La reunión se llevó a cabo entre el director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, el intendente de Nanawa, Claudio Samaniego y comerciantes de la mencionada localidad.

“Vamos a trabajar legalizados y los de Nanawa serán los que van a tener prioridad para trabajar”, indicó el director Orué, quien también llamó a la pacificación de los manifestantes tras los incidentes registrados con policías.

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Sostuvo además que la mesa de trabajo tendrá como base la Municipalidad de Nanawa, donde los comerciantes tendrán toda la información y apoyo para lograr el proceso de formalización, sin que esto signifique una merma en los controles anticontrabando.

“La ley no es negociable. Nosotros tenemos que hacer cumplir la ley”, resaltó Orué.

Cinco hombres armados le cerraron el paso a la camioneta en la que circulaba Cecilia Cubas Gusinky, en las inmediaciones de Laguna Grande, en el límite de Fernando de la Mora y San Lorenzo.

De otro móvil bajó otro de los criminales y disparó a las ruedas del vehículo de Cecilia, quien hizo otro intento por retomar y escapar de los delincuentes. En ese momento, uno de los malvivientes, rompió la ventanilla del acompañante con un mazo de hierro, desbloqueó las puertas y ordenó a la víctima que baje.

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La joven todavía se resistía, ante lo cual, alguien disparó al capot y logró detener la camioneta.

Posteriormente, abrieron la puerta del lado del conductor y con mucha dificultad sacaron a Cecilia de su asiento. Ella continuaba luchando, por lo que, la arrastraron hasta otro vehículo, mientras ella pedía socorro, no obstante, lograron secuestrarla.

Los criminales se comunicaron con la familia Cubas Gusinky para exigir el pago de un dinero a cambio de la libertad de Cecilia. El monto fue entregado, pero los autores no cumplieron su palabra.

El 16 de febrero del 2005, luego de informaciones manejadas por la Policía y la Fiscalía, allanaron una vivienda ubicada en el barrio Mbocayaty de Ñemby, donde encontraron algunas evidencias, pero a ninguna persona.

Cuando parecía que ya no hallarían a Cecilia, uno de los intervinientes se percató de la existencia de un hueco en el piso, comenzó a golpear e indagar y se percató de que había una fosa, donde hallaron enterrada a Cecilia.

Arístides Vera,Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón, fueron condenados a 35 años de cárcel al ser encontrados culpables de homicidio doloso agravado, secuestro y asociación criminal. La justicia determinó que estas personas fueron las que decidieron en una asamblea la muerte de Cecilia Cubas por encima de seguir negociando su libertad.

A través de su defensa, el condenado Anastasio Mieres solicitó al Juzgado de Ejecución la revocación de los 10 años de medida de seguridad.

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“Mi total rechazo a las desacertadas expresiones de mi colega Rubén Rubín, respecto a adquirir misiles que apunten a objetivos de países amigos de la región. El Paraguay, por mandato de la Constitución Nacional (Art. 144) renuncia a la guerra”, escribió el colorado Harms, en su cuenta de Twitter.

Ante este mensaje, el propio Rubín retrucó y aclaró que, él no pide guerra, sino capacidad de defensa nacional.

Al respecto, trajo a colación que Argentina adquirió recientemente aviones de guerra por valor de 400 millones de dólares.

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Esta mañana, en conversación con la emisora 1080 AM, el diputado Rubín aseguró que nunca habló de atacar, sino de que el Paraguay esté preparado en cuanto a armas se refiere.

“Fue una mala interpretación de mis palabras. Era un debate abierto sobre defensa nacional. No hablamos de Argentina u otro conflicto particular”, afirmó.

Recordó que, el legislador que le antecedió en el uso de la palabra, declaró que no iría a la guerra por Paraguay y que, por eso, él afirmó que sí y dio sus argumentos.

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Por su parte, el director de Paraguay Ciberseguros y Ciberpadres, Miguel Ángel Gaspar, lamentó las expresiones de Rubín.

“Yo espero, Diputado @RubenRubin pida disculpas, porque no tiene una idea del daño que generan sus palabras. Sus palabras no se quedaron en el Congreso, se inmortalizaron en Internet, las escuchan millones ahora y nos avergüenzan. La guerra no es un camino, ni para ejemplo”, escribió.

Del 3.1 de la sección ingresos-egresos del formulario de decla­raciones juradas de la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), el expresidente de la República Mario Abdo Benítez obvió el 3.2 de ingre­sos anuales y pasó directa­mente al 3.3 de egresos men­suales. (Ver comparativo).

En las declaraciones juradas de Abdo Benítez no aparecen las millonarias ganancias que obtuvieron sus empre­sas detrás de la provisión de asfalto a “importantes constructoras de obras via­les”, tal como figura en acta de asamblea de una de ellas y que de alguna manera tor­nan lógicas las sospechas de las influencias que pudo pri­mar detrás de los negocios del Estado.

Como se puede ver en los formularios de declaracio­nes juradas, en el punto 3 de ingresos-egresos figu­ran los ingresos anuales; sin embargo, este ítem fue obviado en las declaracio­nes juradas del exmandata­rio. Ni el aguinaldo percibido en 2022 figura en su última manifestación de bienes al dejar el cargo y que es una retribución que los funcio­narios consignan en sus res­pectivas manifestaciones de bienes al dejar el cargo.

En la CGR se muestran muy cautos en relación con las revelaciones de multimi­llonarias ganancias de las empresas de Abdo Benítez durante los años que estuvo como presidente de la nación.

Solo señalan que iniciaron el examen de correspondencia sobre los bienes del exmanda­tario y que pedirán informes a las compañías en las que el mismo tiene acciones.

La distribuidora de asfalto Aldia SA en la que el expre­sidente registra 87,50 % de las acciones acumuló ganan­cias netas anuales por G. 175.268 millones entre 2018 y 2021, esta cifra equivale a un aumento en utilidades de 800 % comparado con las acumuladas en los años que le tocó ser senador, que fue de G. 19.480 millones.

Mientras que su otra empresa del rubro construcción y asfalto, Creando Tecnología (Createc SA), de G. 2.377 millones de lucro neto en 2016, fue aumentando expo­nencialmente hasta marcar diferencias que llegaron a un aumento ganancial de hasta 750 % en el periodo de pande­mia 2021, que fue dorado para su compañía con el monto de G. 22.546 millones.

La bonanza de ambas empre­sas del expresidente se dis­paró en los años de pandemia, cuando el país se subordinaba a un régimen de cuarentena que obligó a cerrar empre­sas, disminuir producción con una enorme cantidad de desempleados y mien­tras Abdo Benítez, decreto mediante, exceptuaba a las obras públicas de las medidas sanitarias establecidas por la epidemia del covid-19, priori­zaba la construcción de rutas aumentando la demanda de asfalto, favoreciendo de esta manera los negocios de sus dos compañías.

El exmandatario puso como representante legal en sus empresas que venden insu­mos a las “importantes cons­tructoras viales” a su hijo Mario Abdo Benítez Díaz Benza por incompatibilida­des constitucionales con las funciones que tenía como presidente de la República.

A las siderales ganancias netas anuales publicadas en estos días hay que sumar las utilidades netas obtenidas por Aldia SA en 2022; es decir, en el ejercicio anterior.

Según los documentos proveídos recientemente por el Ministerio de Economía y Finanzas, la utilidad neta del año pasado de la distribuidora de asfalto asciende a G. 65.995 millones que, sumada a las acumuladas hasta 2021, incrementan ganancias netas a G. 241.000 millones entre 2018 y 2022.