El jurista español Aitor Martínez Jiménez, de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICP), en entrevista con Radio Ñanduti celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver a los once campesinos e indicó que después de 6 años de lucha “por fin la justicia se ha abierto camino”.

A su criterio, ésta era “la única salida posible” para el caso, sobre todo atendiendo a las que definió como “aberraciones judiciales” que habrían sido cometidas a lo largo del proceso judicial.

“Más tarde o más temprano, ya sea en primera o segunda instancia o en casación, este caso se tenía que caer porque no había por dónde sostenerlo”, afirmó Martínez Jiménez a la 1020 AM.

El letrado manifestó que desde el primer momento se pudo observar que se trató de una cuestión política debido a que fue la principal causal del juicio político al expresidente Fernando Lugo en el año 2012. Además, considera que ya se había contaminado desde el mismo día en el que retiraron a la fiscal original del caso y se lo dieron unilateralmente a Jalil Rachid.

Sostuvo que con la condena se logró dañar la imagen y la honorabilidad de los 11 campesinos que habían sido acusados y condenados por el caso Curuguaty, sobre todo por los años en los que estuvieron privados de su libertad. “Espero que ahora la justicia paraguaya indemnice a estas personas por las gravísimas irregularidades que se han cometido contra ellos”, agregó.

A su criterio, se le concedió el caso a Jalil Rachid “para que dibujara una investigación” que tenía por objetivo “cerrar la causa penal de acuerdo a cómo se había cerrado el juicio político”. Asimismo, cuestionó la actuación del citado fiscal por todas las irregularidades y desprolijidades que fueron cometidas a lo largo del proceso. “Creo que con un poco de humildad debería entonar un mea culpa y salir a pedir perdón por lo que ha hecho”, manifestó el abogado español.

El mismo afirmó que aún existe impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en aquel operativo que tuvo lugar en junio del año 2012 en una finca perteneciente a la firma Campos Morombí S.A. y pidió que el Poder Judicial investigue a los jueces que estuvieron en las anteriores instancias para dilucidar si es que incurrieron o no en un prevaricato.

Un equipo dirigido por el abogado Aitor Martínez Jiménez había presentado en octubre del año 2012 una pormenorizada investigación sobre la masacre en Curuguaty. El informe, a través de diversas pruebas y argumentaciones técnicas, desacreditaba la acusación del Ministerio Público.

Este jurista español, junto a los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, llegó a presentar en marzo de 2014 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que, entre otras cosas, exigía al Estado paraguayo investigar las detenciones arbitrarias y las presuntas torturas.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte, lamenta que en medio de una mesa de trabajo instalada, igualmente uno de los gremios de transporte, específicamente CETRAPAM, presione para forzar una situación “absolutamente absurda” como duplicar el subsidio cuál es la pretensión de este grupo empresarial.

“Medidas como el paro del servicio anunciado por este gremio no construyen un sistema de transporte acorde a las necesidades de los ciudadanos; por el contrario, impiden avanzar con las acciones impulsadas”, refiere el comunicado del MOPC.

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No obstante, la cartera estatal sostiene que se llevarán adelante todos los mecanismos correspondientes para seguir mejorando el servicio público.

“Rechazamos el paro de buses y garantizamos a los pasajeros seguir trabajando por la reforma del sistema de transporte de manera a brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad. Seguiremos trabajando con compromiso, seriedad y responsabilidad. El MOPC se ratifica en que el diálogo es el camino a seguir para el beneficio de la ciudadanía”, agrega el pronunciamiento.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

En la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Defensa Nacional, Oscar González, se refirió a los avances tras la instalación de una «Sub Área de Pacificación» de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el departamento de Canindeyú, en relación a las respuestas a las necesidades de seguridad

Señaló que de esta extensión jurisdiccional del CODI-FTC, inicialmente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, ahora se proyecta llevarlos al sur del país.

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Destacó también el fortalecimiento de las fuerzas armadas, uno de los objetivos del Gobierno, para la lucha contra el crimen organizado y garantizar la seguridad interna.

A esto se suma el proyecto de aumentar la inversión para las fuerzas de seguridad, tanto policías como militares, con una inversión de Itaipú de US$ 90 millones por los próximos tres años.

El hecho ocurrió cerca de las 18:00 hs de este lunes y el conductor fue identificado como Ángel Castillo, quien salió ileso del percance.

De acuerdo al reporte policial, el tractocamión había pasado por el peaje, pero minutos después el semirremolque rosó por una de las casetas, que terminó desplomándose.

Se convocó a personal de la patrulla Caminera quien practicó la prueba de alcotest al conductor, arrojando como resultado negativo 0,00mg/l.

Afortunadamente, ningún funcionario del puesto resultó herido, solo daños en la estructura.

El fiscal Luis Albertini dispuso que el tractocamión con su conductor sean liberado ya que ambas partes cuentan con seguro.