“Recibimos una denuncia sobre la venta de terrenos sin Declaración de Impacto Ambiental en las zonas de protección estricta del Área Silvestre Protegida en la ciudad de San Bernardino”, aseveró Renato Máas, director de la institución.

La comercialización de estos inmuebles viola la ley n°. 294/100 de evaluación de impacto ambiental y la ley n°. 352 de áreas silvestres protegidas. “El lago Ypacaraí es un área silvestre protegida. Su contaminación actual y los problemas hidrológicos derivados se deben al crecimiento desordenado de las urbanizaciones”, explicó.

Asimismo, señaló la urgencia de detener la comercialización de loteamientos irregulares. “Históricamente, las poblaciones se asentaron en territorios sin servicios básicos de saneamiento, como la red de alcantarillado y desagüe. Así, las aguas residuales de los domicilios son descargadas en los recursos hídricos. La violación de la ley que declara Área Silvestre Protegida a los alrededores del lago pone en riesgo su preservación”, detalló.

Máas insta a todas las personas que tengan conocimiento de loteamientos o barrios cerrados sin declaración de impacto ambiental y habilitación municipal a denunciarlo en la página web de Conalaypa.

Quienes deseen adquirir terrenos de desarrolladoras inmobiliarias en la zona de influencia del Lago Ypacaraí y sus humedales adyacentes deben solicitar a los desarrolladores que les sean exhibidos todos los permisos municipales y ambientales correspondientes.

Sobre Conalaypa

La Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí fue creada por ley n°. 6489 en enero del 2020 con el objetivo de coordinar, articular y ejecutar acciones para la preservación, recomposición y aprovechamiento sostenible del lago Ypacaraí, su cuenta y su área de influencia.

Se ocupa de controlar y disminuir el impacto de la actividad humana con un sistema de monitoreo para la conservación del recurso hídrico.

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

Puede interesar: Obras Públicas: destacan la más alta ejecución presupuestaria de un arranque de Gobierno

Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

Lea también: Extraña desaparición: buscan a hombre en el Chaco

El caso no termina ahí, ya que para este martes 7 de mayo está estipulada la constitución de la jueza de Paz, Liz Lobo, en el lugar. Sin embargo, la denunciante indica que la magistrada tiene una afinidad con su expareja, ya que eran compañeros en la universidad.

Sosa Mendoza teme que la resolución judicial le sea desfavorable y quede en la calle con sus dos hijos menores.

Agentes de la comisaría local se encontraban realizando una patrulla preventiva en la madrugada de ayer sobre la Ruta PY11, en la zona céntrica de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro.

Durante su recorrido, recibieron una llamada telefónica por parte del guardia de seguridad de una estación de servicio local, quien denunció un hecho de polución sonora en el estacionamiento.

Te puede interesar: Mujer encontró a su novio con su “amiga” en un hospedaje y casi lo mata a puñaladas

Fue así como los uniformados acudieron hasta el lugar indicado y encontraron a un grupo de personas ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a alto volumen, por lo que les pidieron que se retiren de allí.

En ese momento hizo su aparición María Belén Franco López, de 22 años, quien formaba parte del grupo en cuestión. Al ser encarada por los uniformados, la misma mostró una actitud prepotente y desafiante, llegando inclusive a insultarlos.

Leé también: Imputan a bombero voluntario de Alto Paraná por acoso sexual y coacción

En un momento dado, la misma decide abordar su camioneta de la marca Geely modelo Azkarra y embestir a la patrullera, ocasionándole una abolladura en uno de los costados.

Tras este incidente, la mujer fue detenida y sometida a la prueba de alcotest, arrojando resultado positivo de 0,330 mg/L, menciona el portal Sucesos Paraguay. Con ello, se confirmó su estado de ebriedad.

Este es el móvil tras el cual está la investigación fiscal, siguiendo informaciones que recabó tras el crimen que impactó a dicha localidad.

“Esta persona realizaba tarea de ayuda para que los jóvenes dejen de consumir estupefacientes, es lo que entre otros dato comenzamos a recabar”, dijo a la 1020 AM la fiscal Tais Garcia.

Felipe se enfocaba con preferencia a chicos que consumen crack, la droga que somete a las víctimas a un alto grado de dependencia, y a niveles de dolencias derivadas del consumo de ese tipo de sustancia.

Te puede interesar: Matan a balazos a dueño de un almacén en Presidente Franco

En ámbito policial todo apunta que el homicidio vía sicariato, tiene todas las aristas de que provino de grupo de micro traficantes que tienen a jóvenes, e incluso niños, como parte de su clientela.

El trabajo que hacía el comerciante para que los adictos dejen las drogas, de forma evidente, molestaba a los traficantes, que habrían sentenciado al hombre.

Como autores del hecho describen a dos hombres que llegaron en motocicleta.

En el hecho intervinieron la subcomisaría 12ª jurisdiccional, el departamento de Investigación de Homicidios, medicina forense y Criminalística. Todo lo actuado fue comunicado al Ministerio Público