La fábrica electrointensiva Archer SA, cuyo gerente general en nuestro país es João Frizzon, se encuentra operativa en nuestro país desde octubre del año pasado. La firma se dedica a la producción de carburo de silicio.

Desde el momento en que inició con sus actividades, la empresa fue acusada por los pobladores de las ciudades de Altos, Loma Grande, San Bernardino y Nueva Colombia de supuestamente emitir gases tóxicos y producir daños en el medio ambiente. En los alrededores de la fábrica viven aproximadamente 27.000 personas.

El olor a cloaca que despide la planta fabril abarca un importante sector de las mencionadas localidades del departamento de Cordillera. El “perfume de la muerte”, como le llaman los pobladores, se ha vuelto insoportable, especialmente en horas de la noche.

Nota con Miguel Ángel González (Poblador de Loma Grande) | “El olor es terrible y solo tienen un médico en la zona para atender a todos los afectados”. #LaCajaNegraPy pic.twitter.com/pidp7PDCac

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En la zona ya se han registrado varias muertes de animales, una disminución en la producción de cultivos como tomates y mandarinas, así como constancias de problemas de salud en la población, de acuerdo a las denuncias que se vienen realizando. Se estima que alrededor de 40.000 árboles de cítricos quedaron destruidos por esta situación.

Otra de las consecuencias que se habrían generado a raíz de la presencia de Archer S.A. es la masiva mortandad de abejas mieleras, utilizadas para la apicultura en la zona. Ante este panorama, muchos productores estiman que la producción de miel se resentirá de forma considerable.

El encargado del puesto de salud en la ciudad de Altos, Gustavo Miche­letto, reveló que hay 50 registros de pacientes con síntomas de ardor en los ojos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y lesiones en la piel en un informe remitido al Ministerio de Salud Pública.

ARCHER SA: Más daños que beneficios
SEAM suspende desde hoy funcionamiento de hornos de la fábrica de silicios ARCHER. #LaCajaNegraPy pic.twitter.com/XRgHmKKJYV

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ANTECEDENTES

La instalación y licencias para el inicio de actividades de la firma Archer S.A. se aprobaron en tiempo récord durante el gobierno de Federico Franco. La empresa soporta una serie de denuncias por violación de la Ley 716/95 que sanciona con pena carcelaria la emisión de gases contaminantes.

En una intervención in situ realizada en enero pasado, técnicos de la Secretaría del Ambiente (SEAM) constataron además infracciones a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. El informe de los técnicos expresa que efectivamente la planta fabril produce gases que desprenden un olor fétido.

Al momento de la verificación se constató que se encontraban en funcionamiento hornos con­sistentes en conductores eléc­tricos que se encuentran al aire libre. Asimismo, el proceso de cocción es realizado en todo momento en la intemperie sin contar con ningún tipo de cap­tación de gases.

Por otro lado, se verificó la impregnación de los materiales de materia prima y producto final en los cami­nos vecinales llegando incluso hasta causes hídricos. Estos datos fueron remitidos a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público.

Técnicos de la SEAM constataron infracciones de evaluación de impacto ambiental. Se constató el funcionamiento de hornos a la intemperie. #LaCajaNegraPy pic.twitter.com/XN2pB2DRtv

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El 28 de mayo pasado, la junta municipal de la ciudad de Loma Grande resolvió suspender de forma indefinida las actividades de la fábrica de carburo de silicio Archer S.A. En su resolución, las autoridades municipales argumentaron que la emanación de olores nauseabundos constituye “un verdadero atentado contra el bienestar de la población y sus derechos”.

Pobladores de las comunidades de Altos, Nueva Colombia y Loma Grande habían solicitado a las autoridades intervenir y suspender las actividades de la empresa, inclusive presentando un amparo judicial argumentando derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. La acción fue rechazada “in limine” (es decir, sin ser analizada la cuestión de fondo) por el juez de la niñez de Caacupé, Victor Jose Jahire Cousirat, quien decidió omitir sin fundamente alguno las pruebas, testimonios y diagnósticos médicos que prueban que en esas comunidades las personas pueden morir envenenadas.

“Estadísticamente tuvimos un accidente cada 30 minutos, el 80% de los que provocaron los accidentes estaban alcoholizados”, comentó César Pujol, voluntario de la Cruz Roja, en conversación con la 1020 AM.

Agregó que algunos accidentados que estaban alcoholizados, quisieron agredir a los voluntarios. “Eran personas que no estaban ubicadas en el espacio tiempo debido al alcohol”, indicó.

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“Nos sorprendió la cantidad de accidentes que se dieron en 12 horas”, subrayó el voluntario.

Explicó además que como Cruz Roja, el trabajo que tienen es llevar a las personas accidentadas hasta el centro asistencial más cercano, ya que se debe atender a los pacientes lo más rápido posible.

El decreto establece las pautas generales y describe los mecanismos, las metodologías y herramientas esenciales para la programación presupuestaria de todas las entidades del sector público.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que, los plazos para la carga de los respectivos anteproyectos quedan definidos de la siguiente manera: el Anteproyecto de Presupuesto 2025 hasta el 27 de junio de 2024; y el Presupuesto Plurianual 2025–2027 hasta el 22 de julio de 2024.

Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el proceso de elaboración de los anteproyectos de presupuesto deberán asignar los recursos para satisfacer las necesidades de la población, enfocándose en el logro de metas y resultados tangibles que beneficien a la sociedad.

Las entidades deberán planificar la adquisición de bienes y servicios que cumplan con los requerimientos para el cumplimiento de sus fines misionales y reflejar en el anteproyecto los requerimientos financieros para el efecto.

El gasto público debe mantenerse coherente con la capacidad de generación de recursos fiscales, en un contexto de racionalidad y austeridad en el uso de los recursos disponibles.

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“Desde la dirección de la Policía Municipal de Tránsito se prevé un plan de contingencia por los días de lluvia”, refiere el comunicado.

La medida es adoptada ante los inconvenientes registrados en las últimas lluvias, donde los semáforos quedaron fuera de funcionamiento y algunas calles fueron inundadas.

La alerta meteorológica es por el ingreso de sistema de tormentas es para la Región Oriental y sur de la Región Occidental, desde este miércoles 1 al viernes 3 de mayo.

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Los departamentos afectados son: Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Central, Cordillera, Caaguazú, Guairá, Paraguarí, Caazapá, Alto Paraná, Presidente Hayes, Boquerón, San Pedro, Canindeyú y Concepción, además de la ciudad de Asunción.

El boletín refiere que se esperan lluvias con acumulados de entre 50 y 80 mm por día, con ráfagas de viento en torno a los 120 km/h.

Existe además una alta probabilidad de ocurrencia de granizo. Se espera que las condiciones climáticas tengan mejoras parciales con el correr de los días.