Presidente de Perú acusa a la fiscalía de ser parte de “un golpe de Estado”

El presidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró este jueves que la denuncia de la fiscalía que puede costarle el cargo es parte de "un golpe de Estado", y rechazó de nuevo las acusaciones de que lidera una organización criminal en su gobierno.


Fuente: AFP

 

“No se puede impulsar un golpe de Estado manipulando o politizando a otro poder, como es el espacio del Ministerio Público”, declaró Castillo a la televisora estatal durante una gira de trabajo por el interior del país.

“Lo que rechazamos (de la fiscalía) es crear testigos, querer orquestar (una denuncia) diciendo que Pedro Castillo es jefe de una red criminal”, agregó.

Castillo calificó la denuncia constitucional en su contra que presentó al Congreso el martes la Fiscal de la Nación, Patricia Benavide, como un “error” que está a tiempo de ser rectificado.

La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

Es la primera vez que la fiscalía denuncia a un presidente en activo de Perú.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, primera valla del proceso que puede llevar a un antejuicio, empezará a evaluar el pedido el viernes en un proceso que tomará al menos dos semanas.

Si la denuncia es declarada procedente se iniciará un antejuicio político a Castillo, que puede durar entre dos y tres meses.

El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte del presidente, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026.

La denuncia fiscal incluye a dos exministros acusados de tráfico de influencias: Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, extitular de Vivienda, a quienes se sindica como parte de la organización que supuestamente dirige Castillo desde la presidencia.

Castillo acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. Los casos incluyen a su entorno familiar, como su esposa, cuñados y sobrinos.

Desde su llegada al poder, ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia e ya intentó destituirlo en dos ocasiones.

El presidente, maestro rural igual que su esposa, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.

VIDEO| Un Boeing pierde una rueda durante el despegue

El incidente ocurrió el domingo en el Aeropuerto Internacional de Johannesburgo, Sudáfrica.

Un avión de pasajeros Boeing 737-800 de la aerolínea de bajo coste FlySafair perdió el domingo una rueda del tren de aterrizaje durante el despegue del aeropuerto internacional O.R. Tambo de Johannesburgo (Sudáfrica), según se aprecia en imágenes compartidas en redes sociales e informan medios locales.

“Al parecer, el avión, con destino a Ciudad del Cabo, sufrió daños en uno de sus neumáticos traseros durante el despegue. El personal de tierra del [Aeropuerto] O.R. Tambo lo detectó y se avisó a la tripulación. Se tomó la decisión de regresar a Johannesburgo”, explicó en un comunicado la Compañía de Aeropuertos de Sudáfrica (ACSA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, aseguró que, a pesar del percance técnico, la aeronave que operaba el vuelo FA212 realizó el aterrizaje de emergencia sin problemas adicionales en el aeropuerto de Johannesburgo y no se registraron heridos.

“Nos gustaría elogiar a los pilotos y a la tripulación de FlySafair por su profesionalidad en la gestión de esta emergencia. Su formación y experiencia garantizaron que todos los pasajeros a bordo del avión salieran ilesos”, declaró el director general regional de ACSA, Jabulani Khambule.


¿Qué votaron los ecuatorianos? Los 11 puntos del referendo en Ecuador

Con nueve de sus 11 preguntas planteadas en el referendo del domingo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, obtuvo el paso la extradición de connacionales y endurecer condenas contra el crimen organizado, según un conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Sí tuvo el respaldo de 60% a 73% de los sufragios válidos. El No se impuso en las preguntas sobre el restablecimiento del trabajo por horas (69%) y el reconocimiento del arbitraje internacional para solucionar controversias comerciales (65%), informó a la prensa la titular del CNE, Diana Atamaint.

Sondeos previos y una encuesta a boca de urna habían anticipado el triunfo mayoritario del Sí.

Noboa expresó que ahora Ecuador tiene “más herramientas para luchar contra la delincuencia”.

De las cinco propuestas en referendo y seis en consulta popular, buena parte apuntó a darle un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que ha convertido a la nación en un estratégico centro de sus operaciones y desatado una ola de violencia.

Referendo:

- Que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado (Sí 73%).

Actualmente, la Constitución establece que los militares están a cargo de la defensa de la soberanía, mientras que el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la policía.

- Permitir la extradición (Sí 65%).

La Constitución determina que en ningún caso se concederá la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La enmienda constitucional propuesta se refiere a delitos de terrorismo y contra la humanidad, con la condición de no aplicarse la pena de muerte en el país de destino.

- Establecer judicaturas especializadas en materia constitucional (Sí 60%).

Los jueces especializados, que de aprobarse la medida se instalarán en todo el país, resolverán exclusivamente en sus propias jurisdicciones. En Ecuador se han dado casos en que políticos y delincuentes se han visto beneficiados por medidas de amparo dictadas por magistrados de lugares que no corresponden a los procesos.

- Reconocer al arbitraje internacional para solucionar controversias en inversión y comerciales (No 65%).

En el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Ecuador dio por terminados los tratados bilaterales de inversión y se retiró de organismos de arbitraje como el CIADI.

- Establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas (No 69%).

La administración de Correa eliminó el trabajo por horas al considerar que precarizaba las condiciones laborales. La iniciativa de Noboa para fomentar empleo es rechazada por sectores sindicales e indígenas.

Consulta popular:

- Que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas en los accesos a cárceles (Sí 71%).

Las prisiones, donde las autoridades han hallado armas más sofisticadas que las de la propia fuerza pública, han sido escenarios de cruentas matanzas entre presos miembros de bandas narco que se disputan el poder.

- Incremento de penas para 10 delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato (Sí 68%).

Noboa, en guerra contra el narcotráfico, declaró “terroristas” a una veintena de bandas. Ese delito es ahora sancionado con hasta 13 años de cárcel.

- Eliminación de rebajas de penas para los condenados por delitos como terrorismo (Sí 68%).

- Que la fuerza pública pueda utilizar de inmediato las armas incautadas (Sí 65%).

- Tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de militares y policías (Sí 65%).

- Simplificar el procedimiento de la ley de Extinción de Dominio para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado incautados (Sí 62%).

Las enmiendas constitucionales entrarán en vigencia en cuanto los resultados sean publicados en el Registro (Diario) Oficial.

En el caso de la consulta popular, las propuestas aprobadas serán tramitadas por la unicameral Asamblea Nacional (Congreso), en el que la oposición es mayoría, pero está dispersa.

Cientos de miles protestaron en Colombia en la mayor manifestación contra Petro

Al menos 500.000 personas protestaron este domingo en las principales ciudades de Colombia, en la mayor manifestación que ha enfrentado el gobierno de Gustavo Petro desde que llegó al poder hace veinte meses y en momentos en que su popularidad está en rojo.

El variopinto grupo de convocantes incluyó organizaciones médicas, la oposición, fuerzas políticas de centro, y algunos antiguos aliados de izquierda con diversos clamores: rechazan sus proyectos para estatizar el servicio de salud, su iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y las negociaciones de paz con grupos armados que no han detenido la violencia.

Yo voté por el cambio, por Petro, pero seguimos con lo mismo. Marcho porque sigo pensando que Colombia tiene alguna esperanza”, dijo a la AFP Martha Estrada, pensionada de 64 años con un sombrero tricolor en Bogotá.

En la capital la lluvia no detuvo a los manifestantes y decenas de miles se congregan en la central Plaza de Bolívar, vecina de la sede presidencial, constató la AFP.

Petro llegó al poder hace casi dos años como el primer izquierdista en gobernar un país tradicionalmente dirigido por élites conservadoras.

Con 60% de desaprobación, según la encuestadora Invamer, el mandatario ha ido perdiendo apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y también en la plaza pública donde suele ser muy activo.

En Cali (suroeste), Medellín (noroeste) y Barranquilla (norte) los manifestantes se sumaron con banderas de Colombia, camisetas blancas y un grito al unísono: “¡Fuera Petro!”.

En las principales capitales hubo en total cerca de medio millón de manifestantes, según cifras oficiales. Solo en Medellín salieron a protestar unas 350.000 personas, de acuerdo con la Personería.

Petro sin embargo calculó la cifra de manifestantes en 250.000, y aseguró en X que varias concentraciones fueron “débiles” y que su “principal objetivo” fue “derrocar el gobierno del cambio” con un “un golpe blando”.

“MARCHA DE LAS BATAS BLANDAS”

No es la primera manifestación contra el gobierno pero sí la más multitudinaria.

Uno de sus proyectos de reformas, el de la salud, dividió al país cuando el mandatario empezó a implementar por vía administrativa varios de sus ejes centrales ante las dificultades de lograr apoyos en el Congreso.

El presidente aspira a reducir la participación de privados en la prestación de servicios sanitarios, y en los últimos días intervino varias de las entidades que sirven de intermediarias de los recursos entre el Estado y los hospitales, para controlar su presupuesto.

Expertos coinciden en que el sistema está en bancarrota y debe reformarse, pero algunos cuestionan la manera en que el gobierno pretende hacerlo.

Con el nombre de “marcha de las batas blancas”, los médicos manifestaron su “desacuerdo con el actual manejo del sistema de salud por parte del gobierno”.

Según Invamer, el 56% de los encuestados en abril rechazaron que el gobierno “esté interviniendo algunas de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en Colombia para administrar directamente el sistema”.

“Estoy aquí como ciudadano, médico y colombiano. (…) Como médico se ve el deterioro porque no hay medicamentos para dar a los pacientes, porque los pacientes demoran en la atención”, relató el doctor Julio Rivero, de 35 años, en Bogotá.

PAZ MALTRECHA

Manifestantes en distintas ciudades llevaban pancartas alusivas a la inseguridad, y a la violencia de rebeldes y narcos en el campo.

“Este señor protege más a los malandros (criminales) de la guerrilla que a la gente buena de este país. (...) Es el momento de unirnos para que sienta que no somos los ricos, somos todos, la clase media trabajadora, que necesitamos un cambio”, dijo Betty Ospina, manifestante de 67 años.

La ambiciosa política de “Paz Total” con la que el gobierno aspira desactivar seis décadas de conflicto armado sufre reveses.

Sus detractores rechazan las concesiones que reciben los grupos armados en medio de las negociaciones de paz, pese a las frecuentes violaciones a lo pactado y las pocas muestras de voluntad de deponer las armas.

Las negociaciones con los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sufrido varias crisis por asesinatos, secuestros y ataques a la fuerza pública.

Un 70% de los colombianos cree que el país está “empeorando”, según Invamer.

Las protestas llegan además en medio de una crisis hídrica debido a una grave sequía que tiene a más de 10 millones de personas en racionamiento de agua en Bogotá. El fin de semana volvieron las lluvias, pero no han sido suficientes, según autoridades.

El presidente ordenó suspender la exportación de energía a Ecuador y el viernes decretó un “día cívico” con la solicitud de ahorrar agua y energía y “salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo” en Bogotá.

La medida fue vista por algunos críticos de Petro como un golpe a la convocatoria de protestas de este domingo.