Miembros de la policía judicial, fiscales y otras autoridades se trasladaron a la población suroriental de Tumeremo, del estado de Bolívar, para corroborar los presuntos hechos en los que habrían fallecido los mineros el 4 de marzo, indicó la Fiscalía General en un comunicado.

El diputado opositor Américo De Grazia dijo a The Associated Press que 28 mineros fueron reportados como desaparecidos por sus familiares luego de que no retornaron a Tumeremo el pasado fin de semana.

De Grazia señaló que testigos a los que entrevistó la víspera le relataron que los 28 mineros habrían sido asesinados en un remoto asentamiento minero por una banda de delincuentes que dirige un colombiano identificado como “El Topo” que trató de asumir el control de esa mina.

Los cuerpos de seguridad hasta el momento no han localizado a los mineros ni evidencias de los asesinatos, señaló el congresista.

“No estoy pidiendo que hagan justicia. Yo lo único que estoy exigiendo en este momento que por favor me entreguen el cuerpo de mi hijo para darle cristiana sepultura”, dijo a AP Juan José Coello, padre de Ángel Ignacio Trejo Sosa, uno de los mineros desaparecidos.

Coello señaló que habló vía telefónica con su hijo por última vez la mañana del 4 de marzo cuando se dirigía hacia la zona donde está la mina y que luego no pudo comunicarse más con él.

Agregó que dentro del grupo de desaparecidos la mayoría son hombres jóvenes y que hay algunas mujeres embarazadas.

La desaparición de los mineros generó una protesta en Tumeremo, unos 700 kilómetros al sureste de Caracas, donde algunos de sus habitantes cerraron la principal vía que comunica el sur de Venezuela con la frontera con Brasil, precisó Coello.

“Cuerpos de seguridad efectuaron revisión del lugar donde presuntamente ocurrió la masacre y no fue encontrado indicio o pruebas del hecho”, dijo la víspera el gobernador oficialista de Bolívar, el general retirado Francisco Rangel, al desestimar la denuncia sobre la muerte de los mineros.

Rangel señaló en su cuenta de Twitter que los opositores buscan “opacar el éxito del registro de proyectos mineros que el gobierno nacional lleva adelante con importantes avances”.

El gobernador hizo un llamado a la población a preservar la paz y no hacerse eco de “falsas e irresponsables informaciones”.

El caso de los mineros se produce pocos días después de que el gobierno anunciara un nuevo plan minero en el sur del país para impulsar la explotación de oro, cobre, hierro, diamantes y otros minerales.

Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios que según registros de la Fiscalía General cerró 2015 en 58 por cada 100.000 habitantes, pero que de acuerdo con estimaciones de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia alcanzó una tasa de 90 por cada 100.000 habitantes.

Milei, de 53 años, siguió el protocolo y juró “por Dios y por la Patria, sobre estos santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina” y recibió del mandatario saliente, Alberto Fernández, la banda y el bastón presidencial.

El nuevo presidente de Argentina, prometió una “nueva era” de “paz y prosperidad” con su gobierno, que recibe lo que consideró “la peor herencia” de la historia del país.

“Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso”, dijo Milei en un discurso en la escalinata del Congreso, frente a sus seguidores congregados en la plaza contigua al edificio. “Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”, añadió.

Asimismo, advirtió en su discurso de investidura que será necesario hacer un fuerte ajuste fiscal y subrayó que aunque “en el corto plazo la situación empeorará, luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo”.

“No hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock”, exclamó ante miles de seguidores que se congregaron en la plaza frente al Congreso, en Buenos Aires, para escucharlo.

Ajeno a la política tradicional, a la que despectivamente se refiere como “la casta”, Milei jurará su cargo ante el Parlamento, como es tradición, pero hará un discurso ante la ciudadanía, a la que llamó a acudir con banderas a la plaza frente al recinto del Congreso.

La fecha es conmemorativa de los 40 años del fin de la última dictadura militar que comenzó en 1976 y terminó con la toma de posesión del presidente Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983.

A la investidura de Milei acuden varios mandatarios latinoamericanos, como el chileno Gabriel Boric y el paraguayo Santiago Peña; y europeos, entre estos el ucraniano Volodimir Zelenski y el húngaro Viktor Orban, además del rey de España, Felipe VI.

“Esperamos que tenga suerte, que le vaya bien, que lo dejen hacer, eso es lo más importante. Recibe un país arruinado, en la última”, dijo a la AFP Raúl Serenga, un jubilado de 72 años.

– “Prueba de fuego” –

Tercera economía de América Latina, Argentina registra una inflación anualizada de más de 140% y una tasa de pobreza superior a 40%. Para enfrentar esa crisis, Milei ofreció medidas drásticas en recorte del gasto público, reducción del Estado y liberalización en un país acostumbrado por años a subsidios y déficit fiscal.

“Con que Milei cumpla 50% de lo que dijo, ya vamos a estar cambiando mucho nuestro futuro”, opinó Franco Propato, un vendedor de motos de 23 años que está dispuesto a darle tiempo al nuevo presidente “porque la política que tenemos hace 40 años nos está dejando un lío muy grande, y de un día para el otro no se va a poder arreglar”.

La Libertad Avanza, el partido de extrema derecha de Milei, es apenas la tercera minoría en el Congreso, lo que le obliga a conciliar con las demás fuerzas políticas muchas de sus reformas.

“Hay un intento de expandir la coalición y ampliar un poco más el respaldo legislativo del gobierno. Pero todo esto tiene un precio. Si negocia, entonces tan anticasta no va a ser”, comentó a la AFP el politólogo Diego Reynoso. 

El mandatario tendrá, sin embargo, libertad para decidir una devaluación del peso y algunas medidas de reducción del gasto. La dolarización, un tema central de su campaña, quedó en suspenso a la espera de los primeros resultados de su plan económico.

“La primera prueba de fuego para el presidente será decidir si efectivamente va a cesar la emisión (de dinero) o si adopta una postura más pragmática y el objetivo de no emisión lo deja para más adelante”, comentó a la AFP el economista Víctor Beker, de la Universidad de Belgrano.

“Nos encontraríamos en una situación de precios al alza, sin dinero en los bolsillos de la gente. Habrá un choque entre las promesas y la realidad. Veremos qué resultado arroja”, añadió.

De un total de 18 ministerios del saliente gobierno de Alberto Fernández, el de Milei solamente dejará la mitad.

Luego de advertir que probablemente haya estanflación durante los primeros tiempos de su gobierno, Milei aseguró que mantendrá la asistencia social para los más necesitados.

Pero así como hay entusiasmo entre sus seguidores, otros se muestran preocupados por lo que vendrá. “Creo que va a seguir la inflación, quizás peor que antes. Nada bueno veo en el futuro”, dijo cerca del Congreso Martina Soto, una mujer de 66 años.

“Sin tener en cuenta el fondo, el Tribunal suspende administrativamente la decisión del tribunal de distrito” que favoreció a Kate Cox, una mujer de 31 años cuyas complicaciones en el embarazo amenazan su fertilidad y su vida, según informó el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, en inglés) que representa a Cox en la demanda. El CRR difundió una copia de la decisión del tribunal.

El fiscal general del estado, Ken Paxton, había presentado el jueves un pedido ante la Corte Suprema texana para dejar sin efecto la autorización judicial que horas antes había recibido Kate Cox de parte de la jueza de distrito Maya Guerra Gamble, para poder interrumpir su embarazo.

Cox, de 31 años, madre de dos hijos y residente en Dallas, supo que su tercer bebé en camino tiene trisomía 18, una condición genética que podría ocasionar un aborto espontáneo o una corta sobrevivencia del menor. Según sus médicos, el embarazo amenaza incluso su vida. Ella aún quiere ser madre y volver a embarazarse. Si sobrevive, su fertilidad puede verse afectada, dice su demanda.

La Corte Suprema precisó que el pedido de Cox seguirá en el tribunal para su evaluación pero que por ahora la suspensión se aplica también a Justin, esposo de Kate, y a la doctora Damla Karsan, quien auscultó a Kate y se ofreció a atenderla en el procedimiento. Las leyes de Texas también sancionan a quienes colaboren con el aborto.

“Si bien todavía esperamos que el Tribunal finalmente rechace la solicitud del estado y lo haga rápidamente, en este caso tememos que una justicia demorada sea una justicia denegada”, dijo Molly Duane, abogada principal del CRR.

“Estamos hablando de atención médica urgente. Kate ya tiene 20 semanas de embarazo. Esta es la razón por la que las personas no deberían de rogar por atención médica en un tribunal de justicia”, agregó.

El CRR reclama porque las excepciones médicas al aborto en Texas para cuando la vida de la madre está en riesgo no son claras y dejan a los doctores con las “manos atadas”. Por eso pidieron la intervención judicial.

La jueza Maya Guerra Gamble había dicho en el fallo que “la idea de que la señora [Kate] Cox desea desesperadamente ser madre y que esta ley podría hacer que pierda esa capacidad, es impactante y sería un error judicial [no conceder su solicitud]”.

– Consecuencias –

El caso de Cox es el primero de este tipo desde que en junio de 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo Roe v. Wade, que garantizó durante medio siglo a nivel federal el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos.

Kate ha tenido que ir cuatro veces de emergencia al hospital en el último mes, debido a complicaciones en su salud, según sus abogados.

Tras conocer el fallo de la juez Guerra Gamble el jueves, Paxton envió cartas a hospitales advirtiéndoles de las consecuencias “civiles y penales” que podrían sufrir si practicaban un aborto en sus instalaciones.

El fiscal ha calificado a la jueza de “activista” y que abusó de su función al considerar que Cox califica para una excepción médica. Su despacho consideró “subjetivas” las recomendaciones de la doctora Karsan para la realización de un aborto.

Los médicos de Texas hallados culpables de realizar abortos ilegales se enfrentan a hasta 99 años de prisión, multas de hasta 100.000 dólares y la revocación de su licencia.

El abogado del CRR, Marc Hearron, dijo el jueves que Paxton trata de “derribar el sistema legal” para que Kate y mujeres con casos similares “sigan sufriendo”.

El CRR también lidera una demanda en nombre de 20 mujeres a las que se les negó el aborto en Texas pese a que tuvieron complicaciones severas de salud. En algunos casos sus hijos nacieron muertos o sobrevivieron pocas horas tras nacer. Quienes pudieron, viajaron a abortar fuera de Texas.

El caso también está en la Corte Suprema de Texas, que debe pronunciarse sobre si fija con claridad las excepciones al aborto y bloquea algunas prohibiciones.