Fuente: AFP

Chile, Perú, Canadá, Argentina y Uruguay condenaron las detenciones y las órdenes de aprehensión contra el equipo de la opositora, acusada en la víspera de planes desestabilizadores, y quien figura como favorita en las encuestas para las presidenciales, pese a su inhabilitación por 15 años.

Las detenciones constituyen “una acción contraria al espíritu democrático que debe imperar en todo proceso electoral”, dijo la Cancillería de Chile en un comunicado al pedir el fin del “hostigamiento” contra opositores.

En una línea similar se pronunció Argentina al señalar que esto “atenta contra el surgimiento de nuevos liderazgos”, mientras Perú habló de una “creciente limitación al ejercicio del derecho de participación ciudadana de todos los sectores políticos en Venezuela”.

Las detenciones ocurridas un día antes del inicio del proceso de postulación para las presidenciales en las que Maduro busca un tercer período de seis años, también fueron objeto de preocupación para Canadá, Colombia y la ONU.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó “cualquier acontecimiento que pueda obstaculizar” el proceso electoral de Venezuela, según el portavoz Farhan Haq.

Colombia también se dijo preocupada por los “efectos” que puedan tener los “últimos acontecimientos” en la “ruta del proceso político en Venezuela”.

Los dos detenidos el miércoles, Henry Alviárez y Dignora Hernández, aún no han tenido comunicación con sus abogados, según denunciaron los representantes legales del partido de Machado (Vente Venezuela) en la red social X.

En total, son siete los colaboradores de Machado detenidos por supuestos planes “desestabilizadores”, mientras que otras siete personas están solicitadas por la justicia, entre ellas la mano derecha de la opositora, Magalli Meda, quien sonaba como alternativa a ser postulada en su lugar.

- “Liberación inmediata” -

Las detenciones también fueron rechazadas el miércoles por Estados Unidos, que al igual que Canadá y Uruguay exigieron la liberación de los opositores.

“Nuestro país se une al llamado de la comunidad democrática internacional para la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos”, dijo Uruguay.

La Cancillería venezolana rechazó algunos de los pronunciamientos de estos países, entre ellos EEUU, Uruguay y Chile, al que entregó una nota de protesta por “inmiscuirse en asuntos internos”.

“Resulta inaceptable que obcecadamente insistan en inmiscuirse en asuntos internos de un país soberano, colaborando con una sistemática campaña de desprestigio contra Venezuela”, dijo el viceministro para América Latina, Rander Peña, en X.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, también había lamentado más temprano en X que Guterres “desdeñe las amenazas internas y externas contra el pueblo venezolano”.

Los países y la ONU abogaron por el cumplimiento del acuerdo de Barbados firmado entre el gobierno y la oposición en octubre pasado para la celebración de elecciones.

-“Represión”-

La oposición, que ha denunciado una violación de este acuerdo, debe decidir antes del lunes a quién inscribirá como candidato, debido a que Machado en la práctica no podrá serlo.

Dirigentes distanciados de la oposición tradicional, muchos tachados de colaboradores del chavismo, inscribieron sus candidaturas ante el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE).

Luis Eduardo Martínez, de un ala del tradicional partido Acción Democrática, y Daniel Ceballos, un exalcalde que fue preso político, presentaron el acta de postulación ante las autoridades.

“Nosotros no podemos esperar de nuevo una coyuntura para ver qué se le ocurre cada día a alguien cuando este país lo que quiere es cambio”, dijo Ceballos a periodistas tras presentar su postulación, en medio de la espera de la decisión de Machado.

La opositora Machado denunció por su parte que los partidos que la apoyan no han podido ingresar al sistema de postulación.

La jefa de campaña de Machado, en tanto, insistió en afirmar en X que “viene la libertad de Venezuela en unas elecciones libres con María Corina Machado guiándonos” y reiteró que su acusación contra el gobierno de que “actúa desde la mentira y y represión”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.