“No estamos en condiciones de acelerar (las negociaciones), pero tampoco queremos poner sobre la mesa una cuestión jurídico-institucional que genere lo que podría ser una ruptura (del bloque)”, dijo Solá ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino.

El viernes pasado, Argentina, el segundo mayor socio del bloque también integrado por Brasil, Paraguay y Uruguay, decidió apartarse de las negociaciones que el Mercosur tiene abiertas con otros mercados al alegar que, ante la irrupción de la pandemia del coronavirus y sus efectos en la economía mundial, ha optado por proteger a sus empresas y el empleo argentino.

El Gobierno de Alberto Fernández planteó que la incertidumbre internacional y la propia situación de la economía argentina, en recesión desde hace dos años, “aconsejan detener la marcha” de las negociaciones del Mercosur, una posición que admite que es diferente a la de sus socios regionales, que promueven una aceleración de las tratativas para sellar acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá y la India, entre otros.

Solá dijo que en el último tiempo Argentina notó crecientes “inquietudes de Brasil, con el apoyo de Uruguay, por acelerar la concreción de convenios”, como el que se busca con Corea del Sur.

Según el canciller, Argentina sintió que se estaba dando mayor prioridad a “las necesidades de cada uno de los países, en este caso la necesidad de un país apoyado por otro”, que a la “armonía” del bloque.

DOS VELOCIDADES

Solá relató que en la reunión por vídeoconferencia del viernes pasado de los coordinadores del Mercosur, Argentina hizo un “gran esfuerzo” para que “no se rompiera la armonía del Mercosur”.

Allí, según el ministro, Argentina planteó buscar “soluciones jurídico-institucionales” que permitan que Brasil, Paraguay y Uruguay, que “tienen la intención de avanzar a un ritmo que Argentina no puede acompañar”, puedan hacerlo y que Argentina “pueda evaluar cuándo y cómo” se suma eventualmente a las tratativas.

El canciller recordó que las normas del bloque no permiten actualmente que el Mercosur firme un acuerdo comercial sin el consenso de los cuatro socios y dijo que, si Argentina hubiera querido hacer valer esa cláusula, se hubiera generado una “cuestión diplomática muy áspera y posiblemente un avance hacia la ruptura del Mercosur”.

“En lugar de eso, se propone una búsqueda de soluciones jurídico-institucionales que permitan dos velocidades: la velocidad que desea Brasil, acompañado por Uruguay y en menor medida por Paraguay, y la velocidad que Argentina estima que puede tener”, explicó.

Solá recalcó que “Argentina no abandona el Mercosur, no se levantó de ninguna mesa” y dijo que de hecho este jueves habrá una reunión de coordinadores para abordar qué fórmulas quieren aplicar los otros tres socios para acelerar las negociaciones.

PRIORIDADES DE ARGENTINA

Solá dijo que Argentina no puede aceptar una aceleración de las negociaciones por la “incertidumbre” que vive la economía argentina, en recesión desde hace dos años, con necesidades de atender a la emergencia sanitaria, a los efectos económicos de la pandemia y de resolver el problema de su deuda externa.

“Vivimos una fase en la que lo principal para cada país del mundo es en este momento cerrarse como país, cerrar sus fronteras, lo cual impacta también en el comercio, por la pandemia”, argumentó.

Sostuvo que “en estos momentos” Argentina no puede, por ejemplo, abrir el comercio con Corea del Sur, país que, observó, tiene subsidios a la exportación, licencias para importación y productos industriales mucho más competitivos que los argentinos.

“Acelerar en este momento de pandemia, en este momento de caída del PIB, no es posible porque vamos a llegar a un punto en el que vamos a estar firmando apresuradamente algo que nos va a golpear fortísimo en el futuro”, alegó.

La decisión del Gobierno de Fernández ha sido cuestionada por la oposición política y por entidades del sector agropecuario, que temen una pérdida de oportunidades y de competitividad para colocar su producción en otros mercados. EFE

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.