Gobierno uruguayo cuestiona imparcialidad de juez que evalúa suspensión de vacuna en niños

El gobierno de Uruguay cuestionó la imparcialidad de un juez que lo citó este miércoles por un recurso para suspender la vacunación de niños contra el covid-19, que es voluntaria.


Fuente: AFP

 

Representantes del ministerio de Salud Pública (MSP) presentaron una recusación contra el juez Alejandro Recarey, que el sábado convocó a una audiencia a las autoridades y a la farmacéutica Pfizer para exigir información detallada de las vacunas administradas durante la pandemia y de los contratos firmados.

En el documento, el MSP destaca la “falta de imparcialidad del juez por haber dado su opinión previa respecto a la misma temática” de la vacunación, según un comunicado difundido en Twitter.

Alega también que el recurso se realizó “fuera de los plazos”, y subraya el incumplimiento “de otros requisitos previstos en la ley de amparo”.

“Las vacunas son eficaces y seguras, lograron disminuir la mortalidad y los contagios, son un mecanismo para proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, fueron aprobadas y suministradas por el organismo competente”, dijo el ministerio.

“La actuación del juez constituyó una clara violación a la separación de poderes, invadiendo potestades sanitarias, a cargo del Poder Ejecutivo”, agregó.

El juez Recarey, que actúa como suplente en un juzgado de lo Contencioso Administrativo, dio lugar al recurso del abogado Maximiliano Dentone para suspender la campaña de inoculación “en edades pediátricas”.

En Uruguay están habilitados para vacunarse los niños a partir de los 5 años en adelante.

“Se están inoculando sustancias que no sabemos los componentes que tienen”, dijo a periodistas ante el tribunal Dentone, que tildó de “manifiestamente ilegal y peligroso” el proceso de vacunación.

Un grupo de personas se apostó desde temprano en las puertas del tribunal, en el centro de Montevideo, con carteles que rezaban “Los niños no se pinchan con experimentos” o “Luis, ¿vas a dejar que maten a nuestros niños inoculándolos?”, en referencia al presidente Luis Lacalle Pou.

El magistrado exigió al Ejecutivo y al laboratorio estadounidense aportar documentación sobre la composición de las vacunas, incluyendo la posible presencia de “óxido de grafeno” o “elementos nanotecnológicos”.

También pidió estudios que demuestren la “inocuidad” de “la sustancia llamada ARN mensajero” y exigió revelar los términos de los contratos firmados entre el gobierno y Pfizer para comprobar si contienen cláusulas “de indemnidad civil o impunidad penal de los proveedores” respecto a eventuales efectos adversos.

El MSP afirmó este miércoles que respondió “la totalidad de las preguntas técnicas formuladas por el Juez” y adelantó que esta información será conocida públicamente.

Irán dice que lanzó “oleada masiva de ataques con drones” contra fuerzas de EEUU

El ejército iraní anunció este sábado que lanzó una nueva “oleada masiva de ataques con drones” contra las fuerzas estadounidenses e israelíes, según la prensa estatal.

“La Armada iraní atacó bases estaidounidenses y territorios ocupados (por Israel) con una oleada masiva de ataques con drones”, informaron las fuerzas armadas en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias iraní Irna.

Entre los objetivos mencionados se encuentran la base de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos y que alberga a soldados norteamericanos, y la de Udairi, en Kuwait, así como “los radares de la instalación estratégica de Sdot Micha” en Israel, según la misma fuente.

Fuente: AFP

El gobierno de Trump autoriza venta de oro de Venezuela a EEUU

El gobierno de Donald Trump emitió el viernes un permiso de venta de parte del oro venezolano a Estados Unidos, en una nueva flexibilización de las sanciones de Washington contra Caracas desde la caída de Nicolás Maduro a comienzos de año.

Fuente: AFP

Según un documento publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro estadounidense, las transacciones con la Companía General de Minería de Venezuela (Minerven) o sus filiales vuelven a estar autorizadas.

La licencia solo permite por ahora los intercambios a través de Estados Unidos y para empresas radicadas en el país, las cuales están autorizadas a reexportar el metal precioso.

Prevé un procedimiento de trazabilidad para garantizar que el oro provenga efectivamente de Venezuela, y prohíbe las transacciones hacia Irán, Corea del Norte, Rusia, China y Cuba, una condición que ya se aplica a las ventas de petróleo venezolano.

Estados Unidos ya volvió a autorizar la exportación de petróleo venezolano. Pero mantiene el control sobre el proceso: el producto generado por la venta de crudo, así como los impuestos vinculados, deben depositarse en un fondo específico supervisado por el Departamento del Tesoro y actualmente radicado en Catar.

Este procedimiento también se aplicará a las ventas de oro.

La licencia del Tesoro sobre el oro venezolano se conoce después de que el secretario del Interior del gobierno de Trump, Doug Burgum, concluyera el jueves una visita de dos días a Venezuela, y ambos países anunciaran el restablecimiento de los lazos diplomáticos.

Burgum, quien durante la visita mantuvo conversaciones con la presidenta interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, dijo que decenas de empresas habían expresado interés en invertir en Venezuela.

El gobierno de Trump afirma que administra de facto Venezuela y controla los vastos recursos naturales del país tras el derrocamiento de Maduro durante una incursión de fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero.

Tras la captura de Maduro y su esposa, trasladados en avión a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico, el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, se convirtió en febrero en el primer alto funcionario estadounidense en viajar a Venezuela.

Además de petróleo, Venezuela es rica en minerales como oro y diamantes, así como bauxita, coltán y otros materiales raros utilizados para fabricar computadoras y teléfonos móviles.

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Brasil investiga al ‘reality’ Gran Hermano por posible “tortura”

La fiscalía de Brasil anunció la apertura de una investigación por posible “tortura” sobre varios participantes del ‘reality show’ Gran Hermano, uno de los programas televisivos más populares del país.

Aislados del mundo en una mansión con piscina, ciudadanos comunes compiten en desafíos bajo el escrutinio de cámaras y micrófonos que los vigilan 24 horas al día.

La investigación del Ministerio Público Federal (MPF) nace de “relatos de episodios convulsivos” vividos por un participante “durante una prueba de resistencia” de la temporada actual del programa, detalló el organismo en un comunicado.

Se investigan “posibles prácticas de tortura y tratos inhumanos o degradantes”.

El MPF también llamó la atención sobre un castigo denominado “cuarto blanco”, un espacio con un “pedestal de diámetro ínfimo” en el que los participantes permanecen confinados durante largos períodos de tiempo.

Esta práctica “guarda semejanza” con torturas usadas durante la dictadura militar (1964-1985), afirmó la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos en una carta dirigida al MPF.

En enero, una participante se desmayó luego de pasar más de 100 horas recluida, denunció esta comisión estatal que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura.

Para el procurador a cargo del caso, Julio Araujo, “las condiciones impuestas por la producción exponen la salud de los involucrados a riesgos innecesarios”.

Creado en Holanda en 1999 y al aire en Brasil desde 2008, Gran Hermano ocupa una franja en el horario de máxima audiencia de TV Globo, la mayor cadena del país.

En la temporada actual, los participantes compiten por un premio equivalente a más de un millón de dólares.

El voto popular define al ganador. Esta temporada, el programa llegó a registrar tres millones de votos en una sola ronda eliminatoria, según TV Globo.

En un documento enviado al MPF, la emisora afirmó que las grabaciones cuentan con “acompañamiento médico permanente” y que el participante que sufrió episodios convulsivos fue llevado a un centro médico en dos ocasiones.

Pero el MPF considera que “la normalización del sufrimiento ajeno como forma de espectáculo es incompatible con los objetivos fundamentales de la República”.

Fuente: AFP