Las sentencias, emitidas en 2006 y 2010, afectan a la comunidad Sawhoyamaxa, de la etnia énxet, y a la comunidad Xákmok Kásek, de la etnia sanapaná, ambas ubicadas en la región del Chaco, en la mitad occidental del país.

“Desprenderse de entre 12 y 15 millones de dólares en dos casos, considerando las necesidades del país, es algo que se nos escapa”, aseguró Servín.

El funcionario hizo esas declaraciones en la sede del INDI poco antes de su reunión con líderes de los dos grupos indígenas afectados por las sentencias.

Para el presidente del INDI, estos dos casos “son importantes” pero “no son el ombligo del mundo”, ya que la entidad “tiene otros casos antiguos de expropiaciones a pagar”.

Aclaró que el INDI posee un remanente de 67.000 millones de guaraníes (unos 14 millones y medio de dólares) correspondientes al presupuesto de 2014, que son los que las comunidades indígenas solicitan que se utilicen para dar cumplimiento a las dos sentencias de la CorteIDH.

Ireneo Téllez, abogado de la asociación Tierraviva, que representa legalmente a los indígenas, dijo que se reclaman 34.000 millones de guaraníes (unos 7 millones de dólares) para acatar la sentencia que afecta a los Sawhoyamaxa.

Y cerca de 30.000 millones (casi 6 millones y medio de dólares) para cumplir con la sentencia favorable a los Xákmok Kásek.

En el caso de los Sawhoyamaxa, el Estado firmó en junio de este año una ley de expropiación a favor de la comunidad indígena de 14.404 hectáreas que eran propiedad del alemán Heribert Roedel.

Roedel no aceptó la decisión e interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que la Corte Suprema de Justicia rechazó a fines de septiembre.

El empresario prevé ahora solicitar una aclaratoria a la Corte, lo que podría ralentizar el proceso, reconoció el presidente del INDI.

“Si el propietario no quiere aceptar la indemnización por las buenas, vamos a tener que hacer un depósito en una cuenta judicial”, explicó Servín.

Según Téllez, este “pago por consignación” se tendría que haber efectuado a partir de fines de septiembre, pero no se hizo, aclaró, “porque el INDI dijo en octubre que iba a dar prioridad al caso de Xákmok Kásek”.

Sin embargo, en la reunión mantenida este lunes entre los líderes indígenas y el INDI, Servín se comprometió a dar prioridad al caso de los Sawhoyamaxa y postergar la resolución del de la comunidad Xákmok Kásek.

Gerardo Larrosa, líder de la comunidad Xákmok Kásek, criticó este cambio de postura y dijo que supone un “golpe bajo a las esperanzas de la comunidad”.

Respecto a estos indígenas, el Estado llegó a un acuerdo de compra con el propietario de los terrenos, ocupados hoy por la explotación ganadera Estancia Salazar, del estadounidense Roberto Eaton.

Según ese acuerdo, el INDI debe ahora tramitar la compra de 7.701 hectáreas del total de 10.700 que deben restituirse a los Xákmok Kásek.

Si la operación se retrasa, los indígenas temen que Eaton retire su oferta de compra, y “los trámites sean más duros, porque se tenga que expropiar”, señaló Larrosa.

Además de las sentencias que afectan a los Sawhoyamaxa y a los Xákmok Kásek, Paraguay tiene pendiente desde 2005 una orden de la CorteIDH que obliga a permitir el acceso libre a sus tierras a la comunidad indígena Yakye Axa, del grupo étnico énxet.

Desde hace meses, aparecen denuncias de múltiples irregularidades de la administración comunal en esta ciudad que hasta ahora no fueron aclaradas.

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Ciudadanos autoconvocados a través de la Contraloría de Ñemby marcharán este viernes para pedir una intervención real y que la gestión de Tomás Olmedo sea transparentada.

“Hay cuestiones de mal manejo administrativos de los recursos públicos. Hay denuncias en la Fiscalía con respecto a pagos dobles de empedrados que ya se habían hecho de años anteriores y se hicieron figurar que hicieron ahora”, explicó Óscar Patiño, de la Contraloría de Ñemby, durante una entrevista a la radio 650 AM.

Informó que entre pobladores se unen para presionar y que Tomás Olmedo rinda cuentas sobre el uso del erario municipal. La marcha está prevista para las 18:00 hs y el punto de encuentro es en la biblioteca local.

Así también, señala que existen licitaciones que aparentemente fueron sobrefacturadas y funcionarios que llevan meses sin percibir sus haberes.

“Algunos tienen 4 a 5 meses de atrasos y el que reclama se le despide directamente”, agregó Patiño.

Las agentes fiscales Belinda Bobadilla, anticorrupción, e Yrides Avida, agente de turno en Lambaré, coordinaron  las investigaciones iniciadas tras las denuncias efectuadas por la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, a cargo de José González, sobre la supuesta expedición de certificados médicos falsos para que jubilados de la previsional pudieran acceder a préstamos de la Caja de Préstamos, y en conexión con otra causa denunciada por el presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE.

La detención de la sospechosa se desarrolló durante un procedimiento llevado adelante por la fiscala anticorrupción, Belinda Bobadilla.

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Un hombre fue detenido luego por los agentes intervinientes, debido a que supuestamente habría entregado los certificados médicos de contenido falso a los jubilados del IPS, que solicitaban préstamos a la Caja de IPS.

En horas de la tarde, la fiscal de turno de Lambaré, Yrides Ávila, junto con Bobadilla realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con las causas abiertas. En el domicilio del hombre se encontraron en concreto con la resolución judicial supuestamente falsificada que reconocía como sucesora a la detenida.

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También se hallaron copias de otras resoluciones judiciales, pedidos de préstamos de terceras personas en la Casa de Préstamos del IPS.

En una conferencia desarrollada este viernes, autoridades de la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Ministerio del Interior, entre otros, dieron a conocer el nuevo proyecto que tiene como protagonistas a los cuidacoches.

Se trata de un plan integral que apunta a la inserción en el mercado laboral de los trabajadores de este sector, a través de la formación y la capacitación en diversos rubros.

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Para el efecto, se ofrecerá un programa de formación continua a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sinafocal, enfocándose en áreas con salida laboral.

Así también, se prevé la creación de una Bolsa de Empleo específica para los beneficiarios del proyecto y la promoción de la plataforma “Emplea Py”, habilitada hace unos meses por el MTESS.

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La finalidad es ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de los cuidacoches que trabajan en Asunción, así como también de sus familias, a modo de que también puedan dejar las calles para desempeñarse en actividades formales.

A la fecha, alrededor de 350 personas que realizan esta actividad se encuentran censadas por la Municipalidad de Asunción.