente hundió su arma sobre él, esta vez la herida sería bajo su pecho, dejándolo prácticamente inmóvil. Pero no sería suficiente para el visitante. En un acto demencial, continuó infringiendo heridas al cuerpo de Seung, 23 perforaciones en las zonas lumbar, tórax y abdomen; al punto de dejar las vísceras al descubierto. El monstruo habría acabado y escapó.

UNA CONFUSA INVESTIGACIÓN

Más vecinos rodeaban la casa en el barrio San Vicente. La Policía de homicidios perimetró el lugar con una cinta y pidió a los agentes de criminalística documentar todo. Sung Sim Yi estaba deshecha. El golpe de ver a sus hijos y a la niñera muertos –con una saña inusitada– la dejó con la mirada fija en un punto en el vacío, sin poder hablar. Exhalando e inhalando aire solo para continuar reviviendo las imágenes que la atormentaban en su cabeza.

Esa misma noche la Policía tejería su primera sospecha: Esto fue una venganza, investiguen a la niñera oficial, ordenaba con voz de mando el comisario Néstor Sosa, jefe de Homicidios. Los investigadores tenían una hipótesis de un novio celoso de Bauer, pero lo descartaron pocas horas después. No tenían suficientes pruebas. Segunda tesis: La Policía sospechó del tío de los pequeños: Chang Sung Lee, hermano del padre. Pero poco después desecharon nuevamente la idea ya que comprobaron que viajó a México, su boleto tenía fecha el 17 de diciembre y retornó el 21 de ese mes para el entierro de los niños. Chang conversó con los agentes y atinó a decir que una deuda impaga podría ser el desencadenante de la masacre, la Policía nota como también el rumor de que Chang mantuvo una relación amorosa con Sung y esto provocó la ira del papá de las víctimas.

El comisario Sosa estaba confundido y dubitativo –pero sin perder el instinto de sabueso que desarrolló con los años y que lo pusieron como jefe de departamento– pidió investigar al padre: Jae Jung Lee, un hombre de negocios de 38 años.

El ciudadano coreano negó matar a sus propios hijos pero sí reveló que tenía la intención de llevarlos con él al Brasil –donde residía mayormente–. Su relación matrimonial con Sung Sim Yi estaba acabada. Las sospechas sobre él no se disipaban pero el agente Sosa no tenía nada en su contra.

UNA TESTIGO, LAS PRUEBAS Y EL CUCHILLO

El comisario Sosa ordenó a un grupo de agentes, indagar a todos los vecinos de la cuadra; en ello una vecina se acercó y relató –con la voz entrecortada por los nervios– que vio a un hombre oriental con una gorra puesta llegar a la casa de los Lee a la misma hora en que habría ocurrido los asesinatos. Más tarde, le exhibieron una foto de la familia e inmediatamente reconoció esa gorra en la foto; la llevaba puesta Jae, el papá. La vecina recordó una situación más, ese hombre que entró a la casa llevó una mano al bolsillo, habría sacado una llave y esto lo dejó entrar. El fiscal de la investigación nunca ordenó la detención de Lee.

A esto se sumó la desaparición de un cuchillo de la cocina. Sung aseguró a los agentes que le faltaba este elemento en la alacena. Los agentes comprobaron que la llave que usaba la niñera estaba en la cerradura de la puerta, colocada por dentro. El asesino aseguró la puerta con llave antes de huir.

UNA EXTRAÑA DECISIÓN

Año 2009. La investigación estaba empantanada, solo la familia de Antonia Bauer ejercía presión para que la Fiscalía y la Policía investiguen, nada ocurría. El fiscal Alberto González perdió la titularidad de la investigación y ordenaron a la agente Teresa Martínez ocupar su lugar. La nueva investigadora removió los documentos del expediente y entendió que un potencial sospechoso era el padre de los niños. Envió un oficio a un juez penal, Pedro Mayor Martínez, pidiendo la captura de Lee. Sin embargo, era muy tarde; Lee escapó a su país. En Corea no extraditan a sus nacionales, el hombre se escudó con esto dejando muchas dudas sobre si fue o no el asesino.

Pero algo más insólito sucedería después, Sung –la madre de los niños– pese a ser paraguaya, optó por ir también al país de Asia. Dejó de lado la búsqueda del hombre que mató a sus hijos y nunca se comprobó quién fue aquel sangriento visitante.

Por Cinthia Mora, periodista.

La campaña de perse­cución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alca­raz, con el objetivo de invo­lucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se inves­tiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.

En agosto de 2023, al asu­mir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las reco­mendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los gra­ves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la apli­cación de protocolos para evi­tar tales situaciones y corre­gir los malos manejos.

Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funciona­rios asignados a la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico y la apli­cación de los protocolos reco­mendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministe­rio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Can­tero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.

Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministe­rio Público aportaron infor­mación relevante que permi­tieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.

El documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández fue descubierto gracias a la colaboración de la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz (Crédito: Acta de imputación)

EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS

Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos infor­mes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inte­ligencia Financiera.

La respuesta de la Sepre­lad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brú­jula” de la investigación fis­cal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este docu­mento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección Gene­ral de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.

El documento secreto fue uti­lizado como base para la ela­boración del informe de inte­ligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministe­rio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “informa­ción espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institu­ción. En el borrador se intro­dujo información falsa y ter­giversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.

Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución polí­tica ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.

El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electróni­cos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcio­narios de la Unidad de Inteli­gencia Financiera de la Sepre­lad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.

En estos correos se detalla la manera en que fue incorpo­rado el documento secreto, redactado por Farías y Fer­nández, al circuito institucio­nal de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos tam­bién se ordenaba incorporar al documento oficial infor­mación tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.

DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC

Publicaciones de tinte mali­cioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sis­tema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.

La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencio­nado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.

Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extran­jero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercam­biar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de con­tacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el minis­tro de Seprelad Carlos Arre­gui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría