El presidente de la Comisión Permanente, el senador Colym Soroka, anunció que se decidió llamar a una extraordinaria de la Cámara Alta el día miércoles de la próxima semana, a las 11 horas. Esto tras la reunión reservada que se mantuvo con el ministro de Justicia, Angel Barchini, en la cual se abordó la situación de las cárceles del país.

El legislador expuso que serán dos puntos a tratarse en la sesión del Senado. Uno de ellos consiste en el proyecto de Ley de la Orgánica Penitenciaria, que tiene media sanción de Diputados y busca establecer una estructura orgánica con derechos, deberes, prohibiciones y garantías para el desempeño de las actividades laborales de los agentes penitenciarios. La normativa brindará facultades a estos guardiacárceles, a fin de impedir que otros centros penitenciarios del país lleguen al mismo nivel que llegó la cárcel de Tacumbú.

El segundo es la propuesta hecha por el propio Barchini al Congreso para implementar el régimen cerrado especial de máxima seguridad para la privación de libertad de personas de alto riesgo. Esto permitirá hacer una discriminación de los internos, de modo a que aquellos más peligrosos sean derivados a módulos especiales conforme a los estándares internacionales.

Soroka mencionó que si el Senado aprueba este régimen penitenciario, esa misma tarde los diputados podrán solicitar una extraordinaria para el jueves de esa semana, de modo a acelerar la sanción de esta propuesta que fue presentada por el Ejecutivo.

“El tratamiento tiene carácter de urgencia por la necesidad de este momento que sufre esa institución”, dejó en claro el legislador.

No está incluida la ley de servicio civi

Por otro lado, Colym Soroka aclaró que en la sesión convocada no está incluida la iniciativa que establece la reforma del Servicio Civil, de modo a no mezclar los temas y que se dé pie a los cuestionamientos. “No queremos que ese proyecto se contamine por el camino y digan que hacemos a la apurada de vuelta”, agregó.

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Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.