Este jueves se desarrolló la aplicación del Examen de Conocimientos Generales y Específicos a los 37 postulantes para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Cabe recordar que la prueba anterior había sido anulada por decisión del Consejo de la Magistratura a raíz del llamativo faltante de un cuadernillo de preguntas que no llegó a ser distribuido.

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Una vez cumplida esta etapa de manera exitosa y sin nuevos contratiempos, se dio a conocer el nuevo calendario de audiencias públicas para los postulantes que aspiran a ocupar el cargo en la máxima instancia judicial.

Las audiencias iniciarán el próximo martes 28 de febrero y culminarán el miércoles 8 de marzo (entre 5 y 6 postulantes por día), según el cronograma establecido por el Consejo de la Magistratura que está a cargo de todo el proceso de selección.

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En total son 37 los profesionales del derecho que se postulan al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia para reemplazar a Antonio Fretes, quien accederá a la jubilación el próximo 10 de marzo tras cumplir la edad de 75 años.

El comisario Diosnel Alarcón, jefe policial del departamento de Delitos Informáticos, indico que ese volumen de robos virtuales, revela una alta operatividad de delincuentes que encuentran métodos para realizar los golpes.

La autoridad policial puso énfasis en el hecho de que muchas de las víctimas no tomaron las precauciones necesarias para no caer en trampas tendidas por los estafadores. Hay errores que se puede evitar, pero que por distracción, o imprudencia, permite el robo de datos claves para acceder a cuentas bancarias y de créditos.

Ejemplifico eso con la costumbre de mucha gente, de anotar en sus celulares los códigos y contraseñas , lo que en caso de robo de teléfonos, simplifica en extremo la tarea de los delincuentes.

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“Muchas personas manejan varias contraseñas para diversos accesos, y para no olvidar o no memorizar los, anotan en sus móviles”, dijo Alarcón a la 1080 AM.

Sobre el sonado caso reciente de una mujer a la que robaron su celular, de allí vaciaron su cubeta bancaria y realizaron compras a crédito, Alarcón manifestó que la tardanza en bloquear su móvil, habría sido determinante para que le despojen de más de 70 millones de guaraníes.

Según publica el diario digital El Observador, los fiscales que investigan el lavado dinero que involucra a Nicolás Leoz y la Conmebol, solicitaron en marzo pasado una asistencia jurídica a las autoridades de los Estados Unidos.

Los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solicitaron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias realizadas desde las cuentas de la CONMEBOL a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leo Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/0 Josué Nicolás Leoz Pérez y/o sujetos vinculados.

Además de enviar los informes, correos, conversaciones y memorándum que detallen envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas o a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez, que se correspondan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.

Los fiscales solicitan que EE.UU. remita cualquier otra información existente a su investigación que se encuentre vinculado a transferencias o envíos de dinero desde las cuentas de la Conmebol a personas físicas y jurídicas residentes en el Paraguay sobre la cual no existe justificativo.

La semana pasada, la Conmebol presentó un urgimiento a los investigadores, para que se expidan con relación al caso, luego de haber pasado seis años de la denuncia presentada por las operaciones sospechosas entre Leoz y el banco Atlas.

Este jueves, el juez Raúl Florentín volvió a ratificar la prisión preventiva del exdirector de la PMT de Asunción, Juan Villalba, imputado por supuesta violencia familiar.

La defensa solicitó la aplicación del arresto domiciliario, sin embargo, el magistrado decidió rechazar revocar la prisión preventiva de Villalba en su causa por violencia familiar, debido a que anteriormente había sido beneficiado con arresto domiciliario, pero incumplió con las medidas fijadas por el juzgado y tuvo que ser revocado.

Según la argumentación esgrimida, para el juez no aparecieron “elementos de convicción nuevos” que permitan aplicar una medida sustitutiva a la prisión, considerando así que hacer lugar al pedido resultaría improcedente dada las condiciones actuales del procesado.

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