Gritos de auxilio llamaron la atención de los vecinos de la Fracción Óscar Santos, camino a Maramburé Luque, quienes reportaron la emergencia a la Policía. Los intervinientes hallaron a la adulta mayor Primitiva González, quien según los datos recabados, llevaba siete meses encerrada y maltratada en ese lugar. La víctima presentaba golpes, moretones y cortes en el rostro, la cabeza y en varias partes del cuerpo. Con ella estaban 14 perros, también en total estado de abandono. El fiscal Augusto Ledesma, de la unidad 9, imputó a Silvia Rossana Pereira (hija de la mujer), Benito Adrián Riquelme (pareja de Silvia) y a María Mirta Sánchez, por privación de libertad, infracción a la ley de protección animal y violación del deber de cuidado de ancianos o discapacitados. Los principales responsables serían la hija y su pareja, quienes al momento del procedimiento llegaron presurosos e intentaron obstruir el operativo. Los elementos para la imputación son: la declaración testifical de la víctima y de los testigos, el diagnóstico médico realizado en el hospital de Areguá y la evaluación psicológica preliminar por parte de la psicóloga del Ministerio Público. También, el acta de constitución de la fecha y el acta policial.

Desde la Asociación de Guerreros de la Artritis (AGA), manifestaron una profunda preocupación por los casos de pacientes que han debido interrumpir su tratamiento debido a la falta de medicamentos esenciales para tratar su enfermedad, como el original de Adalimumab y el Tocilizumab.

Ambos son anticuerpos monoclonales, incluidos en el grupo de fármacos utilizados en el tratamiento de la artritis reumatoidea.

Señalan que llevan más de tres meses sin recibir los medicamentos indicados por su médico tratante, lo que ya está afectando su salud y bienestar.

Según denunciaron, las últimas dosis de Adalimumab se entregaron en octubre y las últimas dosis de Tocilizumab se entregaron en diciembre.

Aproximadamente 300 pacientes con la enfermedad dependen de estos medicamentos en el IPS y hacen un llamado urgente a las autoridades para que puedan tomar medidas ante la falta de suministros.

Hernán Giménez, director de la Agencia Nacional de Tránsito, expresó que la Ley Nº 7447/2025, es una normativa que si bien ya está en vigencia, se irá aplicando paulatinamente en cada municipio.

Te puede interesar: Convocan a manifestación sobre la ruta PY02 contra aumento de peaje y patentes

En algunas localidades ya se comenzaron a implementar los nuevos costos de las habilitaciones vehiculares, así como indica la ley, sin embargo, en otras rechazan la medida, como Villa Elisa y Ñemby. Ante eso, Giménez aclaró que la normativa debe ser aplicada sí o sí.

“Tenemos la información de que algunos municipios no quieren aplicar, pero esto es ley hoy día y me obliga a mí al control y aplicación de la misma”, expresó en conversación con la radio Universo 970/Nación Media.

La legislación promulgada el 6 de enero y en vigencia desde el 13 de enero establece el método para fijar los costos mínimos de las habilitaciones de motocicletas, automóviles, autobús, ómnibus, automóvil de carga, camioneta, camión, tractocamión, furgón, maquinaria de transporte y trenes tomando como base el jornal diario.

Giménez xplicó que, cada comuna está en su derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad, así como lo anunció la Municipalidad de Villa Elisa, pero desde la Agencia Nacional de Tránsito también tomarán acciones legales y remitirán los casos a la Procuraduría General de la República.

“Están cometiendo a una falta grave que es no cobrar el impuesto que no corresponde, la Procuraduría tomará el timón e irá a analizar qué es lo que ocurre en el municipio”, agregó el titular de la Agencia Nacional de Tránsito.

Más de 14 organizaciones fueron convocadas para una manifestación pacífica en rechazo a la nueva Ley que unifica costos de patentes y contra las nuevas tarifas de los peajes.

Te puede interesar: Un delincuente fue abatido por la Policía tras fallido asalto a conductor de plataforma

A las 8 hs de este martes 21 de enero, conductores de diferentes rubros se congregarán en el km 17/5, en zona del ex Aratiri, en Capiatá para exigir que se suspendan las nuevas disposiciones.

“Nuestra posición es firme, que se suspenda. Ya reculó el Gobierno en ciertas cuestiones, este es el momento que tiene que recular y su reculamiento va a tener un alto sentido social porque no podemos estar pagando esa suma que ellos de la noche a la mañana decidieron alzar”, expresó el presidente del Sindicato de Trabajadores en Moto, Federico Ferreira, a la radio 650 AM.

Bajo el lema de “No al aumentazo de habilitaciones y peajes”, se espera que muchas personas, principalmente trabajadores delivery, conductores de plataformas y taxistas, participen de la movilización.

“En su momento también estuvimos en las calles contra la suba del combustible, hoy nos vemos obligados otra vez a convocar a una gran manifestación. Hay mucha gente que depende para vivir trabajando sobre ruedas”, agregó.