Como si fueran pocos los más de 50 millones de contagiados con coronavirus que tiene el continente, a la lentitud en el proceso de vacunación en la mayoría de los países en este febrero se sumaron las cada vez más frecuentes denuncias sobre dosis “desaparecidas” y políticos inmunizados a pesar de no ser trabajadores de la salud ni adultos mayores.

“Más que ilegalidad, lo que existe de manera arraigada en la sociedad es la corrupción y una alta flexibilidad frente a este flagelo”, dijo a Efe el doctor en sociología Carlos Charry.

Lamentablemente, ahondó el director de la maestría en Estudios Sociales de la colombiana Universidad del Rosario, “la mayoría de medidas en contra de la corrupción han tratado de reforzar las acciones punitivas y no tanto los factores de control social y, especialmente, la ética en el individuo que es en donde se vuelve permisible la corrupción”.

VACUNAS DE AIRE EN BRASIL

El 26 de febrero de 2020 será una fecha para no olvidar en América Latina. Ese día, Brasil confirmó el primer caso de covid-19 en Sao Paulo y desde entonces la pandemia se instaló en la región.

Esta última semana de febrero el escándalo estalló en cuatro ciudades del país luego de que familiares de algunos ancianos informaran que los profesionales de la salud insertaron la aguja en el brazo de sus allegados pero no inyectaron el remedio.

Un video grabado en la ciudad de Petrópolis, en la región serrana de Río de Janeiro, en el que se observa a una anciana recibiendo una inyección con una jeringa vacía desató la indignación y obligó a que tanto la Secretaría de Salud como la policía investigaran.

En Niteroi, también en Río de Janeiro, la policía acusó de malversación de fondos, un delito que tiene penas de hasta 12 años de prisión, a una enfermera que, de “forma consciente”, no aplicó la vacuna a una mujer de 90 años y respondió “irónicamente” al ser cuestionada por la familia de la paciente, según el comisario Luiz Henrique Pereira.

EL “VACUNAGATE” DE ARGENTINA Y PERÚ

La vacunación con privilegios a diversas figuras vinculadas al poder en Argentina es otra “perla” del collar de irregularidades en América.

El caso salió a la luz cuando el periodista Horacio Verbitsky, de 79 años y afín al Gobierno, reveló que se vacunó sin esperar su turno porque se lo pidió a su “viejo amigo” Ginés González García, entonces titular del Ministerio de Salud.

El hecho desembocó en la renuncia de González, quien fue imputado al igual que su sobrino, Lisandro Bonelli, que se desempeñaba como jefe de Gabinete del Ministerio, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

La chispa, ya encendida, llevó a la prensa a asegurar que además de Verbitsky hubo políticos, sindicalistas y empresarios allegados al Gobierno del presidente Alberto Fernández e incluso familiares de algunos de ellos ya vacunados.

Por la controversia, la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, publicó la lista de 70 vacunados de la que hacen parte el jefe de Estado, cuya inoculación sí fue informada el 21 de enero, ministros y otros funcionarios y personas sin cargo público, como Vertbisky.

En defensa de su Gobierno, Fernández calificó el escándalo de “payasada” ya que, a su juicio, “no hay ningún tipo penal en Argentina que diga que será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila”.

Algo similar ocurre en Perú, en donde el denominado “vacunagate” permitió que 487 personas recibieran vacunas que eran para el personal que llevaba adelante los ensayos clínicos en el país.

Si bien en el listado hay médicos y científicos, también se encuentran funcionarios de los dos últimos Gobiernos, incluido el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), familiares de estos, consultores e “invitados”.

Sobre Vizcarra el Congreso anunció que planteará su inhabilitación política, al tiempo que el presidente de transición, Francisco Sagasti, reconoció el “duro golpe” que significa esta situación, ya que entre los vacunados están la ahora exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete.

Mazzetti dirigió la lucha contra la pandemia y afirmó recientemente que sería “la última” en ser vacunada en Perú, a pesar de que había recibido las dos dosis en enero pasado, y Astete fue la encargada de negociar la compra de las vacunas.

EN COLOMBIA HAY CARGAMENTOS ILEGALES Y VACUNAS DESAPARECIDAS

Colombia, que empezó hace una semana la vacunación, incautó el 13 de febrero en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, 70 dosis contra la covid-19 que una mujer, que llegaba en un vuelo procedente de Emiratos Árabes Unidos, pretendió ingresar de forma ilegal.

Al respecto, el Ministerio de Salud precisó que es la única entidad encargada de importar vacunas contra el coronavirus y que, en su momento, determinará cuándo y qué personas jurídicas y privadas pueden importar, comercializar y aplicar los inmunizantes.

Otra anomalía tiene que ver con la pérdida de 15 dosis de vacunas en distintas partes de la nación cafetera, según denunció la Contraloría General, que ya definió “varias acciones para establecer lo sucedido” con los biológicos que “no se aplicaron y no aparecen”.

EE.UU. Y CANADÁ NO ESCAPAN AL “TURISMO DE VACUNAS”

En el estado de Florida (EE.UU.), los mayores de 65 años, que son prioritarios para la vacunación, han enfrentado el llamado “turismo de vacunas”, y también posibles favoritismos políticos del gobernador republicano, Ron DeSantis.

Los medios dan cuenta de historias de algunos turistas, especialmente argentinos, que visitaron Florida por las vacunas de Moderna y Pfizer, más no por sus playas y centros comerciales.

Aunque DeSantis dijo que no permitiría esta práctica, las críticas están a la orden del día ya que anunció vacunaciones en localidad de Lakewood Ranch, un área “adinerada”, con poca incidencia de la covid-19 y sede de una empresa que le ha donado “900.000 dólares”, según el congresista demócrata Charlie Crist.

Otro que optó por el “turismo de vacunas” fue Mark Machin, consejero delegado de CPP Investments, la entidad que maneja las inversiones del principal fondo público de pensiones de Canadá y uno de los mayores del mundo.

Machin dimitió este viernes de su cargo luego de que el periódico The Wall Street Journal publicase que viajó a Dubái para vacunarse, sin informarlo a las autoridades canadienses.

Al respecto, el Ministerio de Finanzas de Canadá aplaudió “la rápida acción” del consejo de administración de CPP y calificó el proceder de Machin como “decepcionante”.

Asimismo y como si la pandemia fuera un chiste, dos mujeres “vestidas como abuelas” trataron de vacunarse con la segunda dosis contra la covid-19 en Florida.

“No sé cómo lograron vacunarse por primera vez, pero vinieron con guantes, anteojos, todo, y probablemente tienen 20 años”, denunció, aterrado, Raúl Pino, un funcionario sanitario del condado de Orange.

Y es que, como lo aclaró a Efe el sociólogo Carlos Charry, “en términos morales existe una falta de conciencia frente al efecto que situaciones como las antes mencionadas tienen en la sociedad”.

De hecho, para algunos historiadores la corrupción en América, especialmente en América Latina, “tiene su origen en la forma como se constituyó la sociedad colonial, altamente jerarquizada, incluso por cuestiones raciales”.

Esto, aseveró Charry, “generó una serie de privilegios que, indistintamente, se han mantenido a lo largo del tiempo” y le hacen creer a algunos que están por encima de otros “por su color de piel, nivel económico o abolengo”, aún en tiempos de pandemia.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

A través de sus cinco empresas, el grupo empresarial Zuccolillo recibió al menos 60 licitaciones del Estado paraguayo, en los últimos años, por un valor de más de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511 al cambio actual).

De acuerdo con los datos públicos que figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la familia Zuccolillo -propietaria del diario ABC Color- consiguió importantes facturaciones en sus empresas dedicadas a diversos rubros al hacerse de las licitaciones entre los años 2018 y 2023.

Durante ese periodo, la imprenta Mercurio SA consiguió adjudicarse 14 contratos por valor de 120.068.661.078 guaraníes, llevando la delantera de las empresas del grupo que más facturaron con el Estado. Esta firma, históricamente, se dedicó a proveer los materiales para los kits escolares del Ministerio de Educación, mediante lo cual consiguió amasar una importante cantidad de dinero.

En el segundo lugar de la tabla de licitaciones aparece el Consorcio Abc con 16.434.495.000 guaraníes, gracias al millonario contrato obtenido para la filmación y divulgación de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Llamativamente fue la única empresa oferente y premiada con la licitación que develó los beneficios que conllevaba ser prensa oficialista en ese entonces.

Sigue la lista con Núcleo SA con 25 adjudicaciones por valor de 14.997.082.237 guaraníes; Editorial Azeta SA con 19 licitaciones por 800.870.000 guaraníes, y Zusa SACI con un contrato por 100.371.520 guaraníes.

🧐 La clásica estrategia de "apriete" del Grupo Zuccolillo al MEC.

📺 Vía "Arriba Hoy" | @SomosGEN pic.twitter.com/J1h40LIiRN

— Diario HOY Paraguay (@hoypy) January 9, 2024

La sumatoria arroja un importante histórico en los cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando las licitaciones del grupo Zuccolillo se dispararon de una manera exponencial.

Desde el año 2010 hasta la fecha, las empresas de los Zuccolillo consiguieron 289 licitaciones por G. 229.368.055.603 (US$ 31.574.691). Del 2010 al 2017, en siete años, las distintas firmas del grupo empresarial se adjudicaron por valor de G. 76.966.573.768 (US$ 10.595.180), cifra que llega solo a la mitad del impresionante monto que lograron recaudar en los siguientes cinco años, durante la era de Mario Abdo Benítez, que fue de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511).

De acuerdo con los datos oficiales, desde el 2010, las distintas empresas de Zuccolillo fueron beneficiadas con 165 contrataciones directas, 52 concursos de ofertas, 47 licitaciones públicas y 25 contrataciones por vía de la excepción.

Estos beneficios fueron otorgados al Grupo Zuccolillo mientras el ABC Color callaba las irregularidades que cometía el equipo de Mario Abdo Benítez.

Leé más: Calé acusa al Grupo Zuccolillo: “Su especialidad es falsificar cajetillas de cigarrillos”