Lo que siempre sustentaron los cuatro países que tienen una postura conteste (Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay) es que, nadie desconoce el pago de una tasa de peaje tal como lo contempla taxativamente el artículo 9º del acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.

Sin embargo, ese peaje será reconocido, siempre que las obras hayan sido efectivamente ejecutadas, y que, además, hayan sido desarrolladas por la AGP y sirvan para la navegación de la hidrovía.

“Con esos dos condicionamientos y prerrequisitos, nosotros estamos en la tesitura de reanalizar, hacer un examen de costos y de corresponder y de llegar a un precio que sea congruente con la realidad de los hechos, ese no es el caso actualmente”, explicó el presidente de Navegación y Puertos, Julio Vera.

Todo este estudio y las posiciones asumidas ya pasaron por la CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía) que es el órgano político, actualmente coordinado por Brasil, pero dentro del cual se conformó una Comisión Técnica liderada por Uruguay. A partir de aquí, se realizaron reuniones en Montevideo y Buenos Aires.

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Por otro lado, y, todavía más importante, se hicieron visitas in situ, una de ellas, en embarcaciones cedidas por la Prefectura de Argentina y las otras, en un convoy de barcazas, el cual permite verificar de manera mucho más real la dificultad que experimentan los capitanes.

#AsíSonLasCosas🧐

Argentina pide paciencia y voluntad para llegar a acuerdos con Paraguay: "Lo inmediato es que haya una tercera reunión técnica".

📞Ing. Julio César Vera, presidente de la @annpparaguay

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— GEN (@SomosGEN) January 25, 2024

“Desde mi punto de vista se impone una tercera reunión técnica para continuar evaluando el tema, llegar a una postura si se quiere por consenso, uniforme en relación a lo que nosotros sustentamos y de ahí, determinar lo que correspondiere con la delegación argentina”, indicó el titular de Puertos.

Consultado sobre las declaraciones de la canciller argentina, sostuvo que la ministra está en su papel y que, simplemente manifestó una posición política que no se compadece precisamente con los requerimientos técnicos aplicables a este tipo de situaciones.

Vera dejó en claro que, al margen de las posiciones asumidas, necesariamente el próximo paso es la convocatoria de la tercera reunión técnica para intentar destrabar el conflicto.

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La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

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A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

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Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

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Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.