Damián Parrales, director de la cárcel conocida como El Rodeo de la costera Portoviejo (suroeste), fue “víctima de un atentado que lamentablemente terminó con su vida”, informó el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI) en un comunicado.

En Ecuador, las penitenciarías son centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre reclusos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.

Parrales, quien había asumido el cargo hace cinco días, fue baleado mientras almorzaba con su familia en un restaurante del poblado de Jipijapa (cerca a Portoviejo), según medios locales.

El crimen empaña la consulta popular, a la que 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes están llamados a votar por Sí o No en 11 preguntas impulsadas por el mandatario Daniel Noboa, que coquetea con la reelección en febrero próximo.

En el sur minero dos alcaldes fueron asesinados entre miércoles y viernes. Hace un mes también mataron a la jefa municipal de un balneario en el Pacífico.

Una docena de políticos han muerto a tiros desde 2023, cuando los homicidios treparon al récord de 43 por cada 100.000 habitantes frente a 6 en 2018.

Noboa sufragó en el poblado costero de Olón (suroeste) bajo un fuerte resguardo militar y recibirá en Quito los resultados de un conteo rápido del Consejo Electoral previsto para esta noche.

OXÍGENO PARA NOBOA

El referendo “definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado”, dijo temprano en la inauguración de la jornada, que concluirá hacia las 17H00 locales (22H00 GMT) tras diez horas de votación.

La extradición de ecuatorianos es la punta de lanza del referendo, cuando la Constitución la prohíbe. Un 59% del electorado estaba de acuerdo, según la investigadora Comunicaliza, en un país con voto obligatorio.

La población fue consultada sobre este asunto en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el No se impuso con 52%.

La profesora Alexandra Rocha, de 25 años, votó a favor de la extradición. “Siento que las leyes aquí no son suficientemente fuertes como para que las personas que cometen un delito paguen por lo que están haciendo”, justificó.

De 36 años y elegido en atípicos comicios para 18 meses (hasta mayo de 2025), Noboa incluyó preguntas sobre la ampliación de las funciones de los militares en la lucha contra el crimen y el aumento de las penas para delitos como narcotráfico.

Sondeos estimaban que el Sí triunfará hasta con 65% de la votación, en un contexto de masacres en las calles, violencia política, creciente poderío de los narcotraficantes y una crisis eléctrica.

“Que gane el Sí, al presidente Noboa le representa más oxígeno de popularidad, de aceptación”, manifestó a la AFP el coordinador de Ciencia Política de la privada Universidad San Francisco, Pablo Medina.

Con una popularidad de 69%, Noboa declaró la guerra a las organizaciones ligadas a carteles de México y Colombia tras una violenta arremetida en enero, con una veintena de muertos.

Entonces decretó el estado de conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas doblegar a una veintena de agrupaciones consideradas “terroristas” y “beligerantes”.

“DESASTRE TOTAL”

El viernes, el gobierno reveló una lista de “objetivos militares” encabezada por capos mexicanos y colombianos.

En Colombia, el barón de la cocaína Pablo Escobar libró una lucha sin cuartel contra el Estado para evitar la extradición a Estados Unidos, marcada por una ola de coches bomba, secuestros y asesinatos.

Noboa militarizó desde enero las cárceles, centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre presos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.

La mano dura ha reducido el índice de homicidios de acuerdo con el gobierno; pero la violencia se recrudeció en el último mes.

“Todo voté no, no estoy conforme con este tipo de gobierno, nos ha llevado a un desastre total” y la extradición “no sirve para nada”, manifestó a la AFP Dulce Negrete, de 61 años y empleada privada.

En el último tramo de la consulta apareció una crisis energética. El gobierno sostiene que, además de la sequía que empezó en marzo, hubo sabotaje y corrupción que afectaron la operación de centrales hidroeléctricas.

Ante la emergencia, el Ejecutivo dio asueto obligatorio el jueves y viernes, y aseguró que habrá luz este domingo.

Seis de las preguntas van dirigidas a reformas legales (consulta popular) y cinco a enmiendas constitucionales (referendo). La mayoría persigue dar un inédito protagonismo a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narco.

Fuente: AFP

El juicio por la muerte del “Diez” fue suspendido este martes por una semana para investigar si una de los tres jueces del caso, Julieta Makintach, colaboró en el ingreso de cámaras a las audiencias para la producción de un documental sin aprobación de las partes.

“Sí, hubo”, dijo una fuente vinculada a la investigación que pidió anonimato al ser consultada por los allanamientos informados por la prensa local.

El viernes Fernando Burlando, abogado querellante, dijo que el juicio debe reiniciarse porque “nada de lo que se hizo sirve”, tras conocer detalles de los allanamientos que, presuntamente, demuestran la culpabilidad de Makintach, en una entrevista con la emisora local Radio Con Vos.

Sostuvo que pedirá recusar y someter a juicio político a Makintach, y evalúa hacerlo con los otros dos jueces. “¿Me vas a decir que en este tribunal no sabían qué estaba pasando?”, gritó en la entrevista.

“No ofició de jueza, ofició de actriz”, afirmó, tras conocerse videos en medios nacionales -presuntamente del allanamiento- que muestran a Makintach frente a una cámara de filmación en tribunales.

- Juicio mediático -

El juicio, iniciado el 11 de marzo, busca determinar la responsabilidad del equipo médico de Maradona en su muerte.

Se lleva a cabo en un tribunal en San Isidro, al norte de la ciudad de Buenos Aires, cerca de donde residía el astro del fútbol cuando falleció el 25 de noviembre de 2020.

La policía allanó la noche del jueves dos productoras audiovisuales y cuatro domicilios particulares, detalló la fuente.

Uno de los domicilios está vinculado a una mujer señalada por una de las defensas como realizadora del documental y que asiste al juicio cotidianamente, según el diario La Nación.

Makintach la identificó como “amiga de la infancia”, y negó el vínculo de ella misma o su amiga con un documental, en declaraciones a diferentes medios nacionales.

La jueza enfrenta tres recusaciones de dos defensas: una rechazada y apelada y las otras dos por resolverse el próximo martes cuando se reanude el juicio, en riesgo por este escándalo.

Maradona falleció por un edema pulmonar cuando recibía atención médica en su casa, luego de una operación neurológica semanas atrás.

Siete profesionales de la salud son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente y por la que pueden pasar entre 8 y 25 años en prisión. Una octava acusada será juzgada en otro proceso.

Durante el juicio la parte querellante ha criticado la pertinencia de internar a Maradona en su domicilio tras su operación, así como las condiciones del lugar y la atención provista.

El jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó la potestad de la Universidad de Harvard para matricular a extranjeros, amenazando el futuro de miles de estudiantes y los valiosos recursos que inyectan a la institución.

Pero Harvard presentó una demanda y la jueza Allison Burroughs, del tribunal federal de Massachusetts, prohibió este viernes “a la administración Trump implementar la revocación de la certificación SEVIS (Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio)”.

La medida del gobierno queda suspendida hasta una audiencia judicial preliminar el 29 de mayo.

Más de un cuarto de los alumnos de Harvard son extranjeros.

El presidente Trump está furioso con Harvard, de donde han salido 162 premios Nobel, por rechazar su exigencia de que se someta a supervisión en materia de admisiones y contrataciones.

Para el mandatario, la universidad es un foco de antisemitismo e ideología liberal progresista.

Su administración ya amenazó con revisar 9.000 millones de dólares de financiación gubernamental a Harvard, congeló una primera partida de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos oficiales, y deportó a un investigador de la Facultad de Medicina de esa universidad.

Harvard pedía a la justicia “detener la acción arbitraria, caprichosa, ilegal e inconstitucional del gobierno”.

La pérdida de estudiantes extranjeros podría resultar costosa para Harvard, que cobra decenas de miles de dólares anuales en matrícula.

Fuente: AFP

Elias Rodriguez, de 31 años, lanzó esa consigna cuando la policía se lo llevaba después del ataque el miércoles por la noche en el exterior del Museo Judío de la Capital, afirmó la fiscalía en un documento judicial.

“Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza”, dijo a los agentes.

El hombre de Chicago hizo una comparecencia inicial en la corte el jueves después de ser acusado de dos cargos de asesinato en primer grado y asesinato de funcionarios extranjeros.

Si se le declara culpable, podría recibir la pena de muerte.

Las autoridades investigan el tiroteo “como un acto de terrorismo y como un crimen de odio”, afirmó a los periodistas Jeanine Pirro, fiscal federal interina para el Distrito de Columbia.

“Sospecho que a medida que avancemos (...) se agregarán más cargos”, añadió. Se fijó una audiencia preliminar para el 18 de junio.

Los crímenes ocurrieron frente al museo judío, a 1,6 kilómetros de la Casa Blanca, cuando se celebraba un acto para jóvenes profesionales y personal diplomático.

Israel identificó a las víctimas como Yaron Lischinsky, un ciudadano israelí, y Sarah Lynn Milgrim, una empleada estadounidense de la embajada. Dijo que eran una pareja que planeaba casarse.

El tiroteo provocó indignación internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, culpó por el hecho a las críticas europeas hacia su país por la intensificación de su ofensiva en Gaza.

Existe, según él, “una línea directa que conecta la incitación antisemita y antisraelí con este asesinato”.

“Esta incitación también es realizada por líderes y funcionarios de muchos países y organizaciones internacionales, especialmente de Europa”, acusó.

El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores francés, Christophe Lemoine, calificó estas palabras de “escandalosas” e “injustificadas”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, citó “el terrible precio del antisemitismo” y condenó la “incitación salvaje contra el Estado de Israel”.

Poco después del tiroteo, el presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en las redes sociales que este fue claramente un ataque antisemita.

- “Asesinos en masa” -

El ataque se produjo días después de que el museo recibiera una subvención para reforzar la seguridad.

Todo ello en un contexto de creciente antisemitismo tras la devastadora campaña militar israelí en Gaza a raíz de un ataque del grupo islamista Hamás en octubre de 2023 en Israel, donde mataron a 1.218 personas y secuestraron a otras 251, según datos del Estado hebreo.

Las tensiones han aumentado en Estados Unidos y muchos otros países por la represalia israelí contra Hamás que causó al menos 53.762 muertos en Gaza, según los datos del Ministerio de Salud del gobierno del movimiento palestino que la ONU considera fiables.

Reino Unido y Francia, que han intensificado sus críticas a las operaciones de Israel, condenaron el asesinato, así como Alemania y Emiratos Árabes.

Pero Netanyahu acusó el jueves a Francia, Reino Unido y Canadá de envalentonar a los milicianos, al decir que “quieren que Israel se retire y acepte que el ejército de asesinos en masa de Hamás sobreviva, se reconstruya y repita la masacre del 7 de octubre”.

- “El antisemitismo” -

Rodriguez fue visto caminando fuera del museo. Se acercó a sus víctimas, que estaban de espaldas a él, y disparó 21 veces, según se lee en documentos judiciales.

Tiroteó varias veces a la pareja cuando ya estaban en el suelo y abrió fuego contra Milgrim mientras ella intentaba alejarse.

Testigos contaron que el personal de seguridad al principio confundió al hombre con una víctima y le permitió entrar al museo, donde fue consolado por los transeúntes.

“Lo hicieron sentar. ‘¿Estás bien? ¿Te dispararon? ¿Qué pasó?’ Y él respondió: ‘¡Que alguien llame a la policía!’”, declaró a la prensa Yoni Kalin, quien se encontraba en el sitio.

Lischinsky era investigador en la embajada israelí, mientras que Milgrim trabajaba para el departamento de diplomacia pública, según sus perfiles de LinkedIn.

El jueves un grupo de personas se congregó en el museo para cantar y rezar.

“Obviamente la guerra es horrible”, declaró a la AFP Gil Livni. “(Pero) el antisemitismo, lo siento todos los días (...). Personas que pensé que eran mis amigas demuestran que son antisemitas. Se ha convertido en la norma”.

Hadar Susskind, presidente y director ejecutivo del grupo New Jewish Narrative, describió el momento como “increíblemente doloroso... esta no puede ser la respuesta”.

Fuente: AFP