Cámara ordena prisión de odontóloga y anestesista por la muerte de una menor
La Cámara de Apelación revocó las resoluciones del juez penal de Garantías Gustavo Amarilla quien le otorgó medidas alternativas a la prisión a la odontóloga Sandra Obertino y el anestesista Andrés García en el marco del proceso que afrontan por la muerte de una niña de 9 años y ordenó la prisión de ambos.
Hace dos semanas los procesados fueron beneficiados con arresto domiciliario, pero ahora la Cámara señala que ambos deben estar presos y no con medidas, por lo que ahora otro juez debe volver a citar a los imputados a una audiencia y enviarlos presos.
La odontóloga y el anestesista están siendo investigados por la muerte de una niña de 9 años, ocurrido el pasado 12 de noviembre en la clínica odontológica “Mommy Dent” ubicada en Loma Pytá.
La menor fue llevada por sus padres para un tratamiento de conducto, para lo cual la odontóloga Obertino convocó al anestesista García, quien sedo a la pequeña para ser tratada. Pasadas las horas la paciente ya no despertó y le dio un paro cardiorespiratorio.
Tras este incidente se allanó la clínica y se comprobó que la misma no tenía habilitación del Ministerio de Salud, por esta situación se imputó a la odontóloga y al anestesista.
Caso Ueno: allanan estancia del Grupo Vázquez en el Chaco
El Ministerio Público solicitó a Senacsa el bloqueo administrativo del código de la estancia Don Miguel, ubicada en Presidente Hayes, para impedir el traslado de animales. Durante el allanamiento, los investigadores constataron la presencia preliminar de unos 4.500 ejemplares de alta genética.
En el marco de la investigación por el caso Ueno Bank, la Fiscalía solicitó el bloqueo administrativo del código de establecimiento de la estancia Don Miguel, vinculada al Grupo Vázquez, para impedir temporalmente el traslado de animales.
El agente fiscal Irán Suárez, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Villa Hayes, se presentó en la oficina del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), en Pozo Colorado, para gestionar la medida, siguiendo indicaciones de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
El bloqueo busca evitar la emisión de guías de traslado y, por tanto, impedir el movimiento de ganado mientras avanzan las diligencias investigativas. La representación fiscal también solicitó datos y documentos sobre el establecimiento y su stock ganadero.
Posteriormente, Suárez encabezó un allanamiento en la estancia Don Miguel, ubicada en la zona de Fortín Zalazar, departamento de Presidente Hayes, en el marco de la causa penal que investiga a Federico Miguel Vázquez y otros por presunta lesión de confianza y otros hechos.
Durante el procedimiento, los intervinientes constataron la presencia de aproximadamente 4.500 animales de alta genética, además de maquinarias, equipos informáticos, documentos y otros elementos que serán sometidos a verificación.
Debido a la extensión del establecimiento y a la cantidad de ganado, las tareas de inspección, relevamiento y conteo continúan. La cifra de animales es preliminar y deberá ser confirmada mediante la verificación final.
Las diligencias forman parte de la investigación fiscal sobre las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank y el Grupo Vázquez.
Imputan por lesión de confianza al superintendente de Bancos
El Ministerio Público imputó al superintendente de Bancos del BCP, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, por supuesta lesión de confianza, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en las operaciones de Ueno Bank. La Fiscalía sostiene que habría omitido impulsar medidas correctivas pese a conocer excesos en los límites de crédito concedidos a empresas vinculadas a la entidad.
Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción formularon imputación contra Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor.
Según el acta de imputación, el funcionario habría tomado conocimiento formal, el 29 de abril de 2026, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno Bank, entre ellas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA.
Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9% del patrimonio efectivo del banco, superando el límite regulatorio del 20%.
La hipótesis fiscal sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, Insfrán no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.
Otro punto cuestionado por la Fiscalía es una operación realizada el 16 de junio de 2026, mediante la cual se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank tras la venta de una cartera crediticia a Vinanzas SA por aproximadamente USD 74,4 millones.
Sin embargo, los investigadores sospechan que la operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.
La imputación también menciona un informe técnico remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión, en el que se advertía sobre posibles irregularidades en la transferencia de cartera. El documento habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin ser elevado formalmente al Directorio de la institución.
Para la Fiscalía, el superintendente habría omitido impulsar medidas correctivas y comunicar oportunamente al Directorio las observaciones detectadas, mientras Ueno Bank continuaba desarrollando sus operaciones financieras.
ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN
En el marco de la investigación, los fiscales Christian Benítez Cáceres y Elena Fiore Franco encabezaron un allanamiento en la vivienda de Insfrán, donde se ejecutó una orden de detención previamente dispuesta por el Ministerio Público.
Durante el procedimiento fueron incautados documentos relacionados con sus funciones, computadoras, un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos. También se inspeccionaron dos vehículos.
En uno de ellos fueron encontradas maletas vacías, mientras que en el otro se localizaron documentos y una computadora de trabajo, que igualmente fueron incautados.
Los elementos recolectados serán sometidos a análisis y pericias para determinar su eventual vinculación con los hechos investigados.
La calificación jurídica es provisoria y el proceso continúa bajo el principio de presunción de inocencia.
Productores de eventos tienen US$ 1,5 millones retenidos por el caso Ueno
La desaparición de Tuti, perteneciente al Grupo Vázquez, y las dificultades de otras plataformas que trabajaban con Ueno Bank dejaron a productores sin acceso a sus recaudaciones. El sector prepara acciones judiciales contra los firmantes de los contratos.
El dinero corresponde a recaudaciones de espectáculos que eran gestionadas a través de distintas ticketeras que operaban con la entidad bancaria.
Hugo Gaona, presidente de la Asociación de Productores de Eventos del Paraguay, explicó que una de las plataformas afectadas es Tuti, perteneciente al Grupo Vázquez, que dejó de operar en medio de la crisis. Sin embargo, aclaró que el problema no se limita a esta empresa, ya que otras ticketeras también trabajaban con Ueno Bank y mantienen fondos pendientes de desembolso.
El mecanismo habitual de trabajo contemplaba la posibilidad de solicitar adelantos de las recaudaciones. Para ello, los productores debían presentar sus pedidos con una anticipación de entre 48 y 72 horas.
No obstante, los últimos desembolsos se realizaron aproximadamente 10 días antes de que estallara la crisis de Ueno Bank. Posteriormente, los productores dejaron de recibir respuestas a sus solicitudes y tampoco pudieron acceder al dinero generado por la venta de entradas.
Ante este escenario, integrantes del sector preparan una demanda civil y una denuncia penal contra los firmantes de los contratos, entre ellos Andrés Gayol y César Astigarraga, este último actualmente detenido y a disposición del Ministerio Público.
Gaona señaló que la situación también lo afecta directamente como representante de una empresa dedicada a la producción de espectáculos, debido a que tiene recaudaciones de tres eventos comprometidas.
El conflicto, además, genera consecuencias que van más allá de lo económico. Según explicó, la incertidumbre y el descontento de la ciudadanía repercuten en el ánimo de asistir a espectáculos, lo que termina afectando a toda la cadena de trabajo.
Cabe mencionar que, la disminución de actividades impacta en los servicios de logística, la contratación de recursos humanos y otros rubros vinculados a la organización de eventos.
Asimismo, Gaona pidió comprensión al público y aseguró que los espectáculos que debieron ser postergados se realizarán cuando las condiciones lo permitan. “Pedimos la comprensión de la gente, los eventos postergados se van a cumplir en su momento”, expresó.