Control, manipulación, privación de la libertad y explotación. Esas y otras aberraciones fueron reveladas por mujeres que denunciaron ser víctimas de trata en instituciones del Opus Dei, y que brindaron sus testimonios en el Congreso de Argentina. 

Los relatos tuvieron lugar en la Cámara de Diputados. Se trata de 43 exnumerarias auxiliares de la organización religiosa, que ingresaron cuando eran menores de edad y que permanecieron allí entre 1974 y 2015, privadas de su libertad, sin contacto con sus afectos y sin su documentación.

También dicen haber sido sometidas durante años a trabajar sin ningún tipo de paga, obligadas a autoflagelarse, engañadas y controladas en cada uno de sus movimientos, informó el diario Página/12.

🔥 ¡Las mujeres que denuncian Opus Dei por reducción a la servidumbre llegaron Congreso de la Nación!

🚩 Mientras las explotaban les decían que tenían "vocación de santas", que estaban llamadas a "servir a dios".

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— Mónica Macha (@MoniMacha) March 13, 2023

“Ahí no había vocación divina, era todo manipulación”, expresó una de las invitadas al conversatorio ’43 Mujeres víctimas de trata’, organizado por Mónica Macha, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y Eduardo Valdés, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, ambos del oficialista Frente de Todos (FdT).

La promesa de una buena educación

Los testimonios y el origen de las denunciantes coinciden. En todos los casos el calvario comienza entre los 13 y los 15 años. Son personas de bajos recursos que llegan enviadas por sus familias, con la esperanza de acceder a una educación de calidad que no podrían sostener económicamente.

Una vez ingresadas en instituciones que la obra tiene en el país, las mujeres se convierten en “numerarias”, es decir, personas laicas que se comprometen a hacer votos de castidad. Allí se dedican exlusivamente a tareas domésticas para miembros del Opus Dei, sin pago ni derechos laborales.

“Una amiga de papá trajo la noticia de que en Buenos Aires había un colegio donde podíamos hacer la secundaria. Mis padres eran gente de palabra, por eso también confiaban en los demás. Nunca nos dijeron que era del Opus Dei”, relató Elisa Carmona, oriunda de la localidad de Faustino María Parera, provincia de Entre Ríos.

“La ayuda que teníamos que dar a cambio de esa educación era trabajar, trabajar y trabajar. El centro de formación era un centro de control, donde la obediencia era la norma”, dijo la mujer. 

Lo mismo contó Lucía Giménez, nacida en Paraguay, a quien fueron a buscar a su casa en la ciudad de Loreto, de allí fue trasladada a Asunción y luego a Buenos Aires. 

“Todo el tiempo hablaron de un colegio, nunca hablaron de Opus Dei. Me pareció una excelente oportunidad. A mis padres les dijeron que ellos nos iban a dar todo lo que necesitábamos”, señaló.

Y dio más detalles: “Teníamos que hacer todo lo que ellos decían. Me trajeron sin documentos, con la cédula paraguaya. Me llevaron a una residencia para cocinarle a muchos hombres, yo terminaba molida”.

En julio de 2021, el papa Francisco decidió aumentar los controles sobre el Opus Dei, al reconfigurar su estatuto e ingresar a la institución por decreto (‘motu propio’) en el organigrama de la Curia romana, para que de manera obligatoria presente un informe anual “sobre el estado de la Prelatura y sobre el desarrollo de su labor apostólica”, obligación que antes cumplía cada cinco años.

La restricción, de aprobarse, solo permitirá el acceso gratuito a la universidad hasta 12 años después de egresar de la educación secundaria.

Tuvieron que pasar 35 años e intensas jornadas de protestas sociales para que desde 2016 los estudiantes chilenos pudieran nuevamente estudiar gratis, una política que desmanteló la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La medida beneficia hoy a unos 615.000 estudiantes, casi la mitad de la matrícula de la educación superior, según el Ministerio de Educación.

“La restricción específica es 12 años después de egresado de la educación secundaria”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una rueda de prensa en que entregó detalles de la megareforma legislativa anunciada la víspera por el presidente Kast.

De aprobarse en el Congreso, el cambio dejará fuera del beneficio a la mayoría de quienes superen los 30 años, al considerar que la educación secundaria concluye, por lo general, a los 18 años.

Según el ministro Quiroz, el objetivo del límite etario es reducir el gasto fiscal.

“El gasto en gratuidad escapó a toda proyección y ha sido el doble de lo contemplado inicialmente”, afirmó.

Kast asumió el 11 de marzo con la promesa de reducir con fuerza el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales que se han deteriorado en la última década, e impulsar la economía, que a su juicio está “estancada”.

Fuente: AFP.

Estas medidas apuntan a la infraestructura de transporte de petróleo, al imponer sanciones a más de 20 personas, empresas y buques que operan dentro de la red del magnate del transporte de petróleo Mohammad Hossein Shamkhani, según informó el Departamento del Tesoro.

“El Departamento del Tesoro está actuando con firmeza mediante ‘Furia Económica’, al apuntar contra las élites del régimen, como la familia Shamkhani, que intenta lucrarse a costa del pueblo iraní”, declaró en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aludiendo a una campaña de presión financiera contra Irán que emula el nombre de la operación militar estadounidense que desató la guerra.

Shamkhani es hijo del funcionario de seguridad Ali Shamkhani, asesor del asesinado líder supremo iraní Ali Jamenei, también asesinado el 28 de febrero, el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra en Oriente Medio.

“Estados Unidos está actuando para limitar de forma decisiva la capacidad de Irán de generar ingresos mientras intenta mantener el estrecho de Ormuz como rehén”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado separado.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo y gas, en represalia por la campaña bélica de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos está ahora llevando a cabo un bloqueo naval de los puertos iraníes.

Fuente: AFP

El gobierno envió la noche del martes al Congreso un proyecto de ley, “con carácter de urgencia”, que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales.

“Y, algo importante, sin ninguna reducción salarial”, anunció Lula en su cuenta de X.

La propuesta recorta en cuatro horas la semana vigente para los trabajadores formales brasileños, que en su mayoría trabajan 44 horas repartidas en seis días. En la práctica daría un día más de descanso semanal a millones de asalariados, según el gobierno.

Convocados por sindicatos y organizaciones de izquierda, miles de manifestantes marcharon por la Explanada de los Ministerios en Brasilia para respaldar la reducción de la jornada laboral en la mayor economía de América Latina, constataron reporteros de la AFP.

La propuesta tendrá que abrirse paso en un congreso de mayoría conservadora.

Lula, de 80 años, enfrenta un creciente rechazo de su gestión, según encuestas. Su gobierno espera que el proyecto sea tramitado en los próximos 90 días.

“Estamos hablando de tres meses para que pueda aprobarse, convertirse en ley y ser sancionado por el presidente Lula para beneficiar a los trabajadores y trabajadoras”, dijo a la prensa el secretario de la Presidencia, Guilherme Boulos.

De ser aprobado, el escenario político será “favorable” para Lula, dijo a la AFP Agatha Alana, una profesora de 29 años que salió a respaldar el proyecto de ley en Brasilia.

Fuente: AFP.