Las favelas de Jacarezinho, con 90.000 habitantes, y la de Muzema, servirán como laboratorio para un nuevo programa que combina seguridad y proyectos sociales.

Si bien el gobernador Claudio Castro ha prometido “cambiarle la vida a la población” sacándola del yugo del crimen organizado, los especialistas se mantienen escépticos y denuncian el ensayo como “espectáculo mediático” en un año electoral.

Todo comenzó con una demostración de fuerza.

En la madrugada del miércoles, más de 1.200 hombres fueron desplegados en Jacarezinho, donde en mayo murieron al menos 28 personas durante la redada policial más sangrienta en la historia de Rio.

Los residentes se refugiaron en sus casas, mientras hombres fuertemente armados y uniformados patrullaban cada callejón de construcciones precarias y bosques de cables eléctricos que a veces cuelgan hasta el suelo.

Este distrito ubicado en el norte de Rio es uno de los bastiones del “Comando Vermelho” (comando rojo), una banda de narcotraficantes que ha estado sembrando el terror desde finales de la década de 1970.

Otros policías fueron enviados a Muzema, donde los residentes viven bajo la tutela de las milicias paramilitares que los extorsionan para que les proporcionen servicios como gas o internet.

En junio de 2019, 24 personas murieron en este distrito del oeste de Rio cuando se derrumbaron dos construcciones ilegales.

PREGUNTAS SIN REPUESTA

Esta masiva operación de “reconquista”, como la describió Castro, tomó a todos por sorpresa, incluso al alcalde de Rio, Eduardo Paes, quien dijo que solo había sido advertido “la noche anterior”.

El sábado por la mañana, el gobernador dio a conocer detalles de su programa, “Cidade Integrada” (ciudad integrada).

Contrario a las versiones de que pronto se ejecutarían nuevas operaciones a gran escala en otras favelas, Castro anunció que, inicialmente, el programa solo involucraría a Jacarezinho y Muzema.

“Solo pensaremos en implementar el programa en otras favelas cuando esté en pleno funcionamiento” en estas dos localidades piloto, explicó.

Además de mantener una importante presencia policial, tiene previsto un auténtico plan Marshall para las favelas, con 500 millones de reales (unos 90 millones de dólares) de inversión en obras sociales e infraestructuras, en particular depuración de aguas.

Surgirán centros de formación profesional, así como instalaciones deportivas y culturales.

Se pagará una asignación de 300 reales (unos 55 dólares) mensuales a las madres jóvenes de 16 a 30 años.

Pero para Cecilia Olliveira, directora de Fogo Cruzado, una plataforma digital que contabiliza tiroteos en Rio, este anuncio trajo “más preguntas que respuestas”. Una de ellas: “¿Es realmente factible extender este programa a todas las favelas?”.

“¿Qué significa ‘estar funcionando plenamente’? (…) Si realmente se quiere integrar a toda la ciudad, actuar apenas en dos favelas es absolutamente insuficiente”, anticipó Olliveira.

Jacarezinho y Muzema son solo una gota en el océano de mil favelas donde vive más de una cuarta parte de los 6,7 millones de habitantes de Rio.

EL ESPEJISMO DE LAS UPP

Para Julita Lemgruber, coordinadora del Centro de Investigación en Seguridad y Ciudadanía (Cesec) de la Universidad Cándido Mendes, “Cidade Integrada” es sólo un “espectáculo mediático”.

“No espero nada de este proyecto (…) porque no hubo ningún planeamiento, ninguna discusión con la comunidad”, lamenta.

Teme un nuevo fracaso tras el de las Unidades de Policía de Pacificación (UPP), creadas en 2008 por el exgobernador Sergio Cabral, encarcelado desde 2016 por corrupción.

Lemgruber cita el ejemplo del Complexo do Alemao, donde se instaló un teleférico espectacular en la cima de la colina.

“Cuando la comunidad se enteró, todo estaba listo, licitado (…) En ese momento, varios líderes de Alemao dijeron molestos: ‘Aquí necesitamos mucho, ni siquiera hay saneamiento básico’. Nadie les preguntó nada”, recuerda.

En su momento, las UPP inicialmente redujeron la violencia en unas cuarenta favelas, pero luego la situación se deterioró, particularmente con la crisis financiera que afectó al estado de Rio después de los Juegos Olímpicos de 2016.

Antes de su actualización, la página covid.gov promovía información sobre vacunas y pruebas diagnósticas. Ahora pone en portada la imagen del presidente Donald Trump y critica las políticas que implementó su antecesor, Joe Biden, durante la emergencia sanitaria.

El sitio también reprueba la gestión de Anthony Fauci, principal asesor médico del gobierno de Biden, por promover lo que denomina como la “narrativa preferida de que el covid-19 se originó de forma natural”.

Además, en la página se rechazan las órdenes de uso de mascarillas y de distanciamiento social impuestas cuando se propagó el coronavirus en 2020.

La web enumera cinco argumentos a favor de la teoría de la fuga del laboratorio. Uno de ellos es que Wuhan, la ciudad donde se registró el primer caso conocido del virus, también alberga el “principal laboratorio de investigación del (virus respiratorio) SARS” de China y tiene un historial por investigar con “niveles inadecuados de bioseguridad”.

“Si existieran pruebas de un origen natural, ya habrían aparecido. Pero no es el caso”, se lee en la página.

La hipótesis de la fuga de un laboratorio, calificada en su momento de conspirativa, ha ganado recientemente popularidad en Estados Unidos.

Agencias estadounidenses como el FBI, la CIA o el Departamento de Energía se han pronunciado a favor, aunque con distintos niveles de confianza.

China ha respondido que es “extremadamente improbable” que el covid-19 tuviera un origen artificial y ha pedido a Estados Unidos “dejar de politizar e instrumentalizar el tema del rastreo del origen”.

En una sección titulada “Desinformación sobre covid-19″, el sitio estadounidense también acusa a funcionarios de salud pública de la administración Biden de satanizar los “tratamientos alternativos” y de conspirar con empresas de redes sociales para censurar opiniones discrepantes sobre la pandemia.

Más de un millón de personas han muerto en Estados Unidos a causa del covid-19 y enfermedades relacionadas.

Fuente: AFP

Ambos hermanos buscan una revisión de su pena, que les permita salir en libertad luego de permanecer más de tres décadas encarcelados por el asesinato de José y Kitty Menéndez en su mansión de Beverly Hills.

El caso estremeció a Estados Unidos en los años 1990.

Inicialmente, los hermanos dijeron que sospechaban que la mafia estaría detrás del sangriento crimen, dado que su padre era un poderoso ejecutivo de la música.

Pero durante un extremadamente mediático juicio, su defensa los caracterizó como víctimas de un padre violento y una madre negligente y admitió que habían cometido el crimen en defensa propia, tras años de abuso psicológico y sexual.

La Fiscalía los había acusado de planear el parricidio para hacerse con una herencia valorada en 14 millones de dólares.

Un primer jurado no consiguió alcanzar un veredicto unánime, pero en un segundo juicio fueron sentenciados a cadena perpetua.

A medida que el caso ganó un segundo aire el año pasado, de la mano de una miniserie y un documental lanzados por Netflix, los hermanos Menéndez iniciaron una nueva cruzada legal para salir en libertad con el apoyo de la opinión pública y de varios de sus familiares.

Quienes los respaldan sostienen que Lyle, de 57 años, y Erik, de 54, tienen un expediente ejemplar en la prisión y están listos para reinsertarse en la sociedad.

La campaña cobró más fuerza gracias a que el entonces fiscal de Los Ángeles abogó el año pasado ante la justicia por una nueva sentencia.

Pero el nuevo titular del despacho, Nathan Hochman, cambió la posición de la Fiscalía.

Fuente: AFP

La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica aguda que es endémica en partes tropicales de América Central y del Sur, incluido en Colombia.

Transmitida por mosquitos, puede provocar fiebre, dolor muscular y de cabeza o náuseas y, en los casos más graves, problemas renales, sangrado y la muerte.

El ministro de Salud colombiano, Guillermo Alfonso, indicó en el comunicado que han detectado 74 casos de esta enfermedad, de los cuales 34 terminaron en deceso.

Además, el virus se ha extendido más allá de las zonas habitualmente consideradas de riesgo como la amazónica, el Catatumbo y el Chocó, “lo que lo convierte en una amenaza para más comunidades”.

“La situación más crítica se presenta en el departamento del Tolima donde, desde septiembre de 2024, se pasó de cuatro a 22 puntos detectados”, afirmó el comunicado.

El gobierno señaló que habían movilizado más de 80.000 personas entre médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios para hacer frente a la emergencia.

“La estrategia está centrada en la vacunación masiva, desde los 9 meses de edad. Hasta la fecha se han vacunado casi 8.000 personas mayores de 70 años”, dijo Alfonso Jaramillo en el comunicado.

El ministro aseguró que el país cuenta con provisión suficiente de vacunas para enfrentar la emergencia y anunció que todos los viajeros que entren o salgan del país deberán presentar el carné de inmunización.

Desde Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades elevó a nivel 2 la alerta por fiebre amarilla para Sudamérica y recomendó vacunarse a quienes viajen a ciertas partes de Bolivia, Colombia y Perú.

Fuente: AFP