“Genera una gran preocupación porque vemos claramente una intención de asfixiar y precarizar la investigación fiscal. Hace cinco años no tenemos crecimiento vegetativo como cualquier otra institución. Estamos pagando muy caro procesar a legisladores, diputados, senadores que luego en el Poder Judicial presentan chicanas para no llegar al juicio oral”, dijo la fiscala a la 650 AM sobre la modificación de la ley de tasas judiciales.

Actualmente, del 100% de las tasas judiciales la Corte recibe 58,80%; la Fiscalía, 12,7%; el Ministerio de Justicia, 13,55%; el Ministerio de la Defensa Pública, 0,01%; y Consorcio 15,37%.

Sin el 12,7% que se destina al Ministerio Público, Martínez explicó que va a afectar a la posibilidad de seguir investigando, va a favorecer a la impunidad, a la corrupción y no se va a poder utilizar personal técnico. Recordó que el movimiento de personas en situación de vulnerabilidad implica una inversión ya sea en combustible o en recursos humanos ya que las víctimas no disponen de medios para trasladarse ni para continuar con sus procesos.

“Todo eso está asignado al pago con el recurso genuino que son las tasas judiciales porque eso es fuente 30. Sabemos que podemos contar con esa suma de dinero y sabemos que no nos va a faltar. Todo lo que es fuente del tesoro Hacienda nos recorta cuando es plan de caja y te dice que es ‘según disponibilidad’”, expresó la fiscala.

Dijo que no tiene sentido porque la Corte tiene su presupuesto y además genera sus propios recursos, pueden crear tasas o aumentarlas. Agregó que los diputados sugirieron a la Fiscalía crear una tasa pero Martínez dice que eso es imposible porque no pueden cobrar.

Explicó que su unidad es la única que ofrece una puerta de acceso a las víctimas en el ámbito penal porque en casos donde hay delitos contra personas “casi no hay querella” porque solo el 1% de los afectados tiene capacidad de querellar.

Con respecto a las protestas de los funcionarios, dijo que puede ser un reclamo justo y que quieran todos sus recursos pero expresó que lo que les quitan a la Fiscalía no va a resolver su problema. “No puede ser que nos quiten un servicio para pagar salarios. Un discurso vacío tienen”, indicó.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.