La fiscal Norma Salinas tomó intervención ante una denuncia formulada por un grupo de pobladores de la zona denominada “Tacuru” de la ciudad de Caaguazú.

Dicha denuncia guarda relación con la supuesta existencia de un vertedero clandestino en una propiedad privada, hecho que viene teniendo preocupada a toda la comunidad local.

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Acompañada por una comitiva policial, la representante del Ministerio Público acudió al lugar en cuestión y constató que, efectivamente, estaba siendo utilizado para el desecho de basuras de manera totalmente irregular.

Así también, en esta inspección se pudo confirmar que un arroyo ubicado a pocos metros del vertedero se encontraba totalmente contaminado y con un color turbio, menciona el portal Oviedo Press.

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De acuerdo a las manifestaciones de un lugareño, allí suelen encontrar hasta frascos de veneno y medicamentos que son arrastrados desde la basura por las precipitaciones, hecho que agrava aún más la situación.

Salinas realizó actas de procedimiento y tomó fotografías del sitio como pruebas contundentes que confirmaban la ilegalidad del vertedero, a fin de dar el seguimiento a la denuncia.

Este importante paso se da en el marco de la misión realizada por el organismo financiador, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, (CAF), cuyos representantes se encuentran desde esta semana en nuestro país haciendo una revisión del estatus de ejecución de la operación.

En representación del MOPC, firmó el documento la Ing. Claudia Crosa, responsable de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) y por el municipio, la intendenta Carolina Aranda. Acompañaron los diputados Marcelo Salinas y Johana Vega, además de los concejales municipales.

Durante el encuentro desarrollado en la sede del municipio, se expusieron también los aspectos generales del proyecto y se destacó el gran impacto social y ambiental que tendrán las obras.

Con este acuerdo se cumple uno de los requisitos que posibilitarán iniciar los procesos para el llamado a licitación de las obras de alcantarillado sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y mejora del sistema de agua potable, que en su conjunto beneficiarán a 290.000 habitantes de Mariano Roque Alonso y algunos barrios de Asunción.

Posterior a la rubricación de firmas, la misión de CAF prosiguió con el recorrido de la zona donde se ubicará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y algunos de los futuros emplazamientos de las estaciones de bombeo.

Por la tarde se realizó el cierre de la misión, con la elaboración de conclusiones, compromisos y cronograma futuro.

Más sobre el programa

El “Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Área Metropolitana de Asunción – Cuenca Mariano Roque Alonso” contempla una red de alcantarillado sanitario (red cloacal) de más de 447 Km, 10 estaciones de bombeo y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Cabe destacar que, la PTAR podrá recibir a futuro también los efluentes provenientes de una parte de la ciudad de Luque. Todo esto representa una inversión de USD 160.000.000.

La gestión y ejecución de este emprendimiento corre por cuenta del MOPC, mientras que la operación y mantenimiento del sistema, una vez concluidas las obras, estará a cargo de la Empresa de Servicios de Sanitarios del Paraguay S. A. (ESSAP S.A.), prestadora del servicio en el área de proyecto.

El senador Basilio Núñez informó que inició conversaciones con sus colegas de otras bancadas para dar tratamiento al proyecto de ley contra nepotismo, que ya cuenta con media sanción por parte de Diputados.

“El tratamiento no debería pasar mayo, ya estamos llegando este mes, entonces las comisiones se deben mover”, señaló, al momento de resaltar la importancia de avanzar con el análisis de la propuesta.

De modo a avanzar en la cuestión, el senador Núñez planteó propuestas a sus colegas para sancionar el proyecto de nepotismo. “Estaba comentando con el senador Eduardo Nakayama de aprovechar que ya hay una media sanción de Diputados, entonces podemos ver con los colegas y hacer la modificación respectiva si es necesaria y si estamos de acuerdo, damos media sanción con modificaciones, eso vuelve a Diputados, ahí ellos vuelven a aprobar y así la ley ya es enviada al presidente de la República”, explicó.

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En otro procedimiento de erradicación de cultivos ilícitos en zona de Yby Pytá, la SENAD inhabilitó dos hectáreas de marihuana.

La incursión se enmarca dentro del plan estratégico que busca marcar mayor presencia operativa en el departamento de Canindeyú.

Los antidrogas emplearon tareas para destruir alrededor de seis toneladas de la droga. Según datos manejados, las parcelas serían parte de todo el soporte logístico que reúnen grupos criminales de la zona.

Desde la SENAD se encuentran trabajando para la instalación de otra base operativa en zona de Canindeyú, acción con la que se pretende establecer mayor capacidad de control sobre la región en términos de investigaciones y lucha contra el narcotráfico.