En entrevista en el programa Fuego Cruzado emitido por el canal GEN, Barchini abordó los graves problemas que viene arrastrando el sistema penitenciario, así como las soluciones que se barajan para afrontarlos.

“La situación de seguridad ciudadana de los últimos años es por falta de una política estatal que no existió en este gobierno. Los indices de delitos, aquellos que se relacionan con el narcotráfico, el lavado de dinero, la mafia que ha llegado al Paraguay, se han acrecentado, y un tema no menor es el manejo de las cárceles por grupos mafiosos”, afirmó.

Otro factor de relevancia -según puntualizó- es el tema de los reos que, cumplidas sus condenas, no son reinsertados como corresponde, lo cual da pie a reincidencias.

“Hay ausencia del Estado en el tema de la reinserción del ciudadano, estamos en un momento sensible y delicado, hay que tomar algunas determinaciones muy duras para lograr avances en una política criminal, en relación con una coordinación del Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior, la Senad, el Poder Judicial, la Fiscalía, Defensoría de reos pobres“, acotó.

Respecto a lo que señaló el actual ministro del Interior, Federico González, de que bajó supuestamente el índice de criminalidad, Barchini respondió que no comparte esa visión ya que es parcial respecto al cuadro que se visualiza en la actualidad.

“Hay que hacer un trabajo interinstitucional para dar al ciudadano la tranquilidad de que hay un gobierno preocupado por la seguridad. Ahora, no comparto el criterio del ministro del Interior. Por más que haya bajado unos hechos puntuales, la inseguridad es creciente, cada día estamos siendo víctimas de un estado de riesgo de nuestros hijos que van a la universidad, en su vida rutinaria, en la vía pública, en supermercados, estaciones de servicio... se vive un clima de preocupación y eso es grave”, remarcó.

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EL MODO BUKELE

Cuando le preguntaron sobre el modo en que el presidente salvadoreño Nayib Bukele abordó el problema de las bandas criminales en prisiones, Barchini remarcó que si fuere necesario el uso de la fuerza para manejar el sistema penitenciario, lo va a usar. Sin embargo, aclaró que será ajustado a lo que disponga la legislación.

“Como decía el doctor Argaña, con la ley y por el camino de la ley. La política criminal a través de nuestro viceministerio va a depender mucho de la seguridad carcelaria“, apuntó.

“El presidente Bukele cuando asume el poder encuentra un país devastado por los maras y, con mucha división y riesgo, toma una determinación. A mi no me gustaría, pero si en algún momento, si tenemos que usar la fuerza, haremos lo que tenemos que hacer, y lo vamos a hacer”, respondió.

“Al llegar al extremo cuando uno está en guerra como estuvo Bukele, hay un daño colateral siempre que se acciona con fuerza. No creo que sea lo más conveniente en este momento, pero tienen que entender los clanes que llegaron a inficionarse en drogas y tráfico y montón de delitos desde las cárceles, que eso no puede y no va a continuar… Vamos a actuar con la ley en las manos, con el soporte de la policía y las Fuerzas Armadas”, advirtió.

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LOS 17 MIL PRESOS

Barchini también enfocó como un problema grave el escaso nivel de condena que rodea a los presos de cárceles del país.

“Considero el principio de que todos los ciudadanos que no tengan una condena firme deben ser reputados como inocentes. Lastimosamente, de los 17 mil presos, solo cinco mil tienen condenas“, añadió.

“En política de seguridad nacional, tengo la instrucción de actuar en respeto a los derechos humanos… Me tocó bailar con la mas fea. No creo que haya que imponer el uso de la fuerza inmediatamente, hay que buscar paso a paso la presencia del Estado en cuestiones de seguridad”, dijo.

Barchini puntualizó que recurrirá a la Iglesia Católica y a las iglesias protestantes para que se amplíe la presencia de curas y pastores en las cárceles. Está comprobado, agregó, que los servicios religiosos en centros penitenciarios son determinantes para lograr la reinserción de reos a la sociedad.

Esta etapa marca uno de los hitos más importantes de la obra, ya que concretará la conexión física entre ambos países tras cuatro años de construcción. No obstante, el paso internacional aún no será habilitado, debido a que restan trabajos de pavimentación, terminaciones y otras obras complementarias.

El Puente de la Bioceánica forma parte del Corredor Vial Bioceánico, considerado estratégico para la integración regional. La infraestructura permitirá conectar por vía terrestre los puertos brasileños del océano Atlántico con los puertos chilenos sobre el Pacífico, atravesando Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

La estructura tendrá una longitud total de 1.294 metros, con un tramo atirantado de 632 metros y un vano principal de 350 metros, características que permitirán mantener la navegabilidad del río Paraguay y el paso de embarcaciones de gran porte.

La construcción representa una inversión de G. 684.615.904.566, equivalentes a unos USD 103 millones, financiados con recursos de la margen paraguaya de Itaipú Binacional. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es el organismo ejecutor del proyecto.

Las obras están a cargo del Consorcio Binacional PYBRA, integrado por las empresas Tecnoedil S.A., Paulitec Construções y Construtora Cidade Ltda., bajo la fiscalización del Consorcio Prointec.

Con esta infraestructura y el desarrollo integral del Corredor Bioceánico, el Gobierno apunta a consolidar a Paraguay como un centro logístico multimodal, fortaleciendo la conectividad regional y generando nuevas oportunidades para el Chaco y la economía nacional.

Personal de la Comisaría 1ª de Ciudad del Este anoche tomó intervención ante un episodio de lesión con arma blanca registrado sobre las calles Abay esq. Adrián Jara de la capital departamental.

La víctima fue identificada como Ángel Rodrigo Díaz López, de 33 años, encargado del edificio Guaraní, quien sufrió un corte en la mano derecha.

El presunto autor de este ataque es Liao Hung Chung, de 49 años, de nacionalidad china, quien fue arrestado por los efectivos policiales tras recepcionar la denuncia.

Al momento de su detención, este extranjero no contaba con documentos de identidad, según detalla el informe.

En su poder incautaron un cuchillo de mesa de la marca Tramontina, con mango de color lila, que sería el arma utilizada en la agresión.

El caso fue comunicado a la agente fiscal Julia González, quien dispuso que el sospechoso permanezca a disposición del Ministerio Público.

El planteamiento fue realizado durante una reunión de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Yamil Esgaib, en el marco del análisis de la iniciativa que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto.

Los representantes del sector manifestaron su preocupación por la demora en el estudio del proyecto y señalaron que la ausencia de reglas claras dificulta la implementación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de seguridad, protección y desarrollo para los trabajadores de plataformas.

Explicaron que la propuesta aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, donde permanece pendiente de dictámenes e informes solicitados a diversas instituciones. En ese sentido, pidieron el acompañamiento de la comisión asesora para impulsar su avance.

El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico uniforme para la prestación de servicios mediante plataformas digitales en todo el territorio nacional. La iniciativa busca otorgar seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos, además de evitar diferencias regulatorias entre municipios.

La propuesta también apunta a acompañar el crecimiento de la economía digital en Paraguay, reconociendo que miles de personas obtienen ingresos mediante plataformas bajo modalidades de trabajo flexible e independiente, promoviendo al mismo tiempo la formalización del sector.

Entre los principales ejes del proyecto figura el fortalecimiento de la seguridad mediante la verificación de identidad de conductores y usuarios, la creación de un Registro Nacional de Prestadores de Servicios, mecanismos de denuncias y reclamos, protección de datos personales, protocolos de emergencia y políticas de no discriminación.

Además, la iniciativa contempla la conformación de un Grupo de Trabajo Permanente integrado por representantes del Estado, las empresas y los prestadores de servicios, con el objetivo de evaluar la evolución del sector, proponer mejoras regulatorias y buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica, la seguridad y la protección de los usuarios y trabajadores.