En una audiencia cautelar, la juez Margot Pérez dispuso la detención preventiva de la empresaria en la cárcel de mujeres de Obrajes, en La Paz, informó el fiscal Edwin Blanco, a cargo de la investigación, según un comunicado del Ministerio Público.

Zapata es investigada por los supuestos delitos de “legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad”.

En la audiencia, la Fiscalía alegó que se ha evidenciado una actividad económica sospechosa superior a los 10.000 dólares en cuentas bancarias de la mujer.

“Se esperaba que en la audiencia Zapata demuestre que esos ingresos son legales, pero no se ha presentado ningún elemento que acredite el fin lícito de todo el dinero que ella ha obtenido”, indicó Blanco.

Añadió que se demostró que Zapata utilizaba los ambientes de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para reuniones personales con empresarios extranjeros en complicidad con dos funcionarios de esa oficina gubernamental que también son investigados.

Por esas razones y ante algunas evidencias de su posible fuga, la Fiscalía pidió la detención preventiva de la mujer. La decisión judicial se produjo en medio de una polémica sobre la existencia del hijo que el presidente Morales y Zapata tuvieron en 2007 y de quien inicialmente se dijo que había fallecido.

El caso estalló a principios de mes, cuando el periodista Carlos Valverde reveló que Zapata trabajaba en la empresa china CAMC Engineering (Camce) y denunció un supuesto tráfico de influencias en la adjudicación de millonarios contratos estatales a esa firma, la mayoría por invitación directa tras haberse descartado licitaciones.

Morales admitió la relación con Zapata y que tuvieron un hijo, pero aseguró que el menor falleció poco después de nacer. La polémica resurgió en las últimas horas después de que una tía de Zapata y su abogada afirmaran que el niño está vivo.

El mandatario no ha hecho declaraciones aún sobre esta versión. En su agenda pública estaban previstos dos eventos, uno en La Paz que fue cancelado por una intensa lluvia, mientras que se desconoce si el segundo, anunciado en Santa Cruz (este), llegó a efectuarse o no.

En representación del Gobierno se pronunció la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, quien emplazó a Zapata a que presente este lunes al niño ante un juzgado para demostrar que está vivo.

Según Valdivia, la “información oficial” que tiene el Gobierno es que el presidente Morales sabía que el niño nació en 2007 pero que “le comunicaron que este hijo estaba enfermo” y que falleció.

La autoridad indicó que si el hijo del gobernante está vivo, “la gran pregunta” es por qué Zapata no informó a Morales sobre su existencia.

Indicó que si el menor falleció en 2007, la empresaria “le está mintiendo al pueblo boliviano” para evitar que continúe la investigación que se le sigue por supuesta corrupción.

Valdivia advirtió de que si se comprueba que el menor murió, el Ejecutivo demandará a Zapata “por difamación y por calumnia” porque se está afectando la imagen del primer mandatario.

El líder de la fuerza opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, opinó en Twitter que las declaraciones de Valdivia, “en lugar de aclarar” las cosas, agregaron “dudas sobre cuestión que involucra al Presidente” y consideró que ahora solo cabe que Morales “diga su palabra”.

También vía Twitter, el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) señaló que el país “merece saber TODA la verdad” porque el mandatario “representa fe del Estado” y dijo que el país necesita escuchar la versión de Morales “ahora”.

Cuando estalló la polémica, las autoridades acusaron al Gobierno de EE.UU. de estar detrás de las denuncias para mermar la credibilidad del mandatario ante el referendo celebrado el domingo pasado.

En esa consulta, la mayoría de los bolivianos rechazó una reforma constitucional que iba a permitir al gobernante volver a postular en las elecciones de 2019 en busca de un cuarto mandato hasta 2025.

El Ejecutivo rescindió uno de los contratos con la empresa china alegando el incumplimiento de la obra y le sancionó con el cobro de unas garantías bancarias por 22,8 millones de dólares, además de prohibirle presentarse a nuevas licitaciones estatales en los próximos tres años.

Para las autoridades, estas decisiones y el pedido de Morales de que se investiguen los procesos de contratación de Camce demuestran que no hubo favoritismo con la firma asiática.

Este lunes se llevó a cabo la diligencia para revisar la negociación a la que llegó el capturado, preso en la cárcel La Picota, en Colombia.

Correa Galeano afirmó que con su colaboración con la Fiscalía, en la que se comprometió a “aceptar y mostrar voluntad de arrepentimiento y de reparación a las víctimas”.

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El mismo fue condenado como autor del delito de porte ilegal de armas con funciones agravadas, en concurso heterogéneo y sucesivo con amenazas contra servidor público a la pena principal, en virtud del acuerdo, a seis años y seis meses de prisión, lo que daría lo mismo a 78 meses.

Cabe recordar, varias personas ya fueron condenadas en la justicia colombiana, entre ellas Margareth Lizeth Chacón, quien fue sentenciada por una juez a 39 años y 10 meses de cárcel por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Además, aceptaron su responsabilidad en el crimen de Marcelo Pecci -y bajo ese escenario los sentenciaron- Wendre Still Scott Carrillo, Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza y Cristian Camilo Monsalve Londoño.

En su primer viaje a España, Milei no solo no se reunió con Sánchez ni con el rey Felipe Vi, sino que “dinamitó” las relaciones de ambos países.

Milei en contrapartida se reunió con el líder del partido de ultraderecha VOX, Santiago Absacal.

También sostuvo un encuentro con empresarios, como los directivos de los bancos BBVA y Santander, la empresa de telecomunicaciones Telefónica y la aerolínea Iberia.

Javier Milei, además de atacar a la primera dama española, tildó al socialismo de “satánico” y “cancerígeno”, en la primera jornada de una visita a España en la que recibió un nuevo ataque de un miembro del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

“No dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno, que es el socialismo, nos gane”, dijo Milei en una charla sobre su libro “El camino del libertario”.

Durante un discurso en un encuentro en Madrid de dirigentes de extrema derecha organizado por el partido español Vox, Milei se refirió a Begoña Gómez como “mujer corrupta”.

Aunque no identificó a Sánchez o a su esposa por su nombre, la alusión de Milei al periodo de reflexión que se tomó él para decidir si dimitía por los ataques a su esposa permitió identificar a la pareja.

Carlos Edmilson da Silva pasó 12 años injustamente encarcelado en Sao Paulo, Brasil, tras ser condenado a 137 años, 9 meses y 28 días de prisión por violar a varias mujeres. Después de demostrase su inocencia, la semana pasada recuperó su libertad.

Su infierno, del que se hacen eco los medios, comenzó el 10 de marzo de 2012, cuando la Policía le acusó de violar a 10 mujeres en Barueri y Osaco, ciudades situadas en la región metropolitana de Sao Paulo. Su foto estaba en el archivo de la Policía por un robo cometido en 2006 y fue identificado como el autor de los crímenes.

Carlos, que entonces tenía 24 años y trabajaba como jardinero, defendió su inocencia, pero ninguna instancia comparó su ADN con el material biológico de las víctimas. Calificado como una “maníaco”, ingresó en prisión.

Su caso dio un giro inesperado cuando intervino el instituto ‘Innocence Project Brasil’, organización que ayuda de manera gratuita a víctimas de errores judiciales. Tras solicitar una comparación de su ADN con el de las víctimas no solo se demostró su inocencia, sino que se descubrió al verdadero criminal: José Reginaldo dos Santos, de 34 años, y que ya se encuentra en la cárcel por robo.

Errores judiciales

“Las víctimas no mentían. Estamos ante una situación muy triste de mujeres que fueron violadas y a las que se les hizo creer que reconocían al hombre que las violó”, explicó Flavia Rahal, directora de Innocence Project Brasil, al portal G1.

Sin embargo, la experta detalló que “la forma en que se hizo ese reconocimiento fue una muy inductivo, porque en la gran mayoría de los casos se les puso [a las víctimas] una sola fotografía de este único chico” y se afirmó que “era una persona que había sido reconocida en otros casos”.

Rahal destacó que no se buscó ninguna otra prueba. “No tenemos una imagen de una cámara de seguridad, no hay un localizador de celular que indique que estuvo en esos lugares, no tenemos una sola prenda de vestir incautada, no tenemos nada más que un reconocimiento”, comentó.

Para la especialista el reconocimiento fotográfico es “una de las principales causas” de errores judiciales en Brasil. El portal UOL indica que, en 2023, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) revocó la prisión provisional o absolvió a 377 personas, y en un 74,6 % de los casos fue por errores de identificación fotográficas.

“La Justicia es defectuosa. Es urgente que estas personas víctimas del error sean indemnizadas. El Estado necesita, en este proceso de reconocimiento de su error, reconocer también que está en deuda con una indemnización”, afirmó Rahal.