Peralta Vierci allana camino para el monopolio de tecnología china

En medio de protestas y una serie de suspicacias en los requisitos, el Mitic prácticamente entrega la soberanía de seguridad tecnológica a Huawei a través de otra megalicitación en la que reina la marca. Entre los oferentes favorecidos está Celexx, empresa atrasada en la construcción de la red de fibra óptica.


Fuente: La Nación

Por Rossana Escobar M.

rossana.escobar@gruponacion.com.py

Desde sus inicios la nueva megalicita­ción del Ministerio de Tecnologías de la Infor­mación y la Comunicación (Mitic), de aproximada­mente G. 150.800 millones, estaba preparada para favo­recer a los representantes de la marca de tecnología china Huawei.

Lluvia de protestas por los requisitos en las especifica­ciones técnicas y de factu­ración en el proceso de con­tratación de la institución conocida ya como “minis­terio Huawei”. La licitación corresponde a la adquisición de infraestructura tecnoló­gica y servicios conexos, de instalación, soporte y man­tenimiento para institucio­nes, proyecto, en conjunto con el Fondo para la Exce­lencia de la Educación y la Investigación FEEI, con fon­dos del Fonacide. Apuntan llegar a más de 2 mil escuelas y hay un presupuesto global de US$ 62 millones.

Ayer se realizó la subasta y según el acta facilitada por el viceministro Miguel Martin, reina la marca Huawei.



Las empresas Excelsis SA y Celexx SA, coincidentemente con la marca Huawei, son los oferentes que ganaron en precios. Cabe recordar que Celexx SA es la empresa adju­dicada para la construcción de la Red Nacional de Fibra Óptica de US$ 12 millones que lleva un año de retraso.

Según el acta remitida por Martin, Excelsis SA ganó los lotes 1, 2 y 3 que en total suman G. 73.810 millones, mientras que la firma Celexx lleva ventaja en los lotes 4, 5 y 6 por un total de G. 76.710 millones.

El director general interino de la unidad ejecutora del pro­yecto Hugo Tarabini señaló que estas empresas gana­ron en precios, pero deberán pasar por el análisis del comité de evaluación para las respectivas adjudicaciones. Consultado sobre qué haría falta para concluir, el mismo señaló que se deben estudiar si cumplen los requerimien­tos técnicos, de experiencia, etc., y eso lleva aproximada­mente tres semanas.


Precisamente son los reque­rimientos técnicos prácti­camente restringidos y la experiencia solicitada lo que generan cuestionamientos por parte de los oferentes que realizaron numerosas consultas para reducir sobre todo el promedio de factu­ración que favorece amplia­mente a una de las empresas que gana en precio.

Conocedores consultados hablan de que la dependen­cia tecnológica de China, que lleva adelante Peralta Vierci, es altamente peli­grosa en términos de segu­ridad. Estas licitaciones representan un puente para la interfaz a la quinta generación (5G), por lo que el monopolio es altamente vulnerable en términos de seguridad.

Medios internacionales incluso se han hecho eco de que en países del Reino Unido, Europa y otros se han restringido equipa­mientos de la marca Huawei por temas de seguridad y soberanía.


 

¿Quién es Rolando Duarte, el juez amigo del caso Friedmann?

El juez penal de Garantías Rolando Duarte, quien apareció en escena para ayudar al senador Rodolfo Friedmann y a su entorno en el proceso que se les abrió por sus vínculos con la empresa Eventos y Servicios SA que ganaba las licitaciones del almuerzo escolar en la zona del Guairá en el 2016 cuando Friedmann era gobernador, es un fuerte aliado del equipo de Colorado Añetete.


Fuente: La Caja Negra

¿Quién es Rolando Duarte? Actualmente ocupa el cargo de juez de Garantías Número 9 en Asunción, pero todo se inició el 17 de setiembre de 2018 cuando juró como juez de Fernando de la Mora, pero en marzo de 2019 ante la renuncia del magistrado Hugo Sosa Pasmor quien fue a ocupar un puesto en el gobierno de Mario Abdo Benítez, casualmente Duarte fue a interinar el puesto vacante de su colega, con el correr de los meses ya fue nombrado como titular en el cargo.

Pareciera ser mucha suerte para un novel juez el ascendente proceso, sin embargo el entramado de todas estas rápidas movidas viene por el lado político, ya que Rolando es el hermano menor de Juan Carlos Duarte, ex fiscal y actual director jurídico de la Entidad Yacyretá y muy ligado al movimiento Colorado Añetete. Esa esa la explicación del meteórico ascenso de Rolando en el mundo judicial.

Pero como es sabido todo lo que se gana por favores políticos, más temprano que tarde tiene que ser pagado con otros favores. Es entonces cuando el juez Rolando Duarte, interina a su colega el el juez José Agustín Delmás en el caso que investiga a Rodolfo Friedmann y en una semana tomó decisiones trascendentes en la causa.

Aprovechando que el caso estaba por unos días en poder del juez amigo, la defensa de Silvio Alvaro Alfaro y Lourdes González, primo y contadora de Friedmann respectivamente, que estaban hacía casi tres meses prófugos de la justicia, los presentó ante el magistrado y solicitaron el levantamiento de las órdenes de captura, sin embargo el fiscal Francisco Cabrera, quien interina a su colega Osmar Legal, recusado cuatro veces en este proceso, se opuso y se ratificó en la prisión, pero el juez Rolando Duarte ya tenía el libreto escrito y se ciñó estrictamente a ello, sin tener en cuenta nada les levantó la prisión.

Duarte no tomó en cuenta la conducta de los procesados quienes el 1 de setiembre pasado cuando el magistrado Delmás ordenó embargar las cuentas bancarias de la empresa ESSA SA, antes que llegue el oficio al Banco Nacional de Fomento en San Juan Nepomuceno, la contadora Lourdes González emitió dos cheques, uno por G. 500 millones y otro por G. 1.441.822.67 para retirar dinero de las cuentas de la empresa. El primer cheque fue cobrado por Elizabeth Leiva Álvarez y el segundo por César Rodrigo Leiva Álvarez, esposa y cuñado de Silvio Alvaro Alfaro respectivamente, por este grave hecho es que se pidió la prisión de estos dos procesados, quienes se mantuvieron prófugos, pero eso no contó como antecedentes para el juez amigo, quien les dio la libertad.

En este mismo caso Rolando Duarte en una veloz audiencia telemática, también le impuso medidas alternativas a la prisión a Rodolfo Friedmann y Marly Figueredo, quienes chicanearon la diligencia desde agosto, pero ahora que el caso estaba en poder de Rolando Duarte, ellos se presentaron sin problemas al saber que no se iba a ordenar su detención.

Pero los favores del juez amigo ya vienen siendo pagados antes del caso de Rodolfo Friedmann, en marzo del año pasado cuando los expresidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, presentaron un amparo para solicitar jurar como senadores, ya que fueron electos como tales por el voto popular, el caso fue a parar al despacho de Rolando Duarte, quien no le dio trámite al pedido y lo rechazó.

Claro, uno de los perjudicados si juraban estos dos senadores democráticamente electos iba a ser Rodolfo Friedmann, quien ocupa de manera inconstitucional una banca en el Senado.

También Rolando Duarte es recordado por ser el juez quien no dio curso favorable al pedido de prisión que el Ministerio Público solicitó para el expresidente de la Dinac Édgar Melgarejo por el caso de los tapabocas de oro.

En poco más de año y medio en el cargo de juez penal de Garantías Número 9 de Asunción, Rolando Duarte ya pagó con favores judiciales su meteórico ascenso.

 

Estado dejó de percibir US$ 8 millones por explotación de oro en Paso Yobái

En la conclusión de la auditoría que se mantuvo oculta en el MOPC se determina que no existen documentos respaldatorios del movimiento de ingresos y egresos de la firma CEMA S.A. Lo que sí se constató es que ésta empresa, que explotaba el oro de manera irregular, exportó por valor de US$ 100 millones en los últimos seis años. Es decir, tomando como referencia ese volumen de exportación, el Estado paraguayo, como mínimo debió recibir unos US$ 8 millones en concepto de regalías según establece la ley de minería.

Por Jorge Torres Romero

Una auditoría especial practicada al Viceministerio de Minas y Energía dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), detectó serias irregularidades en la explotación minera de Paso Yobai y reveló, entre otras cosas que no se existen reportes del pago de regalías por parte de la empresa CEMA SA, respecto a la exportación de oro entre el periodo de 2014 a 2018, por un valor cercano a los US$ 100 millones.

La secretaría de Estado ni siquiera cuenta con información precisa sobre la cantidad exacta de mineral extraído y la firma tampoco presentó ninguna documentación respaldatoria de sus operaciones.

La empresa CEMA, representada por Diego Casco Navarro y Hernán de Carli, explotó por casi diez años los yacimientos de oro en la localidad de Paso Yobai, Departamento del Guairá, sin tener autorización legal y según los hallazgos de la auditoría, exportó 2.894 kilos por casi cien millones de dólares sin el pago correspondiente de las regalías al Estado durante los años 2014 al 2019.

Según reporte de la Dirección Nacional de Aduanas a través del Expediente Nº 38816/18 de fecha 18/09/2018 referente a la exportación de oro en los últimos 10 años, se puede constatar que la empresa CEMA SA, realizó tales operaciones sin haber sido titular de una concesión minera.

Ausencia de comprobantes

El Equipo Auditor observó además que no pudo haberse determinado la liquidación de la Renta Neta de la empresa para el pago de las regalías debido a la ausencia de comprobantes respaldatorios que avalen los egresos incurridos durante la actividad desarrollada.

Según se pudo constatar, existen graves inconsistencias en las documentaciones que eran presentadas en las declaraciones de ingresos y egresos de la empresa, con lo cual pretendían abonar una irrisoria suma de 24 millones de guaraníes en concepto de regalías, cuando que la ley establece que deberá ser de entre un 2% al 8,40% sobre la renta neta trimestral de la concesionaria. Esto significa que la empresa dejó de abonar al Estado entre 2 a 8 millones de dólares.

Lo grave del caso es que el Viceministerio de Minas y Energía, que debía velar por el cumplimiento de la ley que rige la explotación minera de nuestro país, ni siquiera cuenta con información precisa sobre la cantidad exacta de minera extraído de la zona por las concesionarias.

El oro de Paso Yobái era explotado por dos empresas LAMPA SA, antiguamente en manos de unos canadienses, hoy en manos de unos chilenos, que es la única que tiene toda licencia para la explotación del mineral y CEMA que recién logró en setiembre de 2017 un contrato de cesión de derechos del 1%, contrato que fue homologado por el MOPC en 2018.

Este acuerdo, se encuentra actualmente judicializado. Es decir, los nuevos dueños de LAMPA se percataron de la irregularidad del referido contrato y plantearon una medida cautelar y posterior recisión de mismo.

En setiembre del 2018 dadas las continuas desavenencias con la directiva de CEMA, LAMPA decide resolver el contrato de cesión de derechos mineros. Esta decisión fue recurrida por CEMA y hay una causa judicial abierta ante la jueza Luz Marlene Ruiz Diaz.

Padrinazgos políticos

Detrás de la explotación ilegal del oro en Paso Yobái existe una fuerte protección política, según confirmaron los senadores Fernando Silva Facetti (PLRA) y Hugo Richer (Frente Guasú). Uno de los referentes políticos del Guiará es el senador colorado oficialista Rodolfo Friedmann, quien hoy está imputado por varios delitos vinculados a una empresa proveedora de alimentos a instituciones públicas. Friedmann, cuando se desempeñaba como gobernador había señalado que el negocio del oro movía en la zona cerca de US$ 2 millones por semana.

El senador Silva Facetti anunció que su bancada pedirá informe a las instituciones encargadas a fin de determinar la situación actual de las concesiones para la explotación del mineral precioso.

 

¿Quién controla el negocio del oro en Paso Yobái?

¿Quién controla el recurso natural que pertenece al Estado paraguayo? Esa es la pregunta del millón. Un revelador informe de auditoría, realizado por el MOPC y que se mantuvo oculto, revela que la firma CEMA S.A. sin tener permiso alguno para la exploración de cualquier mineral por parte de Estado Paraguayo logró exportar, en los últimos 10 años, casi 3 mil kilos de oro por valor de US$ 100 millones.

Una auditoría realizada el año pasado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al Viceministerio de Minas y Energías arrojó como conclusión una serie de irregularidades en el proceso de extracción de oro en la localidad de Paso Yobái, departamento de Guairá. Llamativamente, desde el MOPC cajonearon los resultados de dicha auditoría que concluyó en julio de este año. Ahora fue expuesto por el programa La Caja Negra (Unicanal).

Al respecto, Mauricio Bejarano, exviceministro de Minas y Energías, explicó en el programa Tempranísimo, radio Universo 970 AM y canal Gen, que inicialmente el oro de Paso Yobái era explotado (de manera legal) solo por la empresa LAMPA SA, antiguamente en manos de unos canadienses, hoy en manos de unos chilenos, que es la única que tiene toda licencia para la explotación del mineral.

Posteriormente, en el año 2017, la empresa CEMA ingresó al esquema de operación como una firma que acopiaba el oro comprado en Paso Yobái y otros sitios. “Como es sabido a nivel nacional, la explotación ilegal en Paso Yobái es de tiempos remotos y viene siendo constante, por lo que tuvimos que hacer denuncias ante el Ministerio Público y luego buscar la forma de legalizar”, recordó.

En ese sentido siguió contando que con la Asociación de Mineros Artesanales, como se autodenominan los lugareños que buscan oro, y la empresa Cema, se impulsó un proceso de legalización y formalización de dicha extracción ilegal y se dio un contrato de cesión de derechos del 1% para el oro en ese sitio, este contrato fue homologado por el MOPC en 2018.

En otras palabras, Bejarano remarcó que Lampa era la concesionada y que luego del proceso de formalización, Cema también estaba en condiciones de hacer sus exportaciones (por valor de 1%), con el debido pago de regalías al Estado paraguayo.

LLAMATIVA CANTIDAD QUE EXPORTABAN AMBAS FIRMAS

Entre los años 2014 y 2018, cuando aún no tenía el visto bueno del Gobierno, la empresa Cema exportó casi 3.000 kilos de oro (por valor de casi 100 millones de dólares), según arrojó la auditoria hecha. “Nos llamó la atención que lo declarado por la concesionaria en aquel entonces no tenía nada que ver con los 7000 kilos de oro que históricamente eran exportados por Aduanas. Era vox populi que ese oro ilegal era transportado de manera ilegal por la frontera seca para venderlo en Buenos Aires y San Pablo. La cantidad de oro declarada por la concesionada en nada no coincidía con lo que exportaba”, dijo Bejarano.

Lo llamativo del caso es que del 2012 al 2019, Lampa extrajo oro por valor de solo 1,7 millones de dólares, exportando tan solo 187 kilogramos, mientras que Cema lo hacía en toneladas, aparentemente de manera ilícita.

“Definitivamente esto amerita una investigación seria”, dijo Bejarano respecto a la posibilidad de que Cema era utilizada supuestamente como el vehículo para sacar oro de manera ilegal de nuestro país.

PERVERSO SISTEMA DE PAGO DE REGALÍAS AL ESTADO

Por otra parte, la exautoridad dijo que existe un perverso sistema de pago de regalías sobre la renta neta y no sobre la renta bruta (producto extraído) en detrimento de lo que recauda el Estado paraguayo. Esto se generó con la modificación de la Ley de Minería, del año 2013 (época de Federico Franco), según recordó.

Bejarano mencionó además que en su momento presentó proyectos para dar mayor legalidad a la extracción, para que se hagan rondas licitatorias y no que se dé la extracción “al primero que llega al lugar”. “Se debe hacer un cambio normativo para impactar de manera positiva en todo el país”, agregó.

LA INTERVENCION DE LOS POLITICOS DE LA ZONA

El negocio de la extracción de oro en Paso Yobai mueve US$ 2 millones de dólares por semana, según el exgobernador y hoy imputado Rodolfo Friedmann, quien mucho sabe del negocio de la extracción ilegal del mineral en la zona, a quien se lo vincula en los negocios de exportación.

En ese sentido, el exviceministro confirmó que hay poderes fácticos (sin citar nombres) que protegen la actividad ilícita y que no les conviene que se legalice y formalice porque de esta forma siguen dando su protección y reciben algo a cambio. “Este poder debe ser desbaratado”, sostuvo.

“Tengo que reconocer que tuve una presión normal, mis superiores me dejaron trabajar normal, pero no es una tarea fácil”, dijo sobre las presiones políticas que sufrió durante su administración en dicha cartera estatal.