“Matar periodistas en México no tiene ninguna consecuencia. A lo sumo se puede lograr que algún autor material, quien jaló el gatillo, sea procesado, pero no necesariamente se va a llegar a los autores intelectuales”, dijo este miércoles a Efe el director para México y Centroamérica de la ONG Artículo 19, Leopoldo Maldonado.

Las escalofriantes cifran han llevado a organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) a calificar el país como el “más mortífero” para la prensa en el mundo.

Según Artículo 19, México suma 148 periodistas asesinados por su labor desde el 2000 a la fecha, 28 de ellos durante el mandato de López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018.

Tras un crimen en diciembre de 2018 y diez en 2019, el país registró 7 homicidios de comunicadores en 2020 y otros 7 en 2021.

Pero la ligera tendencia a la baja de los años recientes se ha visto truncada este enero con la muerte de tres reporteros: José Luis Gamboa en el puerto de Veracruz (Veracruz), y Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana (Baja California).

“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”, dijo Lourdes Maldonado en marzo de 2019 en una de las conferencias diarias de López Obrador en Palacio Nacional, en referencia a un “pleito” que tenía con el hoy exgobernador de Baja California Jaime Bonilla, del oficialismo.

Su caso es un reflejo de la ineficacia de las medidas de protección y de una realidad que desborda las promesas presidenciales.

“Vemos con muchísima preocupación que México continúa siendo un país de alto riesgo para ejercer el periodismo”, denunció a Efe la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Edith Olivares.

IMPUNIDAD DESORBITADA

Artículo 19 documentó 362 agresiones en el primer semestre de 2021, una cada doce horas.

“La violencia va creciendo y no se ha contenido”, apuntó Leopoldo Maldonado, y lamentó la incapacidad del Estado mexicano, tanto del Gobierno federal como de las autoridades locales.

Como en la mayoría de crímenes en México, la impunidad en las agresiones contra periodistas es casi total.

De hecho, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión abrió alrededor de 3.000 investigaciones desde 2010 pero solo obtuvo 22 sentencias condenatorias, según reportó Artículo 19.

VERDUGOS DE CUELLO BLANCO

Aunque la violencia es “estructural” en México, las “fuentes de origen” de las agresiones a la prensa dificultan, más si cabe, la prevención de estos crímenes, explicó a Efe Jade Ramírez Cuevas, integrante de la Red Periodistas de a Pie.

“Se ha roto el contrato social y prácticamente cualquier gobernante, funcionario y político, en colusión con el crimen organizado, puede atentar” contra la vida de los periodistas, afirmó la experta, preocupada también por la “precarizacion laboral” y la falta de “responsabilidad de los dueños” de medios.

Artículo 19 reportó que los funcionarios públicos infligieron 83 agresiones de las 362 registradas entre enero y junio de 2021, lo que lleva a que muchos casos no se investiguen.

En 81 casos no hubo “elementos suficientes” para acreditar al autor del ataque, mientras que en 79 la agresión fue a manos de un “particular” y en 56 casos fue ejercida por un “partido político”.

Mientras que el crimen organizado estaría detrás de 12 agresiones.

UN MECANISMO INSUFICIENTE

México tiene desde 2012 el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actualmente consta de 1.504 beneficiarios, 493 de ellos periodistas.

Según la Secretaría de Gobernación (Segob), esta cifra implica un aumento del 88 % frente a los 798 beneficiarios de 2018.

Maldonado destacó que este año, y pese a la eliminación de un fideicomiso, se incrementará el presupuesto del mecanismo en un 56 %. “Pero va a ser insuficiente”, advirtió.

El problema con este mecanismo federal es que no busca una “política integral” que atienda las causas de la violencia, advirtió Olivares, de Amnistía.

“Está diseñado para la reactividad (…) y no permite prevenir los ataques”, agregó.

Jade Ramírez Cuevas es un triste y paradójico ejemplo de la utilidad del mecanismo.

Hace años recibió varias amenazas de muerte, primero por su cobertura de la oposición a una presa y luego por su defensa de periodistas y defensores.

Y entre 2012 y 2015 formó parte de la Junta de Gobierno de este mecanismo como representante de la sociedad civil.

“Me generó nuevos riesgos, amenazas y ataques. (…) Y acudimos a instancias internacionales para tener garantías de protección”, explicó Ramírez Cuevas, destacando que desde hace años Periodistas de a Pie se ha “desmarcado” del organismo.

EL PRESIDENTE ESTIGMATIZADOR

Cada vez que matan a un periodista, López Obrador condena la violencia y promete justicia expedita y libertad de expresión.

“En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana, he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo”, indicó este martes desde Palacio Nacional.

Recordó que Lourdes Maldonado no formaba parte del mecanismo federal de protección y atribuyó la violencia existente a décadas de “neoliberalismo”.

Pero en el discurso de López Obrador se mantienen los ataques a buena parte de la prensa, que califica de “fifí” (conservadora).

Incluso los miércoles, en su mediática “mañanera”, hay una sección para destapar las “mentiras” de los medios.

“Desde el poder público se descalifica y estigmatiza a la prensa”, dijo Maldonado, quien lamentó que las palabras del presidente generen un “efecto cascada” que llega a toda la clase política, que ya de por sí es “profundamente intolerante a la crítica y al escrutinio público”.

La norma que enfureció a las organizaciones que defienden la diversidad sexual incorpora una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es un decreto que nos retrocede más (de) tres décadas, cuando se ‘descataloguizó’ la homosexualidad desde la OMS (...) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos”, señaló a la AFP Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Unos 200 manifestantes se reunieron frente a la sede del Ministerio de Salud, en Lima, para rechazar la decisión del gobierno de mantener en firme el decreto, pese a las protestas que coincidieron con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

“Es una normativa que nos violenta (...) nos están colocando como personas enfermas, como si tuvieramos un problema y la identidad de género es todo lo coantrario” sostuvo Áfrika Nakamura, una comunicadora audiovisual de 25 años.

Bajo lemas como “¡No es enfermedad, es diversidad!” y “Somos trans y no somos enfermas, aquí está la resistencia trans”, los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada y céntrica avenida donde está el ministerio, sin que se reportaran choques con la policía.

“Reclamamos la derogación porque estigmatiza a las identidades transgénero, no podemos ser catalogadas frente a un diagnóstico patologizante”, dijo a la AFP Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar.

- “Interpretación errónea” -

Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.

“El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.

Según el portavoz oficial, “ha habido una mala lectura y una interpretación errónea” del decreto.

La transexualidad “no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican”, expresó Alvarado.

El decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Sin embargo, empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a los grupos LGBT.

Desde 2022, la organización dejó de caracterizar la transexualidad como un trastorno mental.

Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.

“La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible”, sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.

- Consecuencias -

Para los colectivos LGBT, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a “graves consecuencias”, como a las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan con torturas.

“No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos (como) electroshock, baños en hielo”, comentó el portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) también llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización.

Fuente: AFP

Las nuevas normas, publicadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aprobadas por el papa Francisco, permiten una interpretación más moderada de este tipo de acontecimientos.

“En determinadas circunstancias, no todo es blanco o negro”, dijo en una conferencia de prensa el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, responsable del Dicasterio. “A veces se mezcla una posible reacción divina (...) con pensamientos y fantasías humanas”, afirmó.

Las nuevas reglas actualizan las que existían desde 1978 y orientan a los obispos, que hasta ahora tenían libertad para determinar la autenticidad de las visiones y apariciones.

Según el documento, el Vaticano solo ha “resuelto” seis casos de este tipo desde 1950.

La historia de la Iglesia católica está llena de fenómenos extraños o inexplicables que implican estatuas religiosas u objetos de todo tipo.

Hace dos meses, el Vaticano rechazó como falsos los presuntos milagros de una imagen de la Virgen María en la pequeña ciudad de Trevignano Romano, al noroeste de Roma, que no solo habría llorado sangre sino que habría hecho aumentar el tamaño de las pizzas.

Este miércoles salió a la luz una nueva grabación de un accidente sucedido a comienzos de marzo, en el que un camión de carga estuvo a punto de caer a un río desde un puente en la ciudad estadounidense de Louisville, en Kentucky.

Presentaron las imágenes ante un tribunal que revisa el caso y fueron grabadas por una cámara de la cabina del vehículo afectado, que se estrelló contra la barandilla del puente Clark Memorial y quedó colgando. Su conductora, Sydney Thomas, perdió el control y se desvió luego de que una camioneta que iba por el carril contrario se saliera y chocara de frente a toda velocidad contra el camión que conducía.

Socorristas tuvieron que descender desde el puente para rescatar a Thomas, de 26 años, que estuvo atrapada en la cabina, que pendía a más de 30 metros sobre el río Ohio. El semirremolque que transportaba quedó encajado entre las vigas del puente y evitó que el camión cayera al agua.

De acuerdo con la Policía de Louisville, el accidente involucró a cuatro vehículos. Según registros judiciales, Trevor Branham, de 33 años, fue acusado por haber provocado el accidente. En el material audiovisual se puede ver que este hombre, tras el volante de una camioneta Chevrolet, se desvía del camino para evitar a otro automotor que estaba detenido y cruza a la vía contraria antes de impactar contra el camión de Thomas.

Branham acudió este miércoles a la audiencia preliminar, donde el video fue presentado como prueba de su culpabilidad, y recibió cuatro cargos por poner en peligro sin razón a una persona. También fue acusado de conducir con una licencia suspendida.