El fiscal Miguel Ángel Alvarenga presentó imputación contra 5 padres de familia que se negaron a cumplir con la obligación de proporcionar asistencia alimentaria a sus hijos, a pesar de las resoluciones judiciales que los obligaban a hacerlo.

Los sindicados enfrentan cargos por incumplimiento del deber legal alimentario y quedaron a disposición del Juzgado de Garantías.

Según las imputaciones, los encausados debían realizar depósitos específicos en cuentas judiciales habilitadas en el Banco Nacional de Fomento (BNF), de acuerdo con las resoluciones emitidas por diferentes Juzgados de la Niñez y Adolescencia.

Al no cumplir con estas disposiciones, fueron denunciados ante el Ministerio Público.

Entre los procesados se encuentra B.A.B., quien solo realizó un depósito de G. 200.000 a favor de su hijo y adeuda G.15.000.000. Según la sentencia definitiva del 7 de julio de 2022 del Juzgado de la Niñez, debía realizar depósitos mensuales de G. 800.000.

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Por su parte, R.C.P. tenía la obligación de brindar una asistencia mensual de G. 600.000 a su hija, según la sentencia del Juzgado de la Niñez del 17 de marzo de 2022. Hasta la fecha de la imputación, acumula una deuda de G. 6.058.000.

E.M.O. estaba obligado a realizar depósitos mensuales de G. 350.000 en beneficio de su hijo, según la resolución emitida por el Juzgado del 17 de mayo de 2022. Sin embargo, nunca cumplió con la orden judicial, acumulando una deuda de G. 5.600.000 al momento del inicio del proceso.

Por otro lado, W.C.G. debía contribuir con una pensión alimentaria de G. 572.000, según la sentencia judicial del 21 de diciembre de 2021. Aunque cumplió parcialmente, aún adeuda la cantidad de G.8.768.000.

Finalmente, E.H.F. debía aportar una suma de G. 1.100.000 mensuales en apoyo de sus dos hijos menores, conforme a la resolución judicial del 28 de octubre de 2021. Pero, el sindicado nunca realizó los depósitos correspondientes, acumulando una deuda de G. 22.000.000.

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Los nombres completos de los imputados se omiten de acuerdo con el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe divulgar información que pueda identificar a menores víctimas o autores de hechos punibles.

La decisión fue adoptada tras analizar en detalle el preacuerdo alcanzado previamente entre las autoridades del Ministerio de Salud Pública y los representantes gremiales.

Durante la jornada, los profesionales de la salud evaluaron los compromisos asumidos por el Ejecutivo y consideraron que las respuestas satisfacen las demandas prioritarias exigidas por el sector.

El acuerdo al que llegaron con el Gobierno establece que todos los médicos tendrán un reajuste de G. 2 millones en el salario mínimo. Esto se aplicará a cada vínculo o contrato. El aumento se aplicará de manera gradual en el 2027: G. 500.000 en abril, G. 500.000 en julio y G. 1.000.000 en diciembre, con lo cual se completarán los G. 2 millones.

Con la ratificación de este convenio, el gremio médico garantiza la continuidad y regularidad en la atención de los servicios sanitarios en todo el país, evitando la paralización programada para la próxima semana.

Ambas partes acordaron conformar mesas de trabajo continuas para supervisar el cumplimiento progresivo de los puntos pactados en el documento.

El reajuste salarial para los docentes se ejecutará de forma escalonada en dos etapas durante 2027: un primer tramo del 2,4% a partir de enero y el 2,6% restante a partir de julio, representando una inversión estimada de USD 47 millones.

A este desembolso se sumarán USD 9 millones destinados al escalafón docente y una partida de G. 40.000 millones para saldar obligaciones pendientes del Ministerio de Educación y Ciencias con el Instituto de Previsión Social originadas en 2015.

Las medidas de compensación económica también prevén la inyección de G. 35.000 millones orientados a cubrir la contratación de nuevos profesionales y responder a la demanda generada por el crecimiento natural del sistema educativo público.

Todas estas asignaciones financieras serán contempladas de manera formal dentro del proyecto del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, consolidando las exigencias presupuestarias concertadas en las reuniones sectoriales.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, explicó que el acuerdo fija un cronograma estricto para estructurar la carrera docente mediante evaluaciones, capacitación constante y parámetros de desarrollo profesional, comenzando los trabajos técnicos en el último trimestre de 2026 para concluir la fase de diseño durante el primer semestre de 2027.

Las organizaciones gremiales confirmaron que continuarán participando de las mesas técnicas convocadas para definir los criterios definitivos del escalafón y la carrera meritocrática.

La diplomática paraguaya oficializó su representación en Washington D. C. durante un acto protocolar llevado a cabo en la Casa Blanca.

En la ocasión, entregó al presidente estadounidense Donald J. Trump las cartas credenciales que la acreditan de manera formal al frente de la delegación diplomática paraguaya.

En el marco del encuentro, la embajadora Laterza ratificó el compromiso del Gobierno nacional de fortalecer e impulsar la agenda de trabajo bilateral.

Durante el diálogo con el jefe de Estado norteamericano, subrayó la importancia de profundizar los lazos históricos y abrir nuevas oportunidades de cooperación e intercambio en beneficio de ambos países, al tiempo que transmitió los saludos del presidente de la República, Santiago Peña, e igualmente del pueblo paraguayo.

Por su parte, el presidente Donald Trump ofreció sus augurios de éxito a la nueva representante paraguaya al inicio de su gestión en la capital estadounidense.

Además, el mandatario norteamericano reafirmó su voluntad política de dar continuidad al estrecho vínculo entre ambas naciones y de articular esfuerzos en áreas prioritarias y de interés común dentro de la relación bilateral.