Doha acoge una nueva ronda de negociaciones para una cese el fuego en las que participan “expertos de Egipto, Catar, Estados Unidos e Israel” y representantes del movimiento islamista palestino Hamás, informó una televisión egipcia.

Pero, sin embargo, una eventual ofensiva contra la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, solo se vería “demorada” en caso de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una entrevista con con la cadena estadounidense CBS.

“Si no tenemos un acuerdo, lo haremos de todos modos”, señaló Netanyahu, refiriéndose a la ofensiva contra Rafah, donde sobreviven hacinados 1,4 millones de civiles, según la ONU.

“Tiene que hacerse porque la victoria total es nuestro objetivo y la victoria total está al alcance, no a una distancia de meses, sino de semanas, una vez que comencemos la operación”, añadió.

En la Franja de Gaza, la situación no deja de empeorar y 2,2 millones de personas, la inmensa mayoría de la población, se enfrentan a una “hambruna masiva”, según la ONU.

“NO TENGO PALABRAS”

Los bombardeos no cesan y la ayuda humanitaria entra a cuentagotas por el paso de Rafah, en el extremo sur del enclave, donde depende del visto bueno de Israel, que impuso un asedio total a la Franja.

Encaminar la ayuda hacia el norte es casi imposible debido a los combates que se libran a lo largo y ancho del territorio.

Una gran parte de la población ya había huido de esa zona tras las órdenes de evacuación del ejército israelí en octubre.

Pero esta vez es la falta de alimentos la que obliga a los gazatíes a huir.

Un corresponsal de AFP dio cuenta de cientos de personas abandonando sus hogares para dirigirse a otras zonas del territorio, gobernado por Hamás desde 2007 y sometido a intensos bombardeos israelíes desde el 7 de octubre.

La guerra estalló ese día cuando milicianos islamistas mataron a unas 1.160 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel, y secuestraron a unas 250, según un balance de AFP basado en datos israelíes.

En respuesta al ataque, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre que ya provocó 29.692 muertos en Gaza, en su gran mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.

“Vine caminando (...) No tengo palabras para describir el tipo de hambruna que se extiende ahí (...)”, contó Samir Abd Rabbo, de 27 años, que llegó a Nuseirat, en el centro de Gaza, junto a su hija de un año y medio.

“No hay leche [para mi hija]. Trato de darle pan que preparo a partir de forraje, pero no puede digerirlo (...) nuestra única esperanza es la ayuda de Dios”, contó.

NEGOCIACIÓN PARA UNA TREGUA

Representantes de Egipto, Catar, Estados Unidos y de Israel y Hamás reanudaron este domingo en Doha unas negociaciones de cara a una tregua, a las que seguirán unas “reuniones en el Cairo”, según el canal AlQahera News, próximo a los servicios egipcios de inteligencia.

Las conversaciones, según la cadena, “aseguran el seguimiento de lo que se habló en París”, adonde se desplazó el viernes el jefe del Mosad, el servicio de inteligencia exterior de Israel, David Barnea.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó el domingo que los representantes de Israel, Estados Unidos, Egipto y Catar, reunidos en París, “llegaron a un entendimiento” respecto a “cuáles deberían ser los contornos básicos de un acuerdo sobre rehenes para un cese el fuego temporal”.

“Tendrán que ocurrir discusiones indirectas de Catar y Egipto con Hamás, pues en última instancia tendrán que acordar liberar a los rehenes”, declaró a la CNN, insistiendo en que “ese trabajo está en marcha”.

Según una fuente de Hamás, catalogado como organización “terrorista” por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, el plan contiene una tregua de seis semanas y un intercambio de entre 200 y 300 presos palestinos por 35 y 40 rehenes.

Tras un canje que tuvo lugar en noviembre, las autoridades israelíes calculan que aún hay 130 rehenes en Gaza, de los cuales 31 habrían muerto.

Entre esos fallecidos, figura un soldado israelí de 19 años, anunció el ejército este domingo.

Israel, que afronta crecientes presiones internas, exige “la liberación de todos los rehenes, empezando por todas las mujeres, y que dicho acuerdo no signifique el fin de la guerra”, afirmó Tzachi Hanegbi, asesor de seguridad nacional del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Hamás, en cambio, exige un “alto el fuego total” y una retirada de las tropas israelíes de Gaza.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.