Damián Parrales, director de la cárcel conocida como El Rodeo de la costera Portoviejo (suroeste), fue “víctima de un atentado que lamentablemente terminó con su vida”, informó el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI) en un comunicado.

En Ecuador, las penitenciarías son centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre reclusos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.

Parrales, quien había asumido el cargo hace cinco días, fue baleado mientras almorzaba con su familia en un restaurante del poblado de Jipijapa (cerca a Portoviejo), según medios locales.

El crimen empaña la consulta popular, a la que 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes están llamados a votar por Sí o No en 11 preguntas impulsadas por el mandatario Daniel Noboa, que coquetea con la reelección en febrero próximo.

En el sur minero dos alcaldes fueron asesinados entre miércoles y viernes. Hace un mes también mataron a la jefa municipal de un balneario en el Pacífico.

Una docena de políticos han muerto a tiros desde 2023, cuando los homicidios treparon al récord de 43 por cada 100.000 habitantes frente a 6 en 2018.

Noboa sufragó en el poblado costero de Olón (suroeste) bajo un fuerte resguardo militar y recibirá en Quito los resultados de un conteo rápido del Consejo Electoral previsto para esta noche.

OXÍGENO PARA NOBOA

El referendo “definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado”, dijo temprano en la inauguración de la jornada, que concluirá hacia las 17H00 locales (22H00 GMT) tras diez horas de votación.

La extradición de ecuatorianos es la punta de lanza del referendo, cuando la Constitución la prohíbe. Un 59% del electorado estaba de acuerdo, según la investigadora Comunicaliza, en un país con voto obligatorio.

La población fue consultada sobre este asunto en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el No se impuso con 52%.

La profesora Alexandra Rocha, de 25 años, votó a favor de la extradición. “Siento que las leyes aquí no son suficientemente fuertes como para que las personas que cometen un delito paguen por lo que están haciendo”, justificó.

De 36 años y elegido en atípicos comicios para 18 meses (hasta mayo de 2025), Noboa incluyó preguntas sobre la ampliación de las funciones de los militares en la lucha contra el crimen y el aumento de las penas para delitos como narcotráfico.

Sondeos estimaban que el Sí triunfará hasta con 65% de la votación, en un contexto de masacres en las calles, violencia política, creciente poderío de los narcotraficantes y una crisis eléctrica.

“Que gane el Sí, al presidente Noboa le representa más oxígeno de popularidad, de aceptación”, manifestó a la AFP el coordinador de Ciencia Política de la privada Universidad San Francisco, Pablo Medina.

Con una popularidad de 69%, Noboa declaró la guerra a las organizaciones ligadas a carteles de México y Colombia tras una violenta arremetida en enero, con una veintena de muertos.

Entonces decretó el estado de conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas doblegar a una veintena de agrupaciones consideradas “terroristas” y “beligerantes”.

“DESASTRE TOTAL”

El viernes, el gobierno reveló una lista de “objetivos militares” encabezada por capos mexicanos y colombianos.

En Colombia, el barón de la cocaína Pablo Escobar libró una lucha sin cuartel contra el Estado para evitar la extradición a Estados Unidos, marcada por una ola de coches bomba, secuestros y asesinatos.

Noboa militarizó desde enero las cárceles, centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre presos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.

La mano dura ha reducido el índice de homicidios de acuerdo con el gobierno; pero la violencia se recrudeció en el último mes.

“Todo voté no, no estoy conforme con este tipo de gobierno, nos ha llevado a un desastre total” y la extradición “no sirve para nada”, manifestó a la AFP Dulce Negrete, de 61 años y empleada privada.

En el último tramo de la consulta apareció una crisis energética. El gobierno sostiene que, además de la sequía que empezó en marzo, hubo sabotaje y corrupción que afectaron la operación de centrales hidroeléctricas.

Ante la emergencia, el Ejecutivo dio asueto obligatorio el jueves y viernes, y aseguró que habrá luz este domingo.

Seis de las preguntas van dirigidas a reformas legales (consulta popular) y cinco a enmiendas constitucionales (referendo). La mayoría persigue dar un inédito protagonismo a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narco.

El Gobierno de España ha aprobado por primera vez un real decreto que regulará la actividad de los conocidos como ‘influencers’, con el objetivo de adaptarse a la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022.

Así, los creadores de contenidos deberán abstenerse de hacer cierta publicidad, además de estar obligados a etiquetar sus publicaciones y a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia.

¿Afecta a todos los ‘influencers’?

La respuesta es no. La ley se refiere a los “usuarios de especial relevancia” y define a estos a través de tres requisitos que deben cumplir:

• Tener unos ingresos anuales superiores a los 300.000 euros.
• Superar el millón de seguidores en una única plataforma o los dos millones en su actividad global.
• Haber publicado 24 o más videos al año.

Otra particularidad es que solo afecta a los residentes en España, es decir, que aquellos que, por ejemplo, se trasladaron a Andorra, no están obligados por esta normativa.

¿Cuáles serán sus obligaciones?

A partir de su registro, que se debe producir en el plazo de los próximos dos meses, todos esos creadores de contenidos deberán atenerse a varias disposiciones.

Deberán identificar los espacios publicitarios explícitamente y etiquetar sus contenidos indicando la edad recomendada de sus espectadores. Además, tendrán prohibido hacer publicidad de productos relacionados con el tabaco, el alcohol, los medicamentos o de cualquier producto o servicio que pueda perjudicar psicológicamente a los menores.

De este modo, se les asimila a otros actores tradicionales del sector audiovisual, como son la televisión o la radio.

Poniendo algunos nombres y apellidos

Entre los afectados por la nueva legislación se encuentra Ibai Llanos, el ‘streamer’ de más éxito del país, que Forbes llegó a incluir en una de sus listas de españoles más influyentes del mundo en 2021. Tiene más de 15 millones de seguidores en Twitch y más de 11 millones en Youtube.

María Pombo es otra de las ‘influencers’ más conocidas del país. Especializada en contenidos relacionados con la moda, la belleza y el estilo de vida, hace casi una década que vive de sus redes sociales, en las que tiene más de tres millones de seguidores.

Otra imprescindible en este listado es Dulceida. Esta bloguera e ‘influencer’ también es conocida por sus publicaciones relacionadas con la moda y el estilo de vida. Desde hace ocho años organiza su propio festival de moda y música. Tiene más de 3,4 millones de seguidores en Instagram.

Otro nombre, más polémico que los anteriores, es el de El Xokas, cuyo nombre real es Joaquín Domínguez. Es conocido principalmente por sus retransmisiones de partidas del ‘World of Warcraft’ en Twitch, donde tiene alrededor de 4 millones de seguidores. Según él mismo ha revelado en varias ocasiones, ingresa alrededor de 60.000 euros al mes.

El tribunal de Río de Janeiro ordenó la liberación de Érika Souza Vieira Nunes, de 42 años -quien sufre de problemas de salud mental y tiene una menor a cargo- que hace dos semanas llevó a su tío muerto a una sucursal bancaria para intentar obtener un préstamo.

La mujer fue detenida in fraganti el día 16 del mes pasado, luego de llevar el cadáver del anciano Paulo Roberto Braga, sentado en una silla de ruedas, al banco Bangu, de esta ciudad. El Ministerio Público (MPRJ) la acusó por los delitos de tentativa de peculado y profanación de cadáver. Érika se encontraba detenida en la prisión de Djanira Dolores, también en Bangu.

La jueza Luciana Mocco, titular del 2º Juzgado Penal de Bangu, respondió a un pedido de la defensa de Érika y revocó su prisión preventiva. Sus abogados señalaron que Érika, de profesión ama de casa, tiene un hogar permanente, “mala salud mental”, y está a cargo de una menor discapacitada que requiere de su cuidado en casa.

El juez determinó, sin embargo, que Érika debe cumplir con medidas cautelares, como presentarse mensualmente a la secretaría judicial para informar sus actividades o un posible cambio de domicilio; en el caso de hospitalización por tratamiento de salud mental, también deberá notificarse al Tribunal; tiene prohibido ausentarse del distrito por más de siete días.

Érika también comenzó a ser investigada por homicidio culposo, sin intención de matar. Una orden del delegado Fabio Luiz Souza, jefe de la 34ª DP (Bangu), responsable de las investigaciones, y publicada por TV Globo, indica una “flagrante omisión de asistencia” por parte de la mujer. Según el delegado, el tío Paulo se encontraba en una “situación crítica que amenazaba su vida”.

“Teniendo en cuenta que el 16 de abril, Paulo se encontraba en una situación grave que amenazaba su vida, como se desprende de las declaraciones de todos los testigos que tuvieron contacto con la víctima, en lugar de volver a ir al hospital, acudió al centro comercial, configurando una flagrante falta de asistencia. Por tanto, se debe registrar un nuevo informe para investigar el delito de homicidio culposo”, señaló.

Según la Policía Civil, como cuidadora del anciano, “al ver que no se encontraba bien, debería haberlo trasladado a un hospital, no a una sucursal bancaria”.

El crimen ocurrió en Bangu, en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Érika fue detenida en el acto y su arresto se convirtió en prisión preventiva durante una audiencia de custodia. La denuncia destaca que, aunque el préstamo fue contratado por el anciano Paulo Roberto Braga cuando estaba vivo, el retiro de 17.975 reales (unos 3500 dólares) no pudo realizarse porque en el momento de la detención la víctima había fallecido.

La acción penal también indica que Érika, mediante fraude, intentó apropiarse de fondos que no habrían sido utilizados a favor de su tío, lo que finalmente causaría un perjuicio a la institución financiera que otorgó el préstamo, es decir, que no sería pagado por el donante, fallecido.

“El crimen no se llevó a cabo debido a que los empleados del banco, al notar que el anciano Paulo Roberto Braga estaba en mal estado, pálido y sin poder firmar un documento, llamaron al Servicio Móvil de Atención de Emergencias, quienes confirmaron la muerte”, describe un extracto de la denuncia.

El inspector mencionó “menosprecio y falta de respeto” hacia el mayor al llevarlo muerto para retirar el dinero. “La imputada vilipendió consciente y voluntariamente el cadáver de Paulo Roberto Braga, llevándolo a la referida sucursal bancaria y permaneciendo allí, incluso después de su muerte, con el objetivo de retirar la orden antes mencionada”, señaló.

Con información de O Globo/GDA

La cifra de muertos por las fuertes lluvias en el estado brasileño de Rio Grande do Sul ha ascendido a 32.

La Defensa Civil ha registrado 29 fallecidos. Entretanto, el canal RBS TV, citado por el portal G1, constató la muerte de tres personas más: dos en la localidad de Taquara y una en Sao Vendelino, con información de prefecturas, cuerpos de bomberos, Policía Militar y otras organizaciones locales.

En su más reciente balance, de la tarde de este jueves, la Defensa Civil señala que hay 60 personas desaparecidas y 36 heridas. Se calcula que hasta el momento son 71.306 los afectados, de los cuales más de 14.800 han tenido que abandonar sus viviendas. De estos, 10.242 se encuentran sin hogar (en casas de familiares o amigos) y 4.645 permanecen en albergues temporales.

De los 496 municipios de Rio Grande do Sul, 154 ya se han visto afectados por inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de puentes, entre otros.

La Defensa Civil advirtió que la mayoría de cuencas fluviales del estado están en riesgo de desbordamiento. Asimismo, el gobernador, Eduardo Leite, emitió advertencias sobre los peligros de nuevos derrumbes. Al mismo tiempo, el Gobierno estatal monitorea las represas en varias regiones ante la probabilidad de que sus niveles provoquen nuevos aumentos significativos en los caudales de los ríos. Las precipitaciones provocaron hace poco el colapso parcial de la presa 14 de julio, localizada en el caudal del río Das Antas.

En el marco de la catástrofe, Leite declaró anteriormente el estado de calamidad pública, señalando que se trata del “mayor desastre natural” al que se han enfrentado. De este modo, Rio Grande do Sul está en condiciones de solicitar recursos federales para asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura y restablecimiento de servicios esenciales. Las autoridades locales aseguran que con el apoyo de los gobiernos de otros estados y de las Fuerzas Armadas ya se ha logrado el rescate de más de 4.000 personas en zonas afectadas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó al estado este jueves, pero las condiciones meteorológicas le impidieron llegar a las zonas afectadas.