No obstante, aclaró que todavía no vio la carpeta fiscal. Victoria Acuña imputó al contralor general, Óscar Velázquez y a la subcontralora, Nancy Torreblanca, por estafa y cobro indebido de honorarios.

También fueron imputados la “secretaria vip” Liz Paola Duarte, la auditora Celia Cardozo Ríos, los funcionarios Myriam Raquel Bogado, Horacio Coelho de Souza, Reinaldo Gadea Mongelós (sobrino del contralor), Javier Pereira Paredes y Alicia Acevedo González.

“Creo que la fiscal tiene una gran confusión cuando determina la responsabilidad penal del contralor por no controlar las fichas de asistencias”, dijo el abogado de Óscar Velázquez. “Existen estamentos de control, las direcciones de control y las jefaturas de control, la Fiscalía debería investigar en base a esos puntos”, alega el defensor.

“La Fiscalía determina la lesión de confianza por una mala aplicación o mala asignación. Las asignaciones que hizo el contralor, siempre fueron dentro de lo que estipulan las normas administrativas”, resumió el letrado.

El acta de imputación dice que la secretaria “VIP” rercibió multimillonarios cobros por presuntas horas extras, en violación a normas legales. Además menciona que las tarjetas de control de ingreso y salida de la institución fueron marcadas por la asistente del contralor a pesar de estar de vacaciones y en el exterior.

El decreto establece las pautas generales y describe los mecanismos, las metodologías y herramientas esenciales para la programación presupuestaria de todas las entidades del sector público.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que, los plazos para la carga de los respectivos anteproyectos quedan definidos de la siguiente manera: el Anteproyecto de Presupuesto 2025 hasta el 27 de junio de 2024; y el Presupuesto Plurianual 2025–2027 hasta el 22 de julio de 2024.

Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el proceso de elaboración de los anteproyectos de presupuesto deberán asignar los recursos para satisfacer las necesidades de la población, enfocándose en el logro de metas y resultados tangibles que beneficien a la sociedad.

Las entidades deberán planificar la adquisición de bienes y servicios que cumplan con los requerimientos para el cumplimiento de sus fines misionales y reflejar en el anteproyecto los requerimientos financieros para el efecto.

El gasto público debe mantenerse coherente con la capacidad de generación de recursos fiscales, en un contexto de racionalidad y austeridad en el uso de los recursos disponibles.

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“Desde la dirección de la Policía Municipal de Tránsito se prevé un plan de contingencia por los días de lluvia”, refiere el comunicado.

La medida es adoptada ante los inconvenientes registrados en las últimas lluvias, donde los semáforos quedaron fuera de funcionamiento y algunas calles fueron inundadas.

La alerta meteorológica es por el ingreso de sistema de tormentas es para la Región Oriental y sur de la Región Occidental, desde este miércoles 1 al viernes 3 de mayo.

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Los departamentos afectados son: Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Central, Cordillera, Caaguazú, Guairá, Paraguarí, Caazapá, Alto Paraná, Presidente Hayes, Boquerón, San Pedro, Canindeyú y Concepción, además de la ciudad de Asunción.

El boletín refiere que se esperan lluvias con acumulados de entre 50 y 80 mm por día, con ráfagas de viento en torno a los 120 km/h.

Existe además una alta probabilidad de ocurrencia de granizo. Se espera que las condiciones climáticas tengan mejoras parciales con el correr de los días.

Morales refirió que no están en contra de competir con estas plataformas, pero exigen igualdad de condiciones para la competencia sea justa.

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En conversación con la radio 1020 AM, aseguró que ellos abonan impuestos a la Municipalidad para el traslado de personas, pero Bolt y Uber no y compiten en la misma situación.

“Es evidente el favoritismo. Hay normativas que les favorecen. Son fáciles de desmontar las argumentaciones de las aplicaciones. Nosotros solo exigimos igualdad de condiciones para poder competir y en quién confía más la ciudadanía”, expresó el presidente de la APTA.

Marcos Morales aseguró que van a exigir a las autoridades municipales el respeto a sus derechos y que cobren el impuesto a las plataformas para que se adhieran a las leyes y dejen de trabajar de forma informal.

“A estas aplicaciones les metés las mismas aplicaciones tributarias y no van a aguantar, como las dos inspecciones técnicas vehiculares al año. La tasa de inspección, el registro profesional, etc. Está a flor de piel la diferencia”, sostuvo.

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