AFP

Al comienzo de la guerra en octubre, “dijimos claramente que la etapa intensiva de las operaciones duraría aproximadamente tres meses”, dijo el lunes por la noche el ministro Yoav Gallant.

“En el norte de Gaza, esta fase llega a su fin. En el sur, vamos a conseguirlo y esto terminará pronto”, agregó.

Pero a lo largo de la noche, la aviación israelí bombardeó la zona de Jan Yunis, en el sur de la Franja, epicentro de los combates estas últimas semanas y donde, según el ejército del Estado hebreo, se refugia la dirección local de Hamás.

La oficina de prensa del movimiento islamista palestino dijo que estos últimos bombardeos nocturnos sobre Gaza dejaron un total de 78 muertos y numerosos heridos.

En la víspera, Hamás informó de la muerte de dos rehenes israelíes a través de un video en el que una mujer joven, también secuestrada por el grupo, anunciaba los fallecimientos.

“Murieron en bombardeos sionistas sobre Gaza”, afirmó la rama armada del movimiento. El ejército israelí rechazó estas “mentiras” y denunció “el uso brutal de rehenes inocentes”.

- “Riesgo de hambruna” -

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a pedir un alto el fuego humanitario “inmediato” en la Franja de Gaza, que considera necesario para asegurar la llegada de ayuda a la población y para “facilitar la liberación de rehenes”.

La guerra comenzó por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre, que provocó la muerte de alrededor de 1.140 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP en base a las cifras oficiales israelíes. Entre los muertos hay más de 300 militares.

Los combatientes islamistas también secuestraron a unas 250 personas. Un centenar fueron liberadas durante una tregua en noviembre, pero 132 siguen en Gaza, de las que 25 habrían muerto, según estimaciones recientes de las autoridades israelíes.

La ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha dejado unos 24.100 muertos, en su mayoría mujeres y menores, según el Ministerio de Salud de Hamás.

El conflicto ha provocado el desplazamiento de la gran mayoría de los 2,4 millones de habitantes de este pequeño territorio.

En un comunicado conjunto, Unicef, el Programa Mundial de Alimentos y la OMS advirtieron sobre “el riesgo de hambruna” y de “epidemias de enfermedades mortales” en Gaza, y pidieron “cambios fundamentales” en el envío de ayuda humanitaria, entre ellos abrir nuevos puntos de entrada, “más seguros y rápidos”.

“Los niños no dejan de estar enfermos. No paran de toser y de estar resfriados, su ropa no es suficientemente gruesa para calentarlos”, decía a la AFP Raidah Aouad, desde el refugio improvisado de su familia en la ciudad de Rafah, en la punta sur de Gaza.

- Extensión de las hostilidades -

Las hostilidades generadas por la guerra se extienden más allá de la Franja de Gaza.

El lunes en un suburbio de Tel Aviv, una mujer murió y trece personas resultaron heridas tras ser atropelladas por un vehículo, según la policía, que detuvo a dos sospechosos palestinos.

El conflicto también acentúa las tensiones regionales entre Israel y sus aliados por un lado e Irán y su “eje de resistencia” formado por grupos armados como Hamás, los rebeldes hutíes de Yemen o el movimiento libanés Hezbolá.

En la noche, Israel anunció ataques aéreos contra “posiciones” de Hezbolá en la localidad libanesa de Marun ar Ras, cerca de su frontera norte, donde son regulares los intercambios de disparos.

Frente a la costa de Yemen, un carguero estadounidense fue alcanzado el lunes por un misil disparado por los hutíes.

El martes por la mañana, la agencia de seguridad marítima británica UKMTO reportó un nuevo “incidente” en el mar Rojo, aunque sin dar más detalles.

El pasado fin de semana, Estados Unidos y Reino Unido bombardearon posiciones hutíes en Yemen en respuesta a los ataques de este grupo contra buques en el mar Rojo en “solidaridad” con los palestinos de Gaza.

Y en Irán, los Guardianes de la Revolución lanzaron ataques con misiles contra Siria y cerca de Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde dijeron haber destruido un centro de “espionaje” de Israel, dijo la agencia oficial IRNA.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.