En un breve comunicado emitido en redes, el órgano fiscal detalló que se formularon cargos contra Génesis C., Ginger S. y María C. “por su presunta participación en el delito de asesinato, cometido en contra de la fiscal Luz Marina Delgado y Jefferson Mendoza, en Manta. Se dispuso prisión preventiva en su contra”.

Tras informar del homicidio el miércoles, la Fiscalía rechazó “cualquier intento de amedrentamiento” y ratificó su respaldo al trabajo de investigación que realizan los distintos equipos fiscales en el país para garantizar “un acceso digno, transparente y efectivo a la Justicia penal”.

También formuló un llamamiento a la Policía Nacional y demás entidades encargadas de velar por la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de delitos, para “actuar con mayor eficiencia de manera que este tipo de hechos no se repitan”.

El pasado 29 de abril, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en Manabí, Esmeraldas y Guayas, provincias de la costa del país para combatir la delincuencia organizada, lo que incluye un toque de queda nocturno en tres poblaciones.

El Gobierno de Ecuador informó, además, que destinó una partida de 11,5 millones de dólares para reforzar la seguridad en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).

Estas decisiones se enmarcaron en la creciente violencia que se vive en el litoral ecuatoriano protagonizada por bandas criminales organizadas enfocadas principalmente en el narcotráfico y algunas con vínculos con carteles de la droga de México y Colombia, según apuntan las autoridades ecuatorianas.

Escenas como la aparición de personas decapitadas o los asesinatos de sicarios se han vuelto cada vez más frecuentes en las provincias del litoral, principalmente alrededor de Guayaquil, capital de Guayas, cuyo puerto es utilizado de trampolín para la cocaína producida en Colombia, Perú y, en menor medida, también en Ecuador.

Este fenómeno también tiene un sanguinario capítulo en la crisis carcelaria de Ecuador, donde más de 400 presos han muerto desde 2020 en distintos enfrentamientos entre este tipo de bandas que se disputan el control de las prisiones.

La Policía maneja hipótesis que rodea al asunto. Uno dice que ocurrió por una falta de atención, aunque por el momento van a seguir con la investigación, porque también existe la posibilidad de que pudiera haber sido adrede.

La información proveída por los investigadores menciona que se utilizó vino blanco en lugar de agua para diluir la leche en polvo. La abuela sostiene que se confundió porque se encontraba dentro de una botella oscura. El niño ingirió parte del contenido, pero al rato rechazó seguir bebiendo.

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Allí la abuela afirma que se dio cuenta del error y avisó a la madre. Llevaron al niño de inmediato a la sala de emergencias del Perrino, donde fue trasladado a Pediatría y recibido de inmediato por los médicos para un tratamiento urgente. Esto incluyó el lavado gástrico y luego la intubación, antes de ser trasladado al hospital pediátrico Giovanni XXIII en Bari, donde actualmente está en la unidad de cuidados intensivos.

La condición del bebé es estable por el momento y parece que mejora ligeramente, pero debido a su corta edad existe un gran peligro para su vida. El pronóstico es reservado y se está considerando si se le puede extubar. Los Carabinieri de la compañía de Brindisi son los que están investigando lo ocurrido, pero por ahora no hay abierto ningún caso.

Fuente Infobae/ Agencias

El reverendo estadounidense Lawrence Kozak fue acusado la semana pasada de robo y delitos relacionados tras una investigación sobre sus gastos mientras ejercía como párroco de la iglesia católica Saint Thomas More en Pensilvania, informan medios locales.

En 2022, un contador que revisaba las finanzas de la parroquia descubrió una “cantidad astronómica de transacciones” en los extractos de las tarjetas de crédito de la iglesia. Las compras habían comenzado a hacerse en 2019, poco después de la llegada del religioso al templo, a través de una cuenta de usuario de Apple registrada a su nombre.

Una revisión a fondo de los registros bancarios reveló que Kozak había acumulado más de 40.000 dólares en gastos en el transcurso de tres años. Los recursos parroquiales los empleó para comprar regalos y artículos personales, y para financiar su adicción a juegos móviles como ‘Candy Crush’, ‘Mario Kart’ y ‘Pokémon Go’.

En una entrevista en ese entonces con uno de los investigadores, Kozak comentó que estaba buscando asesoramiento para su adicción. Al mismo tiempo, afirmó que, más que gastar en juegos de azar en línea, lo que hacía era comprar habilidades para obtener ventajas en los juegos que consumía.

Por otro lado, el sacerdote negó haber usado intencionalmente las cuentas de la iglesia, argumentando que las tarjetas estaban vinculadas a su teléfono celular para el pago de servicios permitidos por las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, reconoció que pudo haberlas utilizado accidentalmente. Además, dijo sentirse “decepcionado” por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto, aunque señaló que no había excusas y que debió haber prestado más atención.

Desde la gerencia comercial de Saint Thomas More, no obstante, consideran que Kozak sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En una ocasión anterior ya se le había contactado para cuestionarle sobre unas compras inexplicables en los extractos de cuenta y ya le habían advertido sobre los peligros de mezclar gastos comerciales y personales.

Kozak, de 51 años, fue destituido de su puesto en noviembre de 2022. La arquidiócesis emitió en ese entonces un comunicado indicando que la decisión estaba basada en “ciertos gastos” suyos y el cuestionamiento del uso de los fondos parroquiales. Tras las acusaciones de la semana pasada, el reverendo fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 250.000 dólares.

De acuerdo con su abogado, Joseph Poluka, se revisarán los cargos y planean contactar a los fiscales sobre el caso en los próximos días. Kozak se había disculpado con el sacerdote que lo sustituyó, diciendo que lamentaba haber “cometido ese error” y que había estado pagando el dinero que le debía a la iglesia.

Al menos 13 personas han muerto y 21 se encuentran desaparecidas por las fuertes lluvias que azotan Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, donde se ha decretado el estado de calamidad pública.

El gobernador, Eduardo Leite, afirmó que se trata del “mayor desastre natural” al que se ha enfrentado el estado. “Tenemos grandes dificultades para rescatar a las personas, porque la lluvia no cesa y esto impide las operaciones aéreas”, aseguró.

Leite dijo que había hablado con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien informó que la región está viviendo “una situación de guerra”. El mandatario manifestó su intención de viajar este jueves a la zona.