Este excapitán del Ejército, de 66 años, ha sufrido desde su llegada al poder en enero de 2019 varios problemas de salud, con cuatro cirugías importantes derivadas de la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña electoral en 2018. El último de ellos, una nueva obstrucción intestinal por la que fue ingresado el lunes en un hospital de Sao Paulo.

El exparacaidista, que prometió “restablecer el orden”, ha encadenado las crisis en el seno de su gobierno, con una docena de ceses o renuncias de ministros en medio de polémicas, y se ha enfrentado a otras instituciones, especialmente el poder judicial.

Sus declaraciones “políticamente incorrectas” llegaron a su paroxismo a lo largo de la pandemia, que calificó de “gripecita”, cuestionando la eficacia de las vacunas, que podían convertir a la gente en “cocodrilo”, y oponiéndose a las medidas de confinamiento, alegando sus efectos económicos negativos.

Una comisión senatorial (CPI) pidió su inculpación por “crímenes contra la humanidad”, entre otros delitos, por su caótica gestión de la pandemia, que ha dejado casi 620.000 muertos en el país.

– Pedidos de impeachment –

Y los pedidos de impeachment contra el mandatario de ultraderecha se han multiplicado.

Bolsonaro reacciona a menudo de forma irascible: “Me cago, me cago en la CPI. No voy a responder nada”, lanzó en julio de 2021, en respuesta a senadores que le pedían explicaciones.

Según las encuestas, el mandatario sería derrotado por amplio margen en los comicios del próximo octubre por el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que todavía no confirmó su candidatura.

Su confrontación con la prensa es constante y privilegia las conversaciones con sus partidarios a la salida de su residencia oficial y el uso de las redes sociales a exponerse en conferencias de prensa.

“¡Cállate la boca!”, espetó a una periodista que le preguntó por qué estaba sin mascarilla en un acto oficial; a otro le dijo que tenía una “cara de homosexual terrible” y calificó al poderoso grupo mediático Globo de “prensa de mierda”.

En julio de 2021, ingresó en la lista de “depredadores de la libertad de prensa” de la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) por su “retórica sucia y beligerante”.

Durante su presidencia, la deforestación amazónica se disparó, alentada por el debilitamiento de los organismos de control y la promoción de leyes de apertura de zonas protegidas a actividades agropecuarias y mineras.

Esas posturas provocaron crisis diplomáticas con países europeos y complicaron el inicio de sus relaciones con el estadounidense Joe Biden.

– Apoyo de los “lobbies” –

Bolsonaro fue diputado durante 27 años, pero fue electo prometiendo el fin de la “vieja política” de intercambio de favores, así como mano dura contra la corrupción y la flexibilización del porte de armas en un país con altos índices de violencia.

Un discurso que encontró el terreno abonado después de la megaoperación anticorrupción Lava Jato y el desgaste de los gobiernos de izquierda después de 13 años en el poder.

Como parlamentario, justificó en varias ocasiones la tortura durante la dictadura (1964-1985) y ya presidente insinuó que podría recurrir al ejército para resolver crisis institucionales.

A poco de subir al poder, rompió con el partido que le había servido de base electoral y trató de gobernar con el apoyo de los poderosos “lobbies” del Congreso, en particular de los representantes del agronegocio y de las iglesias pentecostales, a una de las cuales pertenece su esposa, Michelle.

En su condición de católico, algunos se sorprendieron de que sus cinco hijos (los tres primeros políticos como él) fueran fruto de tres matrimonios.

Nacido en 1955 en Campinas, cerca de Sao Paulo, en una familia de origen italiano, Bolsonaro siguió una carrera militar marcada por episodios de insubordinación.

Con su padre Percy Geraldo Bolsonaro aprendió a “garimpar”, a buscar oro.

Pasó la mayor parte de su carrera política en Rio, donde fue elegido concejal en 1988 y diputado federal tres años después.

En 2014, provocó un escándalo al enfrentarse violentamente a la diputada izquierdista Maria do Rosario, diciéndole que “no merecía” ser violada por ser “demasiado fea”.

En una entrevista con la revista Playboy en 2011, dijo que prefería tener un hijo “muerto en un accidente” en lugar de homosexual.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.