Al Qurashi “murió tras un enfrentamiento” con la formación Hayat Tahrir al-Sham (HTS, exbrazo local de la red Al Qaida), que intentaba capturarlo en una localidad de la provincia siria de Idlib, indicó el portavoz del EI en la mensajería Telegram, sin precisar el lugar exacto ni la fecha del incidente.

El vocero indicó que el EI nombró a un nuevo líder, Abu Hafsan al Hashimi al Qurashi, el quinto al frente de la organización ultrarradical en menos de una década.

Tras un auge fulgurante en 2014, el autoproclamado “califato” del EI en Siria e Irak fue derrotado por sucesivas ofensivas lanzadas con apoyo de una coalición internacional conducida por Estados Unidos.

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La organización ultrarradical sunita (una rama del islam) impuso en las zonas bajo su control un régimen de terror, con decapitaciones y fusilamientos.

Irak proclamó a fines de 2017 su victoria militar contra los yihadistas, que perdieron en 2019 su bastión en Siria, aunque células del EI siguen atacando esporádicamente a fuerzas de seguridad y civiles en ambos países.

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El EI había anunciado a fines de noviembre de 2022 la muerte de su anterior jefe, Abu Hasan al Hashimi al Qurashi, sin precisar las circunstancias.

Su predecesor, Abu Ibrahim al Qurashi, había perecido en febrero en un bombardeo estadounidense de la provincia de Idlib.

Había sucedido en octubre de 2019 a Abu Bakr al Baghdadi, abatido igualmente en una operación en Idlib en octubre de 2019.

Los aumentos establecidos en la ley, que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados a principios de junio, tendrían un impacto fiscal de casi 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Ministerio de Economía.

La iniciativa se aprobó con 52 votos a favor y cuatro abstenciones, mientras que el oficialismo y aliados retiraron algunos senadores de la sala en señal de protesta.

“Vamos a vetar y si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, dijo este jueves Milei, quien sostiene que el aumento de las pensiones llevaría a romper el superávit fiscal de Argentina.

La jubilación mínima en Argentina es de unos 240 dólares, por debajo de la línea de pobreza, ubicada en los 1.000 dólares para este grupo, según la Defensoría de la Tercera Edad.

Además del aumento general, la ley eleva de 54 a 85 dólares el valor de un bono que reciben los jubilados de menores ingresos.

“Aprobamos en el Senado una recomposición mínima para jubilados (...) no repara todo lo perdido, pero es un gesto necesario”, dijo tras la votación el senador opositor Martín Lousteau en su cuenta de X.

En septiembre Milei ya había vetado otro aumento a las jubilaciones aprobado por el Parlamento. En esa ocasión los legisladores mantuvieron el veto del presidente en una votación posterior.

El gobierno es minoría en ambas cámaras del Congreso, con 39 diputados de 257, y 6 senadores propios (más un aliado) de 72.

Para revertir el nuevo veto, la oposición tendría que reunir dos tercios en cada cámara.

El jueves el Senado también aprobó una moratoria que extiende dos años el régimen para regularizar aportes previsionales, en un país con una informalidad que llega casi al 50% de los trabajadores.

También se aprobó la emergencia por discapacidad, que actualiza aranceles y fortalece la Agencia Nacional de Discapacidad.

A partir de un programa económico ultraortodoxo que incluyó un severo ajuste fiscal y una reducción del gasto público de 4,7% del PBI, el gobierno de Milei redujo la inflación anual del 211,4% en 2023 a 117,8% al final del año pasado.

Como contracara del ajuste, el desempleo subió al 7,9% y muchos sectores, como empleados públicos y jubilados, perdieron poder adquisitivo.

Las protestas semanales de jubilados en Buenos Aires, algunas de las cuales han derivado en disturbios, se han convertido en el principal foco de resistencia a las políticas de Milei.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

El mandatario de la principal potencia latinoamericana enfrenta un desafío económico inédito, luego de que su par estadounidense, Donald Trump, anunciara el miércoles gravámenes adicionales de 50% a las importaciones de origen brasileño.

“No tengo dudas de que primero vamos a intentar negociar”, dijo Lula en una entrevista al canal Record TV, de la que un fragmento fue divulgado en las redes sociales del presidente.

“Pero si no hay negociación, la ley de reciprocidad será puesta en práctica. Si él nos cobra 50%, nosotros le cobramos 50% a él”, añadió.

Lula ya había aludido la noche del miércoles a la Ley brasileña de Reciprocidad Económica en respuesta a los nuevos gravámenes anunciados por Trump, que deberían de comenzar a aplicarse el 1 de agosto.

Aprobada en abril por el Congreso brasileño después de que el líder estadounidense anunciara aranceles del 10% a las importaciones brasileñas, la ley autoriza al Ejecutivo a decidir sobre suspender concesiones comerciales, inversiones y obligaciones relacionadas a derechos de propiedad intelectual.

Lula dijo a Record TV que su gobierno entabla desde hace meses negociaciones comerciales con Washington.

No descarta, sin embargo, recurrir a la Organización Mundial del Comercio, apuntó.

El mandatario incluso dijo que creará un comité para “repensar la política comercial brasileña con Estados Unidos”.

“Si Estados Unidos no quiere comprar, vamos a buscar a quien quiera”, afirmó.

El comercio entre los dos países alcanzó 41.700 millones de dólares entre enero y junio, con 20.021 millones para las exportaciones desde Brasil y 21.695 para los productos estadounidenses, según datos del gobierno brasileño.

De acuerdo con Lula, el comercio entre Brasil y Estados Unidos representa “apenas 1,7% del PIB” brasileño.

Trump es conocido por solidarizarse con sus aliados, como el ultraderechista Bolsonaro, con quien mantuvo una relación estrecha durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021), y arremeter contra quienes considera sus rivales.

La relación con Lula, un izquierdista, es tirante.

El gobierno brasileño convocó a Gabriel Escobar, actual número uno de la embajada estadounidense en Brasil, para pedirle explicaciones sobre una nota de la legación que describe a Bolsonaro, juzgado por intento de golpe de Estado, como víctima de “persecución política”.

A miles de kilómetros de Brasilia, Trump contraatacó con aranceles, una de sus armas predilectas que usa a discreción, incluso con aliados. Tanto es así que en 2019, cuando gobernaba Bolsonaro, ya amenazó a Brasil con aranceles al acero.

Esta vez amenaza al Brasil de Lula.

“La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump en una carta destinada a Lula.

- “Caza de brujas” -

“Es una caza de brujas que debe terminar INMEDIATAMENTE”, añadió en su plataforma Truth Social.

Desde el lunes, una veintena de países han recibido una carta que les anuncia el recargo que Estados Unidos aplicará a partir del 1 de agosto a sus productos, pero la misiva de Brasil tiene una fuerte carga política.

“Debido en parte a los ataques insidiosos de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de la libertad de expresión de los estadounidenses (...) cobraremos a Brasil un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los productos brasileños”, afirmó Trump.

El gravamen adicional es independiente de los aranceles sectoriales, como el 50% impuesto ya al acero y aluminio. Brasil es el segundo proveedor de acero a Estados Unidos.

Trump recalca que el “50% es mucho menos de lo necesario para lograr la igualdad de condiciones”. En realidad el comercio entre los dos países alcanzó los 41.700 millones de dólares entre enero y junio, con 20.021 millones para las exportaciones desde Brasil y 21.695 para los productos estadounidenses, según datos del gobierno brasileño.

Trump ordenará además a su representante comercial Jamieson Greer abrir “de inmediato una investigación” por “los continuos ataques de Brasil a las actividades de comercio digital de empresas estadounidenses, así como a otras prácticas comerciales desleales”.

Parece hacer alusión a un bloqueo por decisión de la justicia brasileña de Rumble, una plataforma para compartir videos popular entre grupos conservadores, por negarse a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos buscado por difundir desinformación.

- Posible “reciprocidad” -

Lula reaccionó en la red social X diciendo que Brasil puede actuar en “reciprocidad”, en un claro desafío a Trump, quien avisó que si lo hace el porcentaje subirá.

“La cantidad que elija se añadirá al 50% que cobramos”, escribió en Truth Social.

Lula, que derrotó con estrecho margen a Bolsonaro en las elecciones de 2022, respondió también a las otras críticas.

Recordó que el juicio a Bolsonaro “es solo competencia de la justicia brasileña y por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de injerencia o amenaza” y que “la libertad de expresión no se confunde con agresión o prácticas violentas”.

“Para operar en nuestro país todas las empresas nacionales y extranjeras están sometidas a la legislación brasileña”, afirmó el presidente.

El lunes Trump ya había acudido a sus redes sociales para afirmar que Bolsonaro es objeto de “una caza de brujas” y pedir a las autoridades brasileñas que dejen al expresidente “en paz”.

El exmandatario brasileño de extrema derecha es acusado de liderar una “organización criminal” que planeó un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral. Él lo niega.

Uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, se radicó meses atrás en Estados Unidos, donde lleva una campaña para conseguir apoyo del gobierno a su padre.

Trump tiene a Brasil en la diana por otros motivos.

El republicano acusa a los BRICS, un bloque formado por 11 economías emergentes, incluidas Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de tener “políticas antiestadounidenses” y amenaza con imponer aranceles adicionales del 10% a quienes se alineen a ellos.

Lula rechazó el lunes esas declaraciones durante una cumbre del bloque en Rio de Janeiro. “No queremos un emperador”, afirmó.

Fuente: AFP