A tempranas horas del lunes se registró un accidente de tránsito en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este, el cual fue protagonizado por una conductora en estado etílico.

Se trata de Cindy Romina López Almirón, de 31 años, quien iba al mando de un vehículo de la marca Toyota tipo Premio de color blanco, con chapa CEE 712.

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Imágenes de circuito cerrado muestran el preciso momento en que la mujer pierde el control e impacta contra otro automóvil que se encontraba estacionado sobre la vereda, frente a la vivienda de su propietario.

Agentes policiales acudieron al lugar tras el choque y se encargaron de inspeccionar el rodado de López, hallando en su interior varias latas de cerveza vacías, confirmando así que había ingerido bebidas alcohólicas antes de tomar el volante.

La causante del accidente se resistió al procedimiento e incluso intentó huir del sitio, aunque no pudo lograr su cometido ya que su vehículo quedó con uno de los neumáticos pinchados y algunos problemas mecánicos.

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Finalmente, fue detenida y llevada a la Comisaría 25ª de Mujeres, siendo también trasladada hasta la base de la Patrulla Caminera, donde se negó a someterse a la prueba de alcotest.

Cindy López es hermana de Wilson Orlando López, alias “Jurulo”, un conocido delincuente de la zona de Alto Paraná. Al igual que él, la misma también se dedicaría a “tortolear” vehículos estacionados para robar objetos de valor.

En el transcurso de este viernes se confirmó la comparecencia de los procesados Marcelo Bordón Leiva, Verónica Alexandra Blanco Bogado, Hugo Enrique Aranda Noguera, José Raúl Coronel Acosta, Juan Manuel Villar López y Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz.

La mayoría de estos exfuncionarios del IPS fueron beneficiados con la libertad ambulatoria por disposición del juez Rodrigo Estigarribia, ante quien se presentaron para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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Previamente, habían accedido a esta misma medida alternativa a la prisión el expresidente del IPS, Jorge Magno Brítez, y la exfuncionaria de la asesoría jurídica de la previsional, Rosa Concepción Colmán.

Todos los imputados por lesión de confianza presentaron inmuebles valuados en millones de guaraníes como caución real, a fin de poder acceder a una salida procesal por parte del juzgado.

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El Ministerio Público abrió una causa penal tras la denuncia por supuesto daño patrimonial al Instituto de Previsión Social (IPS), por una suma estimada de G. 61.000 millones, a raíz de la fallida instalación de quirófanos modulares.

El único de los procesados que aún sigue pendiente de presentarse ante la justicia es Vicente Bataglia, también extitular del IPS, quien se encuentra de viaje por Italia, conforme a lo manifestado por su representante legal.

El doctor Pablo Lemir, jefe de Medicina Forense del Ministerio Público, explicó que la autopsia fue bastante compleja, ya que primero tuvieron que hacer una reconstrucción del cuerpo y de cada una de las partes desarticuladas.

“Esta niña fallece por una asfixia bastante particular porque se da por un proceso de inhibición dentro del marco de una inmersión. No es que el agua haya entrado a todos los pulmones, sino que un líquido con un alto componente tipo térreo y pasto llega al tercio medio de la tráquea, eso provoca una inhibición de la laringe y hace que se cierre como acto reflejo, y eso provoca la asfixia”, relató Lemir.

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Esto significa que alguien la sumergió o que ella misma se sumergió, pero el agua no llenó los pulmones, sino que solo llegó al tercio medio de la tráquea (si trazáramos una línea recta desde el cuello hasta el pecho, este punto se situaría en el medio ). La violencia y el desmembramiento son postmortem. El cuerpo está totalmente desarticulado en cada una de las uniones.

La data de muerte es de siete días,lo cual impidió encontrar líquidos y sustancias; sin embargo, sí pudo descartarse el embarazo. Tampoco se pudo extraer orina porque la vejiga estaba vacía. Este procedimiento fue hecho como anticipo jurisdiccional de prueba.

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Este jueves volvió a ser suspendido el juicio oral y público contra un hombre de 42 años, acusado por un supuesto abuso sexual que tuvo como víctima a su sobrina de solo 9 años, ocurrido en el departamento de Canindeyú.

El episodio data del año 2019, cuando este hombre habría sometido sexualmente a la menor de edad, aprovechando que sus padres se encontraban en un centro asistencial por motivos de salud, de acuerdo a la denuncia.

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Su abogado defensor, Toribio Vázquez Bogado, ayer presentó una nueva recusación contra los integrantes del Tribunal de Sentencia a cargo de la causa, lo cual derivó en la postergación del inicio del juicio.

El abogado Saúl González Ayala, representante legal de la familia de la víctima, manifestó al canal GEN que esta situación viene arrastrándose desde hace más de dos años, con continuas postergaciones, producto de incidentes y maniobras dilatorias.

Hasta el momento, ya suman siete suspensiones al juicio oral por este caso de abuso sexual en niños, impidiendo que el principal acusado pueda sentarse en el banquillo de los acusados. El propósito sería que la causa prescriba, afirmó.

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El profesional del derecho considera que este y todos los casos en los que se produjeron abusos contra menores de edad deben ser atendidos con celeridad, sin excepción. “Hay toda una comunidad que está pendiente de esto y está pidiendo justicia”, agregó.

El juicio debe llevarse a cabo en el Palacio de Justicia de Saltos del Guairá, en Canindeyú.