Cuatro meses y un día después de la desaparición de los jóvenes en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el fiscal general, Jesús Murillo, y el director de la agencia de investigación criminal, Tomás Zerón, ofrecieron una rueda de prensa para presentar las conclusiones del caso.

Pese a que solo uno de los restos encontrados en el basurero ha sido identificado, Murillo explicó que las pruebas científicas y periciales dan sustento a los testimonios de los autores materiales detenidos.

Entre ellos el de Felipe Rodríguez, alias el “Cepillo”, el último capturado, quien dirigió supuestamente la operación de asesinato e incineración de los 43 jóvenes, ordenando quemar todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos móviles.

El fiscal confirmó así que gracias a 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos “ha quedado acreditado” de modo “contundente” que los jóvenes fueron privados de la libertad por policías de Iguala y asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan por los criminales.

Aunque “cerrar el caso no es la palabra adecuada”, los elementos de la averiguación “son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron”, dijo Murillo, quien insistió en que hay muchos más indicios concluyentes “que en otros muchos casos”.

“Hay cuatro confesiones de autores materiales”, “confesiones de los policías que los trasladaron a ese lugar y se los entregaron a estas gentes” y, además, han sido identificados “plenamente” cuatro de los estudiantes.

Uno por un laboratorio de Austria que ha analizado algunos de los restos encontrados y los otros tres porque los asesinos los ubicaron en el lugar de los hechos, citando sus apodos, ya que fueron interrogados antes de matarlos al pensar que podían ser infiltrados del cártel rival de Los Rojos.

“En ninguno de los casos de los estudiantes hemos podido determinar si son parte de algún grupo delictivo”, explicó el fiscal, quien añadió que “la mayoría de ellos eran jóvenes que tenían deseos de ser maestros y de estudiar” y son “las víctimas más dolorosas de este proceso”.

Murillo aseguró que los normalistas “fueron muertos en las circunstancias descritas” por los detenidos, unos por asfixia en la camioneta antes de llegar al basurero -entre 15 y 18- y los otros a tiros, cuyos casquillos fueron encontrados en el terreno.

Las pruebas periciales, aseguró el fiscal, han confirmado que los jóvenes fueron quemados en una hoguera que alcanzó los 1.600 grados, gracias a la combustión de neumáticos y a la orografía del terreno, que alcanza los 40 metros de profundidad.

Esta perfecta combustión de más de 12 horas en un lugar que se asemejaba a un horno hizo que la mayoría de los restos que se encontraron en bolsas junto al río y en el lugar de la hoguera quedaran tan dañados que no se les puede extraer material genético para su identificación.

De estos restos, 17 fueron enviados a un laboratorio de Austria “porque eran los que mayor posibilidad tenían de ser identificados”.

Los forenses lograron la identificación solo de uno de los estudiantes, Alexander Mora, bajo métodos rutinarios, por lo que los otros 16 restos van ser sometidos a una técnica más prometedora, cuyos resultados tardarán “un buen tiempo”.

Murillo explicó que el caso tampoco está cerrado del todo porque aún hay seis órdenes de captura pendientes, entre ellas la del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, considerado una de las piezas “fundamentales” de lo ocurrido.

En total, hay 99 detenidos, entre ellos el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerados autores intelectuales de los hechos que desencadenaron la tragedia y miembros de Guerreros Unidos.

Según testigos, Abarca ordenó la noche del 26 de septiembre pasado atacar a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para evitar que arruinaran un acto de su esposa.

En el tiroteo murieron seis personas, incluidos tres normalistas, y 43 alumnos más fueron detenidos y entregados a Guerreros Unidos, según los testimonios citados por la Fiscalía.

Horas después, los padres de los desaparecidos ofrecieron hoy una conferencia de prensa en la que insistieron en que no hay pruebas científicas que confirmen que sus hijos fueron asesinados e incinerados como asegura la Fiscalía, a la que acusan de pretender cerrar el caso por la cercanía de las elecciones.

“No vamos a permitir que cierren las investigaciones con la sola declaración de los asesinos”, dijo el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz, y añadió que los padres van a mantener su lucha “hasta que se nos demuestre de manera científica” lo ocurrido.

Por su parte, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, dijo que el 2 y 3 de febrero viajará a Ginebra para denunciar al Gobierno ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, en el marco de la evaluación a México en la materia, y aseguró que en el caso ya se ve una “tendencia a la impunidad”.

Los desbordes de los cauces de agua y deslizamientos de tierra mantienen interrumpidas numerosas carreteras en el estado Rio Grande do Sul, con casi 300 localidades afectadas, muchas de ellas aisladas.

El rápido ascenso en las últimas horas del río Guaíba anegó el centro histórico de Porto Alegre, una de las mayores urbes del sur brasileño, con una población de casi 1,4 millones.

Según la alcaldía, su nivel marcaba 5,09 metros, por encima del récord de 4,76 metros, registrado cuando la ciudad sufrió unas históricas inundaciones en 1941.

La ciudad se hallaba en un estado de caos, constató la AFP. Numerosas calles amanecieron bajo agua y los residentes trataban de evacuar sus viviendas.

En medio de las labores de rescate, una fuerte explosión en una gasolinera dejó al menos dos muertos en el norte de la ciudad, constató un periodista de la AFP presente en el momento de la deflagración.

El incidente se produjo cuando vehículos que trabajan en los rescates se abastecían en la estación de servicio inundada, de donde salió una espesa nube de humo, visible desde lejos.

En muchos lugares, se formaban largas filas para intentar subir a algún autobús, mientras los conductores de automóviles trataban de abrirse paso en medio de las inundaciones.

La situación obligó además a cancelar la llegada y salida de autobuses a la estación principal de la ciudad, ubicada en los márgenes del Guaíba.

El aeropuerto internacional de Porto Alegre suspendió el viernes sus operaciones por tiempo indeterminado.

Fuente: AFP.

Todo empezó con los comentarios del ministro de Transporte español, Óscar Puente, quien sugirió el viernes que Milei, quien asumió el poder en diciembre, había tomado “sustancias”.

“Yo he visto a Milei en la tele” y cuando salió (...), no sé si era previo a la ingesta o después de la ingesta de sustancias (...), yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”, declaró Puente el viernes en una conferencia organizada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

“Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto”, continuó, poniendo igualmente como ejemplo de esas conductas a Milei y al expresidente estadounidense Donald Trump, quien espera volver al poder en las elecciones de noviembre.

La Presidencia argentina no tardó en reaccionar a las declaraciones de Puente, en el cargo desde diciembre, y acusó a Pedro Sánchez de haber “puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”.

Buenos Aires también acusó al jefe de Gobierno español de haber “puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con los separatistas y llevando a la disolución de España”, una referencia al acuerdo político del PSOE con los partidos independentistas vascos y catalanes para formar gobierno en 2023.

Como parte del acuerdo, el PSOE acompañó y logró la aprobación en el Congreso de una ley de amnistía para independentistas que participaron en el intento de secesión de Cataluña en 2017, lo que ha generado un rechazo frontal de la oposición de derecha y extrema derecha.

- “Términos infundados” -

El Ministerio de Asuntos Exteriores español expresó el sábado su rechazo a los “términos infundados” de las declaraciones del gobierno argentino, que “no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”.

“El Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española”, añadió.

La Presidencia argentina también acusó a Sánchez de tener “problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa”, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción.

La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, se abrió a raíz de una denuncia de la asociación “Manos limpias”, un grupo cercano a la extrema derecha española.

La fiscalía solicitó archivar la investigación, pero el juez encargado del caso aún no ha comunicado su decisión.

Esa acusación llevó a Sánchez a sopesar su renuncia, aunque finalmente decidió mantenerse al frente del gobierno para no ser arrastrado por denuncias que juzgó “tan escandalosas como falsas”.

Milei emprenderá en dos semanas un viaje a España donde participará, al igual que en 2022 (cuando aún era un incipiente opositor), en un evento organizado por el partido español de ultraderecha Vox, el 18 y el 19 de mayo.

Durante su viaje, no tiene agendada ninguna reunión con Sánchez ni con el rey Felipe VI.

Durante las últimas elecciones argentinas que dieron la victoria a Milei en noviembre, Sánchez apoyó abiertamente al candidato oficialista, Sergio Massa, y se abstuvo de felicitar a Milei por su victoria.

La cancillería española se limitó a desear “éxito a Argentina en esta nueva etapa”, sin mencionar a Milei.

El líder de Vox, Santiago Abascal, viajó en cambio a Buenos Aires para asistir a la investidura del presidente ultraliberal.

Abascal afirmó que la tirantez diplomática muestra un “nuevo intento de victimización” por parte de Sánchez y consideró que “la respuesta del presidente de Argentina es una respuesta muy moderada”.

También el líder del Partido Popular (PP, derecha), el principal de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo, se distanció del gobierno de Sánchez.

“Piden que no se les insulte e insultan a todo el mundo (...) Acaban de crear una crisis política con un país hermano”, afirmó.

El rotativo francés tuvo acceso a un documento transmitido por el Banco de Palestina a “algunos socios internacionales”, en el que describe robos espectaculares, como el que ocurrió en su principal sucursal en Ciudad de Gaza.

Empleados de la agencia constataron el 16 de abril “que se había realizado un agujero en el techo de la cámara acorazada”, explica el diario, añadiendo que “los delincuentes se hicieron con casetes de cajeros automáticos” que contenían el equivalente a 3 millones de dólares en séqueles israelíes.

El día siguiente, el 17 de abril, “grupos armados equipados con explosivos entraron de nuevo en el edificio”, hicieron explotar una cubierta de cemento y se llevaron el equivalente a 30 millones de dólares “en diferentes divisas”, añade el rotativo.

La mayor sucursal del centro de Ciudad de Gaza fue atacada el 18 de abril por un “comando” de hombres que dijeron responder a “las más altas autoridades de Gaza”, una fórmula que, según el periódico, corresponde a Hamás. En ese ataque, se llevaron séqueles por un equivalente a más de 36 millones de dólares.

Hamás, en guerra contra Israel, gobierna Gaza desde 2007.

El Banco de Palestina, fundado en 1960, es la principal institución financiera de Gaza.

La Autoridad Monetaria Palestina, un organismo independiente que supervisa el sistema financiero en los territorios palestinos, afirmó a AFP que tenía previsto emitir una declaración sobre el asunto el sábado.

Fuente: AFP