Después de la reunión del presidente Santiago Peña con los intendentes y gobernadores, hubo un acuerdo para avanzar en el proyecto Hambre Cero, bajo ciertas modificaciones, pero conservando la esencia del programa: que la alimentación escolar alcance a todos los niños.

Estas son algunas excusas de la oposición, con sus respectivas incoherencias:

RECULADA

La ley “Hambre Cero” permanece intacta. La gestión y administración de los fondos para la alimentación escolar quedará como está previsto en el proyecto de ley, en manos de las gobernaciones y del Ministerio de Desarrollo Social. El órgano rector será el CONAE (Instancia superior integrada por ministros de Economía, Educación, Desarrollo Social, jefa de gabinete, Opaci y el Consejo de gobernadores) que tendrá a su cargo regular controles administrativos y operativos del FONAE, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos. ¿Dónde está la reculada?

¿Qué manejaran los intendentes?

NO tendrán a su cargo ningún proceso relacionado a la alimentación escolar. Solo se encargarán de la infraestructura. Mantienen los fondos de royalties en un 100% y los fondos que les correspondían por Fonacide (25%).

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NO VA A SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

El proyecto “Hambre Cero” plantea un cambio de paradigma en la gestión de una política pública que tiene por objetivo alimentar a 1.300.000 niños escolarizados. La propuesta propone asegurar fondos de distintas fuentes para lograr el objetivo, (80% del Fonacide unos US$ 239 millones, más US$ 28 millones de recursos del tesoro ya previstos).

Además, la ley prevé controles y auditorías concurrentes, transparencia de datos, participación de la sociedad y castigo a los funcionarios que administran los fondos. (Art. 6, Art. 7, Art. 8)

CARTISMO PARA CONTROLAR EL CARTISMO

Los mecanismos de control que establece la ley “Hambre cero” otorga nen su artículo 7 a la Contraloría General de la República y a los órganos de control internos pertinentes el control de la administración, la distribución, gestión y ejecución de los recursos financieros del FONAE sin perjuicio de otros sistemas de control que se establezca en la ley en la reglamentación.

Tanto el CONAE, como el Ministerio de Desarrollo Social y los gobiernos departamentales deberán presentar a la Controlaría informes semestrales sobre la distribución y destinos de los recursos del CONAE.

MECANISMOS DE CONTROL YA EXISTEN, DICEN

Los controles aplicados hasta ahora a los recursos del Fonacide han demostrado ser insuficientes y poco óptimos al no ser concurrentes. El año pasado la Contraloría remitió a la fiscalía 50 formularios de reportes de hechos punibles vinculados a la gestión de municipios respecto al almuerzo escolar, los hechos reportados corresponden solo a los años 2021 y 2022.

IMPOSICIÓN Y SUPUESTA FALTA DE CONSENSO

El proyecto impulsado desde el Ejecutivo plantea la oportunidad de discutir el rediseño de Fonacide, una ley que ya fracasó. El ámbito natural de discusión es el Congreso, instancia que deberá abrir los espacios de debate necesarios para mejorar la propuesta. Desde el Ejecutivo se demostró el coraje y la apertura suficiente para plantear el cambio de la legislación y esto quedó plasmado en la reunión con los intendentes municipales con quienes se acordó el apoyo a la propuesta. ¿Dónde está la imposición?

ACUSAN AL GOBIERNO DE NO HACER LA TAREA POLÍTICA

La oposición acusa al Gobierno de no hacer su “tarea política”, critican el proceso de gestación de la propuesta, limitándose a la crítica fácil desde las graderías, desde donde se reduce todo al ataque político. Sin embargo, ¿hacen los opositores su tarea? ¿Plantean alternativas? ¿Discuten los proyectos con fines constructivos o netamente destructivos? ¿Incluyen algún análisis comparativo antes de despotricar?

Estas acciones son las que se esperan de una oposición saludable, que se presenta como “alternativa”. Lamentablemente, estas no son las características de la oposición paraguaya, de la que solamente se percibe el odio, la pichadura y el revanchismo político.

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Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.