El director del penal de menores de Ciudad del Este, Ever Díaz, confirmó a la 730 AM que el incidente ocurrió alrededor de las 9:20 de este miércoles, cuando jóvenes comenzaron a protestar por al cambio de un jefe de seguridad del pabellón.

Los chicos habrían incendiado algunos colchones, tras lo cual el fuego se propagó rápidamente hasta agarrar gran parte del pabellón a tal punto que fue necesaria la convocatoria de más de una compañía de bomberos.

Al menos 13 internos resultaron heridos, tres de ellos de gravedad. Algunos sufrieron quemaduras de tercer grado y otros terminaron afectados por la inhalación de humos.

El doctor Gustavo Giubi, director del Hospital Regional de CDE, señaló que los que revisten mayor gravedad tendrán que ser trasladados a la capital para una mejor atención.

El examen se desarrolló en la sede de la institución, la aplicación fue en la modalidad de selección múltiple (23 Ítems de 1 punto cada una), tuvo una duración de noventa minutos, fue transmitido íntegramente en vivo por la página web y las plataformas de redes sociales @ConsejoParaguay en (YouTube, X y Facebook), que estuvo a cargo del equipo técnico de funcionarios que integran la Dirección de Comunicación Institucional y la Dirección de Informática TIC.

Horas antes de la aplicación del examen, en la sala de sesiones de la institución se realizó la entrega oficial del sobre lacrado que contiene el test del examen sobre los ejes temáticos de la Constitución de la República del Paraguay y la Ley Nº 4423/11 “Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública”.

La entrega estuvo a cargo del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Dejesús Ramírez Candia, en carácter de docente de la Escuela Judicial y como designado para la elaboración del test. La recepción del sobre fue con la presencia del presidente del Consejo de la Magistratura Gustavo Miranda Villamayor, acompañado del Director Ejecutivo de la Escuela Judicial Isabelino Galeano y la Escribana Pública Teresita Denis Filippini.

Para el efecto y en cumplimiento a la reglamentación el examen fue de 23 puntos, equivalente a 1 punto cada pregunta, con la modalidad de selección múltiple y una duración de 90 minutos, los ejes temáticos fueron sobre la Constitución Nacional y Ley Nro. 4423/11 orgánica del Ministerio de la Defensa.

Finalmente se procedió ante la presencia de los Miembros del Consejo de la Magistratura, postulantes y representantes de medios de prensa a la corrección vía software de las hojas de gabarito a través del equipo de lectura electrónica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, posteriormente se dio a conocer la planilla de resultados de puntajes.

La nómina de puntajes se encuentra registrados con los puntajes actualizados en los respectivos perfiles de los postulantes en https://dg.cm.gov.py/index.aspx.

Presidió el examen, el presidente del Consejo de la Magistratura Dr. Gustavo Miranda Villamayor, acompañado de los miembros, vicepresidente Abg. Gerardo Bobadilla, la Dra. Alicia Pucheta y el Abg. Enrique Berni. Asimismo, en el proceso de aplicación estuvieron presentes la Secretaria General del Consejo de la Magistratura, Cecilia Martínez, el director de la Escuela Judicial del Paraguay Isabelino Galeano, la Secretaria General de la Escuela Judicial, Nathalie Álvarez, la Escribana Pública Teresita Denis Filippini.

El fiscal José Silguero obtuvo una condena de 20 años de pena privativa de libertad para un hombre que asesinó a la dueña del inquilinato donde vivía y luego le hurtó su automóvil. Se trata de Aldair González Gómez (28), quien fue encontrado culpable por homicidio doloso y hurto agravado.

El juicio oral concluyó en el lunes pasado, en el Poder Judicial de Ciudad del Este, ocasión en que el fiscal pudo demostrar la responsabilidad del acusado mediante la producción de numerosas pruebas documentales y testimoniales.

De acuerdo con los antecedentes, el crimen ocurrió el 5 de mayo de 2020 dentro de una pieza que el ahora condenado alquilaba, propiedad de la víctima Benicia Acuña de Galvao (55). La mujer fue asfixiada y recibió una herida producida con arma blanca (cuchillo) en el cuello.

La Fiscalía confirmó que González Gómez adeudaba varios meses de alquiler por la habitación y se presume que la dueña fue a exigir el pago, circunstancia en que se produjo el homicidio.

Tras el crimen, el autor huyó del lugar en el automóvil de la víctima, que posteriormente fue abandonado en el centro de Ciudad del Este. Mientras tanto, el criminal fue detenido días después en la zona de Caaguazú, siendo procesado y finalmente condenado a 20 años de prisión.

El Tribunal que aplicó la sanción estuvo presidido por la magistrada Lourdes Morínigo e integrado por sus pares Óscar Gabriel Genez y Evangelina Villalba.

• Por Cinthia Mora

La estrategia mediá­tica instalada desde el Grupo Zuccolillo para defender al expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete consiste en sistemáticas campañas de desprestigio contra fun­cionarios que colaboraron para esclarecer el opera­tivo de montaje y filtración de informes de la Seprelad con fines políticos.

En todas las publicacio­nes realizadas por el medio abdista, que amplifican la versión de los abogados defensores de los imputa­dos sobre la causa penal abierta por las filtraciones, existen más cuestionamien­tos y ataques al trabajo de la Seprelad y la Fiscalía antes que hacer mención a los gra­ves hechos mencionados en el acta de imputación.

Una de las afectadas por la campaña de ataques es Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad, quien al llegar al cargo en el mes de agosto de 2023 ordenó una investigación interna para poner en orden la casa y colaborar con la investigación de la Fiscalía.

La funcionaria fue acu­sada, sin fundamentos, por el diario Abc de ser “partí­cipe” de las filtraciones en el mes de enero de 2022, ya que la misma, supuestamente, ejercía el rol de “punto de contacto” del sistema que recibió el pedido de infor­mación de la Fiscalía de Panamá sobre Cartes.

Resolución de la FGE donde se prueba que el funcionario Juan Patricio Vallejos, de la Seprelad, gozaba de un permiso sin goce de sueldo.FOTO: GENTILEZA

Copia del correo donde se prueba que Gafilat otorgó contraseña de acceso a Liliana Alcaraz recién el 8 de marzo de 2022.FOTO: GENTILEZA

Documentación mediante, se desmonta una de las tan­tas mentiras de Abc y se prueba la versión de Alca­raz, quien afirmó que recién tuvo acceso al sistema men­cionado el 8 de marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtra­ción a los medios Abc Color y Última Hora, y de la decla­ración del entonces minis­tro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el res­ponsable de revelar públi­camente el contenido del pedido de cooperación de la Fiscalía panameña.

La investigación interna de la Seprelad proveyó a la Fiscalía datos del registro informático de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, testimonios de funcionarios e informa­ción precisa sobre los par­tícipes del montaje de una oficina paralela dentro de la institución exclusivamente para perseguir a los enemi­gos políticos del gobierno de turno.

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN TAMBIÉN REFUTA MENTIRA DE ABC

Juan Patricio Vallejos Riart, actual director de Investiga­ción Jurídica de la Seprelad, desmintió las publicaciones del diario Abc donde se ase­guraba que el mismo cobró doble remuneración.

La versión difundida por Abc es que, entre julio de 2022 y julio del año pasado, este funcionario cobraba simultáneamente en dos entes públicos. Uno de ellos era el Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados, como director de Gestión Interna, mientras que el otro era el Ministe­rio Público, como asistente fiscal.

El funcionario acreditó, documento de por medio, que nunca se benefició cobrando doble salario. La resolución 2161 de fecha 15 de junio de 2022 de la Fis­calía General del Estado le otorgaba permiso sin goce de sueldo desde el 1 de julio de 2022 hasta julio de 2023.

Sobre el desempeño de sus funciones al frente de la Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad y los resultados de la investiga­ción interna sobre las filtra­ciones señaló, en contacto con nuestro medio, que solo se limitó a realizar sus fun­ciones en el marco de lo que la ley establece.