En la madrugada del sábado se registró un nuevo hecho de violencia contra la mujer, esta vez en un local de la cadena Biggie ubicado en el barrio San Miguel de San Lorenzo.

Imágenes de circuito cerrado muestran el momento en que la víctima, una joven de 26 años, es atacada por un hombre, quien primero le propina golpes de puño y luego varias patadas mientras la misma se encuentra en el suelo.

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Los datos refieren que la mujer ingresó al local en busca de ayuda mientras huía de su agresor, quien igualmente decidió entrar para agredirla sin importar que se trataba de un minimercado con varias personas en su interior. Fue una tercera persona quien finalmente logró salvarla.

Posteriormente, se confirmó la identidad del sujeto. Se trata de Bienvenido Urquhart Ortega, de 27 años, alias “Romario”, quien es pareja sentimental de la joven El mismo cuenta con cinco antecedentes penales por robo, hurto, hurto agravado y violencia familiar.

El hombre sería adicto a las drogas y ya es conocido por los vecinos de la zona, puesto que en anteriores ocasiones protagonizó otros incidentes, aunque siempre logra salir en libertad.

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El comisario Carlos Ayala, subjefe de la Comisaría 53 San Miguel, comentó al canal GEN que el autor de esta agresión acabó siendo detenido horas después en la vía pública, luego de la orden de captura emanada desde la Fiscalía. “Se actuó de oficio a raíz de la difusión del circuito cerrado”, confirmó.

Según refirió Ayala, la víctima en todo momento se negó a formular la denuncia contra su agresor, alegando que “no quería perjudicarlo”. Este episodio tendría como trasfondo una cuestión de celos.

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Joven fue brutalmente agredida por un hombre de un minimarket en San Lorenzo. El presunto autor sería pareja de la víctima y ya se encuentra detenido.

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La madre de Matías Vicésar (21), Raquel Vicésar, denunció en charla con Visión Comunicaciones que existen muchas irregularidades en el proceso abierto contra el radiólogo Gabriel Ayala, quien fue el responsable de haber ocasionado el accidente.

La madre explicó que habían recusado al juez de Guairá, Víctor Ortigoza, por aparente pérdida de imparcialidad, y que de manera meteórica un Tribunal lo confirmó en el cargo e inmediatamente se fijó la audiencia.

“De la nada se llamó a juicio oral, siendo que se recusó al juez por parcialidad. Mientras estábamos esperando la resolución, a mi hija le avisan que el tribunal confirmó al juez a las 12:10, y que ya se convocó a la audiencia a las 12:30. La contraparte consiguió a todos sus testigos, mientras que nosotros tenemos a un testigo que es de Encarnación y otro que estaba trabajando en ese momento. Por lógica se debe hacer una notificación previa. Me duele mucho eso”, expuso.

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En otro momento, la mujer lamentó que la contraparte denunciada pretendió instalar mentiras, responsabilizando a su hijo de lo ocurrido. Afortunadamente, tras mucho insistir se pudo conseguir un video de circuito cerrado, mediante el cual se supo lo que verdaderamente ocurrió. “La fiscal Gladys Giménez nos trabó al principio, y tuvimos que hacer una querella adhesiva para poder acceder al video. Nuestro abogado accedió y vimos que mi hijo no fue el culpable”, agregó.

También indicó que, uno de los testigos dijo que al radiólogo le preocupó más cómo estaba su auto antes que el joven atropellado, quien estaba tirado en el suelo y no recibió la asistencia oportuna, lo cual podría haber cambiado su situación.

Para el próximo viernes, a las 09:00, está previsto que continúe el juicio contra Gabriel Ayala. La familia de Matías espera conseguir justicia.

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El 25 de junio del 2023, en horas de la noche, Matías Vicésar Leiva sufrió un traumatismo de cráneo y múltiples fracturas. Estuvo involucrado en el accidente el automóvil conducido por el radiólogo Gabriel Ayala Irala, funcionario de blanco de la ciudad de Villarrica.

El percance se registró sobre la calle Avenida España y 25 de noviembre, en la esquina del hospital regional de Villarrica, cuando el joven transitaba a bordo de su motocicleta rumbo a su domicilio tras su jornada laboral, momento en que le salió al paso -aparentemente de manera imprudente- el conductor del rodado.

Marías se encuentra actualmente en su casa, con muerte cerebral, luego de haber estado seis meses en el hospital.

El mismo fue identificado como Julio Ramón Cáceres Carrillo, 52 años, quien es acusado por falsificación de documentos para los delincuentes. El hombre ya se encontraba suspendido desde el año 2023 por una causa similar, sin embargo seguía generando documentos que falsificaba para sus “clientes”.

El allanamiento y detención se produjo sobre las calles Milano y Juan E. O’Leary, de la capital, en donde el sujeto tenía montado su oficina y vivienda.

Las tramas fraudulentas afectaron a muchas personas que caìan en la trampa que se presentaba de manera legal, pero cuyo contenido estaba plagado de falsificaciones de documentos públicos.

Según investigadores, el escribano acusado tendría conexiones cómplices en entes en los que necesariamente deben registrarse las transacciones de bienes, así como en el ámbito judicial. Esto a partir de la forma rápida en que se despachaban los casos, así como el acceso a planillas hojas de documentos en blanco, que eran llenadas con datos falsos. Esta posibilidad ya saltó al tapete en otras ocasiones en donde incluso se vieron involucrados jueces y funcionarios del Poder Judicial.

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Agentes especiales de Oficina Regional de la SENAD en Ciudad del Este realizaron un importante operativo en la zona de la estancia “Agrotoro”, ubicada en el distrito de Ñacunday, departamento de Alto Paraná.

El procedimiento, que contó con la coordinación del agente fiscal Manuel Rojas, tuvo como finalidad la anulación de cultivos ilícitos de marihuana en dicho sector.

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Esta despliegue se desarrolló como parte de una investigación relacionada con grupos criminales que ingresan a establecimientos rurales para la instalación de campamentos narco, al margen de la ley.

Los intervinientes lograron hallar varias plantaciones de cannabis dentro del establecimiento, que totalizaron 3 hectáreas de la droga, de acuerdo al informe.

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Así también, se descubrió un campamento utilizado por los narcotraficantes para el procesamiento de la marihuana, además de los insumos y herramientas destinadas para dicho menester.

El traslado de las fuerzas operativas de la SENAD obtuvo como resultado la destrucción de un total de 9 toneladas de marihuana, detalla la actualización brindada por la institución.