De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía del estado de Nueva Jersey, el FBI arrestó a Tarragó y Va “después de que llegaran (al aeropuerto de) Newark en el marco de sus actividades ilegales para el blanqueo de capital”.

La nota de la Fiscalía indicó que también ha sido imputado Rodrigo Alvarenga Paredes -quien se encuentra en Paraguay- por “conspiración para blanquear dinero”.

La legislación estadounidense determina una pena máxima de 20 años de prisión por lavado de dinero y una multa de hasta 500.000 dólares.

“Tarragó, una exlegisladora de Paraguay, se ofreció descaradamente a lavar el producto del tráfico internacional de drogas e incluso llegó al extremo de ofrecer traficar con cocaína ella misma”, aseguró el fiscal Craig Carpenito, citado en la nota.

La Fiscalía asegura que Tarragó, de 40 años, y que recientemente mostró su intención de presentarse a las elecciones para la intendencia de Asunción, aceptó, junto a su marido, recibir 2 millones de dólares de dos agentes encubiertos que se presentaron como narcotraficantes.

“Creyendo que el dinero provenía del tráfico ilegal de narcóticos, blanquearon los fondos a través de una red internacional de cuentas para disfrazar su origen ilegal”, apunta la nota.

El comunicado precisa que los sospechosos aceptaron 800.000 dólares ofrecidos como señuelo y que viajaron en múltiples ocasiones a Florida y Nueva Jersey para lavar los fondos y posteriormente enviarlos a una cuenta de los falsos traficantes.

“En múltiples ocasiones durante las reuniones de Tarragó y Va con los supuestos traficantes de drogas, Tarragó les ofreció ayuda para procurarles grandes cantidades de cocaína desde Paraguay a un precio muy bajo”, agregó el escrito.

La Fiscalía explicó que la operación encubierta se llevó a cabo como parte de una investigación de una red de blanqueo de dinero, durante la que se destapó que Alvarenga, que trabaja en una compañía de cambio de divisas en Paraguay, coordinaba el lavado de dinero que le proveían Tarragó y Va.

En el transcurso de este lunes se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona boscosa del barrio Chaipé de Encarnación, en el departamento de Itapúa.

Un poblador de la zona que se encontraba en busca de remedios yuyos se topó con el cadáver durante su recorrido, dando aviso a la Policía Nacional.

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Posteriormente, se pudo confirmar plenamente la identidad de la persona fallecida. Se trata de María Araujo Ruiz Díaz, de 23 años, quien residía a unas cuatro cuadras del lugar del hallazgo.

Esta joven se encontraba con paradero desconocido desde el pasado martes, día en que fue vista por última vez con vida. Al perder todo contacto con ella, sus padres formalizaron la denuncia ante la Comisaría 114ª.

La inspección por parte del médico forense determinó que no existen rastros de violencia en el cuerpo. La causa de muerte sería una asfixia por ahorcamiento, de acuerdo al informe.

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La Fiscalía ya abrió una investigación por este caso, a cargo del agente fiscal Ever Williams, con el fin de determinar las circunstancias del deceso de la joven.

Como una de las primeras diligencias, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de la pareja sentimental de Araujo. Allí se incautaron una serie de elementos que serán sometidos a pericia.

“La cesión es el único método que tenemos para bajar la deuda”, afirmó a ABC TV Édgar Villalba, presidente de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (CRIPFA).

La deuda que arrastra el Ministerio de Salud asciende a USD 1.000 millones. Mediante la cesión de derechos de cobro, se podrán financiar USD 360 millones, a tres años de plazo, lo cual amortiguará en cierta medida la cifra total.

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Al aceptar el denominado “factoraje” propuesto por el gobierno, las farmacéuticas indefectiblemente deberán asumir también los intereses acumulados, indicó Villalba, ya que no tienen otra alternativa en estos momentos.

“El único problema de la cesión es que solamente entra el objeto 350 que son medicamentos. No entran diálisis, recursos de amparo o servicios”, lamentó.

A raíz de esta limitación, varias firmas proveedoras quedarían fuera del mecanismo ofrecido por el gobierno para zanjar las deudas acumuladas, según el titular de CRIPFA.

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Para finales de año, la deuda podría quedar en alrededor de USD 500 millones, correspondiente al período 2025, siempre y cuando el plan de pagos se cumpla a cabalidad.

Si bien el Estado desembolsa USD 40 millones de forma mensual para pagar a las farmacéuticas, ello sigue siendo insuficiente, admitió. “Están cumpliendo en cierta forma, pero no alcanza por la deuda total”.

Durante la presentación oficial de los bibliobuses del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia “Semillas del Futuro”, en el litoral del Palacio de López, el presidente Peña conversó con los periodistas.

Ante la pregunta de si implementarán alguna medida urgente ante la falta de presupuesto para la compra de medicamentos en IPS, contestó que no, pero comentó que ayer mantuvo muy buena conversación con el presidente, Isaías Fretes.

“Hay novedades bastante auspiciosas; estamos trabajando en esto. Les puedo asegurar que no estamos de brazos cruzados. El doctor Fretes y su equipo están haciendo un trabajo extraordinario”, recalcó.

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Señaló que un problema de décadas no se puede solucionar en cuatro o cinco meses; por lo tanto, el trabajo de mejoramiento llevará su tiempo a través de las decisiones tomadas a diario.

Dijo sentirse muy entusiasmado con los cambios que se están implementando y, principalmente, con el trabajo en terreno, pues el doctor Fretes continúa recorriendo los hospitales del IPS.

Respecto a la situación financiera actual del IPS, Peña informó que la buena noticia es el aumento en la cantidad de cotizantes, con 100.000 nuevos aportantes solamente en el último año.

En cuanto a la deuda del Estado con el IPS, el presidente respondió que ese monto está en discusión desde la creación del instituto por ley. No contestó si había un plan para comenzar a pagar.

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