En un movimiento poco habitual, el régimen de los Kim optó por dotar de mayor veracidad las advertencias que ya lanzó el miércoles contra Washington y sus instalaciones militares en esta isla del Pacífico Occidental.

En vez del habitual portavoz anónimo, Pyongyang quiso en este caso que el comunicado publicado por la agencia KCNA fuera firmado por Kim Rak-gyom, teniente general de las Fuerzas Estratégicas del Ejército Popular de Corea, la persona que es responsable operativo del programa de misiles.

Nombrado en primavera de 2012 -coincidiendo con el culmen del proceso sucesorio de Kim Jong-un- es desde 2015 un general de cuatro estrellas (segundo mayor rango solo por detrás del de mariscal de los Kim) que aparece frecuentemente retratado junto al joven líder y en los banquetes que festejan las pruebas de misiles.

En un mensaje que parece destinado a que la opinión pública no valore este último desafío de Pyongyang como una simple bravata, el militar advierte de que el plan para ejecutar el “ataque envolvente” contra Guam del que Pyongyang habló en la víspera se está analizando y estará terminado estos días para serle presentado a Kim Jong-un.

El plan, dice, pasa por lanzar cuatro misiles Hwasong-12 de rango medio-largo que sobrevolarán “las prefecturas japonesas de Shimane, Hiroshima y Kochi (occidente del archipiélago nipón) y recorrerán 3.356,7 kilómetros durante 1.065 segundos (casi 18 minutos) antes de golpear las aguas a unos 30 o 40 kilómetros de Guam”.

La distancia descrita corresponde a la que media aproximadamente entre el aeropuerto de Panghyon -desde el cual Pyongyang realizó el único lanzamiento exitoso del Hwasong-12 el pasado mayo- y las aguas frente a la costa noroeste de Guam, hacia las que miran la base naval y aérea estadounidense.

Medios norcoreanos también mostraron hoy una movilización de decenas de miles de ciudadanos que desfilaron por la plaza Kim Il-sung de Pyongyang el miércoles portando pancartas en defensa del líder Kim Jong-un y en contra de las últimas sanciones de la ONU para castigar los recientes lanzamientos de misiles de Pyongyang.

El mensaje lanzado hoy por Pyongyang incrementa así en otro peldaño una escalada verbal con Washington que arrancó el lunes, cuando el régimen amenazó con un ataque en represalia por la campaña estadounidense para que la ONU aprobase las mencionadas sanciones, que buscan recortar en un tercio las exportaciones norcoreanas.

Donald Trump respondió entonces que el país asiático “se encontrará con una furia y un fuego jamás vistos en el mundo” si no deja de amenazar a su país.

Lo hizo coincidiendo con el envío a la península coreana de dos de sus bombarderos estacionados en Guam, lo que dio pie a las amenazas de ataque norcoreanas contra esta isla, a la que ya había amagado con atacar anteriormente.

El teniente general norcoreano tuvo hoy palabras también para Trump, al que acusó de “soltar un montón de tonterías” ‘sobre fuego y furia'”, y de “no ser capaz de entender la gravedad de la actual situación”.

“El diálogo sensato no es posible con un tipo como este desprovisto de razonamiento y sólo la fuerza bruta puede funcionar con él”, sentenció.

Estos cruces de declaraciones se ven con preocupación desde Seúl, donde el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Roh Jae-cheon, amenazó con responder de manera “contundente y decidida” si Pyongyang opta por lanzar un ataque contra territorio estadounidense o surcoreano.

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional surcoreano consideró tras una reunión que la situación de seguridad en la península “se está tornando seria” e instó al Norte a “cesar en sus provocaciones”, al tiempo que recordó que la puerta al diálogo con Pyongyang sigue abierta.

Por su parte, el ministro de Defensa japonés, Itsunori Onodera, insinuó hoy en el Parlamento nipón que en el caso de que Corea del Norte atacara el territorio estadounidense de Guam, Japón debería defender a su aliado.

El recién nombrado ministro dijo que en una situación como esa Japón podría movilizar sus destructores Aegis con sistema antimisiles, según recogió la agencia Kyodo.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.